En febrero de 2024, Salvador Sis y un grupo de 174 pobladores de Chupel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, trabajaron duramente en el traslado de 104 postes de electricidad, cables y transformadores, para su caserío.
Con mucha diligencia y entusiasmo, los comunitarios también cavaron los agujeros donde colocaron los postes, soñaban con que —por fin— tendrían energía eléctrica en una comunidad tan lejana como olvidada, en los límites de Baja Verapaz con Tactic y Santa Cruz Verapaz, en Alta Verapaz, que queda a de dos horas en vehículo desde el centro de San Miguel Chicaj.
El caserío queda entre montañas de escasa vegetación, clásico de esa región de país, está en una especie de agujero, donde tampoco hay señal de celular. Hasta hace poco llegar era casi imposible, solo se podía a pie. Hace pocos años la comuna construyó un camino de terracería donde ya transitan vehículos.
Llevar electricidad a esta comunidad fue uno de los objetivos (supuestamente) del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que en enero de 2021 subió un evento de licitación para la electrificación rural en varias aldeas y caseríos de esa región.
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En mayo de ese año se adjudicó el contrato a Constructora Ochoa, propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León, firma tristemente involucrada en otras contrataciones de las cuales, al menos una, fue denunciada por las actuales autoridades del INDE, en 2024, por participar en procesos de licitación con serias sospechas de corrupción.
Para esa fecha, ya formaba parte del Consejo Directivo del INDE, Melvin Quijivix, representando a la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Puesto que consiguió, según denuncias del actual Gobierno, gracias a una plaza fantasma.
En octubre de 2022, Constructora Ochoa ganó la licitación de este y otros seis proyectos de electrificación rural que en total le representaron poco más de Q30 millones. De estos contratos, de acuerdo con información de Guatecompras, el INDE terminó pagándole Q40 millones.
El proyecto de Chupel, como tal, fue adjudicado por un monto de Q2.4 millones. Aunque la adjudicación fue en 2022, el contrato se firmó hasta febrero de 2023. El proyecto debió ser finalizado, según el contrato, 110 días hábiles después de que el contratista recibiera copia de este. Es decir, la obra debió ser terminada a mediados de agosto de 2023.
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Pero, la firma ha pedido una serie de prórrogas desde entonces, la más reciente el 30 de abril de 2025, que fue autorizada por el gerente interino de Electrificación Rural y Obras, Elmar Raúl Méndez. El Aval lo otorgó luego de revisar el «informe técnico de prórroga» que fue firmado por Edwin Romeo Ochoa Paredes, supervisor del contrato.
La Hora revisó en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) los pagos que esta constructora recibió por la firma de este contrato y constató que le aparecen dos, en 2024, que suman Q2.1 millones.
El monto del pago equivale al 87% del proyecto. El último «informe de avance de obras» que se encuentra en Guatecompras detalla seis rubros de trabajo: colocación de postes, anclaje, vestidura de estructuras, tendido de conductores, componentes de protección, instalación de transformadores y trabajos complementarios. Supuestamente, el promedio de ejecución es del 85%.
Los pobladores afirman que todas las familias del caserío han equipado sus casas para que la luz sea instalada, pero de momento les ha tocado esperar más de la cuenta.
NO LES PAGAN LOS JORNALES
Los comunitarios de Chupel reclaman que la empresa dejó el proyecto tirado y desde hace meses que no saben qué pasó con el contratista, el señor Ochoa de León. En principio se comunicó con ellos y les ofreció el pago de 4 días de trabajo para 174 personas —unos Q600 cada uno— de la comunidad, más otros gastos, pero desde el año pasado se esfumó.
Sis asegura que el avance físico del proyecto fue posible por la mano de obra que ellos prestaron. «El contratista primero llegó y trabajó un plan, pero dejó tirados los materiales, postes, cables y transformadores a la orilla de la carretera», comenta el entrevistado.
Narra que ellos, empujados por el entusiasmo de contar con energía eléctrica, entre todos cargaron los 104 postes y el resto del equipo por peligrosas montañas y veredas para llevarlos hasta la comunidad, donde los almacenaron para que el clima no los deteriorara.
«Luego los entramos a la casa, los guardamos y cuidamos… ellos —el contratista— estaban agradecidos por eso que hicimos y nos dijeron que nos iban a pagar, pero hasta el momento no nos han dado nada», lamentó.
