Retos del sistema: empresa, propiedad de presunto narcotraficante detenido en Colombia, estaría por recibir un pago del CIV

La empresa Constructora HV está por recibir un pago por Q1 millón 421 mil por parte de la Dirección General de Caminos (DGC), unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por el remozamiento de una carretera en Chinautla, cuyo contrato se formalizó en 2021.

Un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), detalla que dicho pago se solicitó y aprobó el pasado 25 de julio, pero que, hasta el mediodía del 29 del mismo mes, todavía no había sido desembolsado.

El sistema detalla que este corresponde al «segundo pago parcial y final» de la estimación número 14 de un contrato por el mejoramiento de la carretera departamental RD-GUA-04, en el tramo que va desde San Rafael Las Flores a San Antonio Las Flores, Chinautla.

La operación no tendría nada de extraordinario ni llamara la atención si no fuera porque el propietario de esa entidad (conocido como la «mente maestra del narcotráfico»), fue detenido en Colombia, el pasado 4 de abril, sindicado de narcotráfico y es requerido en extradición por Estados Unidos (EE. UU.).

Cristhian Estuardo Vaides Fión fue capturado en Antioquía, Colombia, en esa fecha, señalado de traficar droga, entre 2018 y 2020. En esos años, Vaides Fión, alias el «Tuerto» o «la mente maestra del narcotráfico», según la acusación, trasegó grandes cargamentos de cocaína desde las selvas colombianas hacia Guatemala con destino final EE. UU.

Durante esos años y posteriores, el presunto narcotraficante también se hacía de millonarios contratos con el Estado a través de su empresa, Constructora HV. En total, ha recibido 66 adjudicaciones que le han representado Q217.3 millones. Incluso, en 2025 ha sido favorecido con contratos, puntualmente tres, de la Municipalidad de Cahabón, Alta Verapaz, que suman Q268 mil 900.

La mayor parte de contratos los ha obtenido de comunas de Alta Verapaz, y de al menos tres dependencias del Organismo Ejecutivo, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. El más voluminoso es uno que firmó en diciembre de 2023, con la comuna de Cobán, Alta Verapaz, por Q52.9 millones.

Después, la de San Pedro Carchá, en el mismo departamento, le adjudicó 16 concursos por Q51.4 millones, el CIV, dos por Q33.7 millones, el Ministerio de Desarrollo Social, 11 por Q27.8 millones y el de Cultura y Deportes, uno por Q25.7 millones, este último por la construcción de un «parque bicentenario» en la zona 8 de  Cobán, que colapsó por las lluvias, en mayo pasado, un mes después de haber sido inaugurado.

El Mides en tiempos de Giammattei adjudicó la mayoría de contratos a 20 empresas

Con las comunas, destacan las contrataciones para el mantenimiento de caminos rurales, proyectos de difícil fiscalización, según analistas, dado las limitadas capacidades de la Contraloría General de Cuentas. En este rubro ha recibido por lo menos 18 contratos por Q30 millones. Además, también ha prestado servicios de construcción de sistemas de agua potable o venta de insumos para estos.

También ha arrendado maquinaria a las municipalidades y les ha prestado servicios de construcción de sistemas de alcantarillado y puentes, entre otros.

PAGOS

El proyecto por el que la empresa en cuestión está por recibir un pago más por parte de la DGC se adjudicó el 31 de agosto de 2021 por Q28.3 millones y hasta la fecha, de acuerdo con Guatecompras, se han pagado Q35.2 millones. Si se concreta el desembolso mencionado al inicio de este artículo, el costo de proyecto ascendería a Q36.6 millones.

Hasta el momento, del proceso de este pago en Guatecompras solo se encuentra una constancia de disponibilidad financiera del 25 de julio firmada por la coordinadora de la División Financiera, María Alejandra Mejía, y por el subdirector administrativo de la DGC, Edwin Aroldo Ibañez.

La oficina de Comunicación del CIV respondió a La Hora que no existe una ley que limite los pagos a las empresas cuyos dueños o accionistas se ven involucrados en problemas personales, o como en este caso legales. Y enfatizó en que toda vez se compruebe que una compañía cumplió con los avances establecidos y con los criterios técnicos de un proyecto se le debe hacer el desembolso.

«Lamentablemente al no estar dentro de la ley, el Ministerio no puede definir si emite o no un pago», detalló.

