Constructora Ochoa, propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León, contratista del Estado, se comprometió a finalizar el proyecto de electrificación en el caserío Chupel, Baja Verapaz, a mediados de septiembre de 2025, según la información que surgió en una reunión celebrada recientemente en el Congreso de la República.
Dicha citación fue convocada por la diputada Marleni Matías, representante de dicho departamento y quien pertenece al bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En esta participaron representantes de la constructora, del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y pobladores de este caserío, perteneciente al municipio de San Miguel Chicaj.
El pasado 24 de agosto, La Hora publicó un artículo en el que dio a conocer que el proyecto estaba abandonado desde hace casi un año, y que nadie daba con el paradero de algún representante de la constructora. También se contó que la empresa había contratado a los pobladores de Chupel, pero no les había pagado sus jornales.
La reunión concluyó en buenos términos, según dio a conocer la legisladora. Los acuerdos incluyeron que Constructora Ochoa se comprometió a retomar los trabajos este 1 de septiembre y a finalizar, el 15 por ciento (%) que le resta al proyecto, ese mismo mes.
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En la nota que publicó este medio hace poco, también se dio a conocer que el proyecto fue adjudicado por Q2.4 millones, en mayo de 2023, y que, desde el año pasado, se les dio dos desembolsos que sumaron Q2.1 millones, el 88% del total del contrato.
Pero, pese a los pagos, la empresa no terminaba el proyecto. En la reunión sostenida en el Congreso, representantes de esta atribuyeron el retraso a que el INDE no les ha terminado de pagar otros tres proyectos que, aseguran, ya están terminados, aunque no tienen ninguna relación con el de Chupel, puesto que se trata de diferentes procesos de contratación.
Uno de los supervisores culpó a la «administración pasada» del INDE que «atrasó todos los procesos» lo que los ha dejado «casi sin dinero».
Las autoridades del INDE que asistieron a la cita explicaron que se han detectado problemas que han impedido que se finiquite «una serie de obras», pero que «ya se definió un plan de trabajo que incluye Chupel», este implica la reactivación de los trabajos para que se finalicen lo antes posible.
No obstante, reconocieron que, una vez finalizado el proyecto, habrá que esperar más tiempo para la instalación de equipos en las casas (lo que se entiende ya está) que debe estar a cargo de los hogares, y las conexiones y energización final, que tiene que hacer Energuate, la empresa que provee de electricidad en esa zona.
SE COMPROMETEN SIN CONOCER
En la reunión, la legisladora recordó que la empresa ha solicitado cuatro prórrogas del contrato, que suman 280 días, por factores que van desde la falta de existencia de postes, difícil acceso al caserío hasta factores climáticos.
En ese sentido, cuestionó el que muchas veces las empresas participan en eventos de infraestructura, postulan y envían oferta sin siquiera conocer las condiciones en las que se encuentra el área donde tienen que trabajar.
«Siempre les he dicho —a las empresas— que por favor los que tengan interés de ofertar proyectos vayan a visitar el lugar porque les aseguro un 100% que no fueron a ver y cuando conocieron Chupel, se arrepintieron», exclamó Matías, al mismo tiempo de lamentar que las comunidades «con más necesidades» se haya quedado sin el servicio de electricidad por mucho tiempo.
El caserío Chupel queda entre montañas de escasa vegetación, clásico de esa región de país, está en una especie de agujero, donde tampoco hay señal de celular. Hasta hace poco llegar era casi imposible, solo se podía a pie. Hace pocos años la comuna construyó un camino de terracería donde ya transitan vehículos.
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CONTRATISTA CUESTIONADO
Llevar electricidad a esta comunidad fue uno de los objetivos (supuestamente) del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que en enero de 2021 subió un evento de licitación para la electrificación rural en varias aldeas y caseríos de esa región.
En mayo de ese año se adjudicó el contrato a Constructora Ochoa, propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León, firma tristemente involucrada en otras contrataciones de las cuales, al menos una, fue denunciada por las actuales autoridades del INDE, en 2024, por participar en procesos de licitación con sospechas de corrupción.
Cuando recibió estas adjudicaciones, ya formaba parte del Consejo Directivo del INDE, Melvin Quijivix, representando a la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Puesto que consiguió, según denuncias del actual Gobierno, gracias a una plaza fantasma.
En octubre de 2022, Constructora Ochoa ganó la licitación de este y otros seis proyectos de electrificación rural que en total le representaron poco más de Q30 millones. De estos contratos, de acuerdo con información de Guatecompras, el INDE terminó pagándole Q40 millones.
El proyecto de Chupel, como tal, fue adjudicado por un monto de Q2.4 millones. Aunque la adjudicación fue en 2022, el contrato se firmó hasta febrero de 2023. El proyecto debió ser finalizado, según el contrato, 110 días hábiles después de que el contratista recibiera copia de este. Es decir, la obra debió ser terminada a mediados de agosto de 2023.
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SOLVENTAN DEUDAS
Aparte del retraso en la ejecución del proyecto, La Hora conoció, por medio de Salvador Sis, líder comunitario, que, hasta hace poco, la empresa les adeudaba más de Q100 mil a unos 174 pobladores de Chupel a quienes contrató verbalmente para trasladar postes y otro equipo hasta el caserío y por cavar los agujeros e instalar las estructuras.
Consultado de nuevo por este medio, Sis refirió que la deuda ya fue saldada a raíz de la publicación de este medio.
Aseguró que el avance físico del proyecto fue posible gracias a la mano de obra que ellos prestaron. «El contratista primero llegó y trabajó un plan, pero dejó tirados los materiales, postes, cables y transformadores a la orilla de la carretera», comentó, cuando aún no habían recibido el pago.
El comunitario narró que ellos, empujados por el entusiasmo de contar con energía eléctrica, entre todos cargaron los 104 postes y el resto del equipo por peligrosas montañas y veredas para llevarlos hasta la comunidad, donde los almacenaron para que el clima no los deteriorara.
«Luego los entramos a la casa, los guardamos y cuidamos… ellos —el contratista— estaban agradecidos por eso que hicimos», recordó Sis.
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SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Constructora Ochoa fue denunciada en 2024 por incumplimiento de un contrato para la construcción de un sistema de captación de energía solar en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
De acuerdo con la denuncia, la empresa forma parte de un grupo de constructoras a las cuales se le adjudicaron millonarios contratos, se les desembolsaron millones en concepto de anticipos y a la fecha muestran un avance de 0%.
Puntualmente, el contrato denunciado por incumplimiento es el relacionado con la «construcción del sistema fotovoltaico (paneles solares) Guacalate, en la cabecera de Escuintla.
El proyecto inició el 29 de mayo de 2023 y se suponía que sería entregado un año más tarde. Autoridades del INDE dieron a conocer que por este se desembolsaron Q9.4 millones.
El último informe de avances que registra el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), al 31 de mayo de 2024, detalla que la obra presenta apenas una ejecución del 0.1%. De 82 rubros en que consiste el proyecto solo muestra avance en la limpieza del terreno.
Sin embargo, los antecedentes no han impedido que la constructora continúe recibiendo contratos millonarios por parte de las municipalidades. Este año, hasta julio pasado, le habían adjudicado 16 contratos por Q32 millones 451 mil, de las cuales casi el 60 por ciento (%), Q18 millones 868 mil, provienen de la comuna de San Juan Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala.
El mantenimiento o remozamiento de caminos rurales son de los proyectos más permeables a la corrupción, según analistas, debido a la gran cantidad que se adjudican año con año, por lo lejano de muchos de ellos y por las limitadas capacidades de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar ese tipo de contratos.
