Cuatro empresas aspiran ampliar a 4 carriles la ruta al Atlántico, clave para Guatemala

La ampliación a cuatro carriles de la carretera al Atlántico (CA9-Norte), del tramo que va de El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, hasta Teculután, Zacapa, continúa su curso.

Recientemente, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) divulgó un listado de cuatro propuestas de precalificación, que recibieron el pasado 14 de julio de un mismo número  de constructoras. El proceso se lanzó a finales de mayo pasado.

Dos de las empresas entregaron una propuesta conjunta y a la vez presentaron una por aparte, cada una de ellas. Las que cumplan con todos los requisitos de precalificación podrán participar en el proceso de licitación que lanzará la Dirección General de Caminos, probablemente, en agosto.

La ampliación de la carretera es una demanda recurrente de automovilistas y transportistas, puesto que la ruta es de las más utilizadas por el transporte de carga ya que conduce hacia Puerto Barrios, Izabal.

Actualmente, es de cuatro carriles hasta El Rancho, esta ampliación tardó varios años y contó con el apoyo del Gobierno de Taiwán. Después de que los cuatro carriles lleguen hasta Teculután, hay planes para ampliarla, primero hasta Mayuelas, Zacapa, y luego hasta Izabal.

Por de pronto, las autoridades estiman que la ampliación del segundo tramo podría iniciar a comienzos de 2026. Inicialmente, el CIV había informado a La Hora que la ampliación podría dar inicio en diciembre, pero —al parecer— el proyecto ya comienza a sufrir atrasos.

El plazo para entregar propuestas de precalificación venció el 14 de julio y fueron presentadas por las siguientes empresas:

• Consorcio Vías Terrestres del Atlántico, conformado por Constructora Codico, S. A. de Guatemala e ICA, Constructora, S. A. de C. V. de México.
• ICA Constructora, S. A. de C. V., de México,
• Supra Construcciones, S. A. de C. V., de México; y,
• Grupo Muratori, S. A., de Guatemala.

 

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El Comité de Evaluación recibió otra propuesta más para precalificación, integrada por las empresas Contratista General América Latina, S. A. de C. V.  y Constructora Roza; sin embargo, fue rechazada porque llegó a las 15.22 y el horario límite se estableció a las 15.15.

LOS PASOS QUE SIGUEN

La oficina de Comunicación del CIV destacó que, tanto los procesos de precalificación para la construcción de la obra como de la supervisión aún están abiertos y se declararán cerrados cuando el Comité de Precalificación establezca qué empresas cumplen con «todos los requisitos».

El titular del CIV, Miguel Ángel Díaz, dijo el pasado 31 de julio, en una citación en el Congreso, que en la segunda quincena de agosto podrían publicar las bases de licitación para el proyecto para las empresas que resulten precalificadas. «Estamos a un paso» de publicar el evento, subrayó el funcionario en la licitación.

Añadió que ya trabajan en el proceso de ampliar el siguiente tramo, de Teculután a Mayuelas y que, con el apoyo de Taiwán, se hacen los estudios para la ampliación del tramo restante, hasta Puerto Barrios, Izabal.

Si el evento de licitación se lanza en agosto significa que a fines de octubre se recibirían las ofertas y a finales de año se adjudicaría, se firmaría el contrato y se darían los últimos pasos administrativos para que la obra comience en enero.

REQUISITOS

En total se revisará una serie de requisitos que las empresas deben cumplir. La convocatoria se hizo a nivel nacional e internacional, aunque la participación fue limitada a 48 países.

En total se establecieron 14 criterios de elegibilidad y calificación. Aparte de la nacionalidad, las constructoras no deben presentar conflictos de interés, ni haber sido declaradas inelegibles por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que autorizó el préstamo por US$350 millones para el proyecto, unos Q2 mil 712 millones.

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También, deben cumplir con las condiciones establecidas en las instrucciones, no haber sido excluido de algún proceso, como resultado de alguna ley o regulación oficial del país donde llevó a cabo un proyecto o por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

De igual forma, en los criterios se establece que las compañías no deben haber incumplido contratos en los últimos dos años o antes de la fecha límite para la presentación de las solicitudes de participación. Además, se pide no estar sancionada y que, de contar con litigios pendientes, estos no deberán representar más del 50% del patrimonio neto de la empresa.

Otros de los criterios de elegibilidad dicen que los aspirantes a participar no deben tener antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales en contra, desde el 1 de enero de 2020. También, debe declarar los contratos de obra civil a su cargo, que hayan sido suspendidos o terminados, así como la garantía del cumplimiento.

Entre otros requisitos también se pide demostrar que la firma posee o tiene a su disposición activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros suficientes para cubrir los requisitos de flujo de efectivo para construcción, calculados en US$30 millones.

Demostrar que cuenta con fuentes de financiamiento adecuadas para atender las necesidades de flujo de efectivo para las obras en curso. Asimismo, tendrá que presentar balances auditados u otros estados financieros que el contratante considere aceptables, a fin de demostrar la solvencia financiera.

Las compañías interesadas, de igual forma, deberán contar con un promedio de volumen anual de construcción equivalente a US$40 millones y tener una experiencia con contratos de construcción en calidad de contratista principal.

Tendrá que comprobar que ha tenido al menos dos contratos similares que se hayan completado en su mayor parte y de manera satisfactoria como contratista principal.

En cuanto a la experiencia, se pide un mínimo de trabajos relacionados con construcción en excavación no clasificada y de roca, construcción de puentes o viaductos de dos carriles, experiencia en trabajos de capas bases y con concreto asfáltico en caliente.

LAS CONSTRUCTORAS 

Las dos compañías guatemaltecas tienen un historial importante de contratos con el Estado.

Grupo Muratori es una empresa que desde 2005 ha facturado a instituciones públicas poco más de Q2 mil 582.7 millones. En 2022 se le adjudicó el diseño y construcción del Puente Belice II y sus aproximaciones, proyecto que ha presentado una serie de atrasos, relacionados con los derechos de vía, entre otros problemas legales y administrativos.

Solo ese proyecto, adjudicado en 2022, le representó Q1 mil 785 millones. Pero en ese año también le adjudicaron otros tres proyectos para la construcción de igual número de puentes. Uno, el Corozal, en el km 29 de la ruta al Atlántico, por Q188.7 millones; el Chitomax, en Cubulco, Baja Verapaz, Q192.1 millones, y otro en Ocós, San Marcos, por Q128.3 millones.

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Constructora Codico también ha recibido una fuerte cantidad en adjudicaciones, desde 2005. En total, Q1 mil 828.7 millones. Los contratos más grandes los firmó en el Gobierno de Alejandro Giammattei, entre estos, la rehabilitación de la ruta al atlántico, entre el Desvío a Quiriguá y Puerto Barrios, un contrato que terminó costando al erario Q385 millones.

Por su lado, las empresas mexicanas han participado en varios proyectos de infraestructura en aquel país en el sector público. Notas periodísticas destacan que ICA Constructora tiene a su cargo la construcción del cuarto tramo del Tren Maya, en Quintana Roo. También ha participado en otros proyectos en Latinoamérica.

Supra Construcciones también pretendía hacerse de otro de los tramos del Tren Maya, pero no fue seleccionada. No obstante, también ha participado en proyectos de infraestructura en otros estados mexicanos.