Asimismo, confirmó que el pago de Q1.4 millones a Constructora HV se hará efectivo porque se comprobó que ejecutó el proyecto. A su vez, enfatizó, esto es lo que falta para dar por finalizada la obra, y en ese sentido, recordó que el CIV busca agilizar muchas obras que están a medias y que están inconclusas a pesar de que «es poco lo que les falta» para ser finalizadas.

EMPRESAS PARTICIPANTES 

Recientemente, el presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado al sector privado para que las empresas honestas participen en los procesos de compra del Estado, a la luz de la adjudicación que recientemente hizo la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la limpieza en el Aeropuerto La Aurora a una empresa señalada de tener nexos con Melvin Quijivix, actualmente procesado por un caso de corrupción cuando presidió el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

«El Gobierno hace un llamado a las empresas honradas, trabajadoras, transparentes de Guatemala a que, por favor, se presenten a participar, porque eso es fundamental para superar una economía de la corrupción que estaba enquistada en los procesos de compras y contrataciones», aseveró el gobernante en una conferencia de prensa el pasado lunes 28 de julio.

Pero, a criterio de analistas, las empresas honestas a las que se refirió el mandatario, enfrentan muchos obstáculos que las desmotivan a participar en los eventos de cotización o licitación con el Estado, entre estos que se enfrentan a compañías cuyo capital está formado a partir del narcotráfico o de la corrupción y que están en capacidad de ofrecer coimas a funcionarios públicos.

El analista independiente Marvin Flores explicó que estas empresas empezaron a emerger a inicios de los 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo y se instalaron en departamentos como Quiché, Chiquimula o Alta Verapaz, precisamente en este último está instalada Constructora HV.

El Estado y cómo lo usan para lavar dinero

Añadió que a partir de entonces estas empresas comenzaron a competir contra las compañías tradicionales al punto de desplazarlas, lo cual, sumado a la corrupción «que se desarrolló de forma exponencial con Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y con Alejandro Giammattei, hizo mella en la moral de las empresas».

Las compañías honestas, enfatizó, no tienen la capacidad de competir contra los sobornos que las empresas oscuras son capaces de ofrecer. Además, a estas les interesa ganar las adjudicaciones, no necesariamente por negocio, sino para el lavado de dinero. En este sentido, citó el ejemplo de unas carreteras en el oriente de país, en donde las empresas adjudicadas terminaron las obras, incluso cuando no se los pagaron en su totalidad.

No obstante, Flores apuntó que hay más motivos que desmotivan a las compañías honestas a participar, entre estos los costos en tiempo, dinero y recurso humano que representan los procesos burocráticos de armar y presentar una oferta. También el que el Estado muchas veces se atrasa en hacer los pagos.

Por su lado, Luis Miguel Reyes, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, tampoco descartó que el involucramiento de capital producto del narcotráfico pueda desmotivar a las firmas a que busquen contratos en el sector público; sin embargo, también enfatizó en otros motivos que las desincentivan y que van desde los trámites que implica participar y el hecho de que el Estado es un cliente que usualmente se retrasa para pagar.

Agregó que el otro factor que quita el impulso a las empresas de participar es la corrupción. «Eso desmotiva porque hay la idea de que los concursos se otorgan a dedo y eso hace que las empresas piensen ‘para qué voy a participar'».

ACCIONES

Los analistas consideran que el Ejecutivo debe tomar acciones si pretende que participen en los procesos de compra del Estado la mayor cantidad de empresas posible.

Sobrecostos de dos Parques Bicentenario alcanzaron los Q18.3 millones

Reyes sugirió que se haga una revisión de la Ley de Contrataciones del Estado para hacer viable la participación de más compañías.

Flores considera que el Gobierno no debe limitarse a hacer el llamado a las empresas, sino que debe ofrecer capacitaciones gratuitas para que estas compañías sepan cómo se participa en los procesos de contratación del Estado, tomando en cuenta que otro patrón de corrupción dentro de muchas instituciones es la descalificación de ofertas que posiblemente son más ventajosas para las instituciones públicas, por errores de forma y no de fondo.

Añadió que la Comisión Nacional contra la Corrupción junto con la Contraloría General de Cuentas deben presenciar la recepción de ofertas y hacer un muestreo selectivo y aleatorio de algunos proyectos para darles seguimiento.