Explicó que Ochoa de León les pidió que les «echáramos la mano» y quedó «bien agradecido» por la labor que hicieron los pobladores de Chupel. Aparte de la mano de obra, también le dieron hospedaje y alimentación a los cuatro delegados de la empresa que llegaron a coordinar la instalación.
«Nosotros los atendimos bien, bien, a los que llegaron de la empresa, y el señor Samuel —Ochoa de León— dijo que hasta los alimentos nos lo iban a pagar, pero se desaparecieron y no volvimos a saber nada de ellos, la gente está desesperada porque hicimos el trabajo, no se ve esperanza de que haya luz y encima de eso no nos pagaron», se lamentó Sis.
En la Constructora se comprometió a pagar Q150 por jornal laborado. En total, fueron cuatro días por 174 personas, a esto se les añaden los gastos de alimentación y hospedaje. En total, la deuda rebasa los Q100 mil. Esta suma no es ni el 5% de los Q2.1 millones que ya recibió en pagos la empresa.
ES UNA «DESGRACIA»
La diputada Marleni Matías, representante de Baja Verapaz, ha seguido el proyecto y también dijo estar preocupada por el abandono de la obra y la deuda que mantiene Constructora Ochoa con los comunitarios de Chupel.
En una citación el pasado 12 de agosto con funcionarios del INDE dijo que «la empresa dejó abandonado el proyecto, prácticamente, desde hace un año». Al mismo tiempo, señaló que los pobladores de la comunidad «hicieron el trabajo más complejo y rudo» y que para pagarles, incluso, la constructora pidió la intermediación de la diputada.
Al final, el INDE les pagó las estimaciones y ya no se les volvió a ver. «Ochoa cobró y luego se hizo de la vista gorda y no le pagó a la gente», señaló la legisladora. «Por todo lo que ha hecho Ochoa, me preocupa, porque ahí está sindicado… tienen cosas y ahí estamos nosotros incluidos», subrayó.
«Qué desgracia que lo que tanto nos ha costado gestionar y logramos, no se pueda culminar. Se le dio todo el apoyo a la empresa y los pobladores se preguntan qué pasó, si se robaron el dinero o qué», añadió.
Matías explicó que la empresa le enviaba fotos del proyecto ya finalizado, pero los pobladores lo desmentían. «Yo le advertí que dejara de decir mentiras porque lo iba a denunciar», dijo Matías.
DENUNCIA
Constructora Ochoa fue denunciada en 2024 por incumplimiento de un contrato para la construcción de un sistema de captación de energía solar en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
De acuerdo con la denuncia, la empresa forma parte de un grupo de constructoras a las cuales se le adjudicaron millonarios contratos, se les desembolsaron millones en concepto de anticipos y a la fecha muestran un avance de 0%.
Puntualmente, el contrato denunciado por incumplimiento es el relacionado con la «construcción del sistema fotovoltaico (paneles solares) Guacalate, en la cabecera de Escuintla.
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El proyecto inició el 29 de mayo de 2023 y se suponía que sería entregado un año más tarde. Autoridades del INDE dieron a conocer que por este se desembolsaron Q9.4 millones.
El último informe de avances que registra el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), al 31 de mayo de 2024, detalla que la obra presenta apenas una ejecución del 0.1%. De 82 rubros en que consiste el proyecto solo muestra avance en la limpieza del terreno.
Sin embargo, los antecedentes no han impedido que la constructora continúe recibiendo contratos millonarios por parte de las municipalidades. Este año, hasta julio pasado, le habían adjudicado 16 contratos por Q32 millones 451 mil, de las cuales casi el 60 por ciento (%), Q18 millones 868 mil, provienen de la comuna de San Juan Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala.
El mantenimiento o remozamiento de caminos rurales son de los proyectos más permeables a la corrupción, según analistas, debido a la gran cantidad que se adjudican año con año, por lo lejano de muchos de ellos y por las limitadas capacidades de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar ese tipo de contratos.
Fue imposible contactar a Constructora Ochoa para consultarle qué pasaría con el proyecto, por qué tantas solicitudes de prórroga y conocer cuándo se le pagará lo que se debe a los 174 pobladores.
En Guatecompras no tiene ningún número de teléfono o correo electrónico. Tampoco fue posible ubicar alguna página de internet o cuenta en redes sociales. De igual forma se le llamó a un número de celular donde los pobladores intentaban localizarlo, pero nadie contesta.
