Ruta al Atlántico: proyectan para diciembre 2025 la ampliación a 4 carriles de Q1 mil 350 millones

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) espera que la ampliación de la carretera al Atlántico, o CA-9 Norte, pueda empezar en diciembre de este año, de acuerdo con la programación que planificó la institución y que fue facilitada a La Hora. 

El pasado 8 de mayo se publicó el anuncio de precalificación de empresas para todas las que estén interesadas en participar en el proceso de licitación. El 19 de mayo se llevó a cabo una reunión virtual para aclarar dudas del proceso y el pasado 3 de junio se cerró el plazo para hacer consultas por medio de correo electrónico o a través del portal Guatecompras.

El próximo 23 de junio es la fecha máxima para la presentación de solicitudes de precalificación por parte de las empresas interesadas. 

De acuerdo con el cronograma, un día después se redactará y publicará el acta de apertura de solicitudes de precalificación, para que, a inicios del mes siguiente, se elabore el reporte de evaluación de dicha fase.

ARRANCA LICITACIÓN

Concluida la primera fase del proceso, se tiene programado que en julio arranque el proceso de licitación internacional, donde se invitará a las empresas que resulten precalificadas a presentar ofertas para la construcción del proyecto. 

Se estima que estas podrían recibirse de julio a septiembre y dos meses más tarde se abrirán las ofertas y redactará el acta.

De acuerdo con el cronograma facilitado por el CIV, en diciembre se adjudicaría la obra y se firmaría el contrato, para que el mismo mes arranque el proyecto.

La ampliación a cuatro carriles de dicha carretera, hasta Puerto Barrios, Izabal, es una de las necesidades más sentidas por los transportistas y usuarios en general de la ruta, debido a la gran cantidad de transporte de carga que circula desde y hacia Puerto Santo Tomás de Castilla, la principal salida de los productos guatemaltecos al Mar Caribe. 

Actualmente, la ruta es de cuatro carriles desde la capital guatemalteca hasta El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso. El último tramo ampliado costó alrededor de US$120 millones y fue financiado principalmente por el Gobierno de Taiwán, mitad donación y mitad préstamo. Guatemala puso una contraparte de US$20 millones. 

El tramo que ahora pretende ampliarse consta de 31 kilómetros hasta Teculután, Zacapa, desde el 85.3 hasta el 120.3. Aunque se piensa construir un libramiento para evitar el paso por dicho municipio zacapaneco, este no forma parte de la primera fase del proyecto, según dieron a conocer las autoridades del CIV, el día que anunciaron la licitación. Esto porque, para el diseño, se necesita tener ya la habilitación de los cuatro carriles. 

Para la construcción de lo que se espera sea una megaobra se contempla un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ya fue aprobado por el Congreso de la República, el año pasado, por US$75 millones. También recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por US$100 millones.

Es decir, el proyecto, inicialmente, costará alrededor de Q1 mil 350 millones, e incluye la construcción de siete puentes. Se estima que el plazo para finalizar la construcción de la obra sería de 36 meses. 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

Por ser una licitación internacional tienen permitido participar en el proceso de precalificación las empresas de los países que sean miembros del BID. En total son 48, de América —entre estos, Guatemala—, Europa y Asia.

Las compañías interesadas tienen que cumplir con 14 criterios de elegibilidad y calificación establecidos en las bases. Aparte de la nacionalidad, requisito mencionado en el párrafo anterior, no deben presentar conflictos de interés, ni haber sido declarada inelegible por el BID. 

También, cumplir con las condiciones establecidas en las instrucciones, no haber sido excluido de algún proceso, como resultado de alguna ley o regulación oficial del país donde llevó a cabo un proyecto o por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

De igual forma, en los criterios se establece que las compañías no debieron haber incumplido contratos en los últimos dos años o antes de la fecha límite para la presentación de las solicitudes de participación. Además, se pide no estar sancionada y que, de contar con litigios pendientes, estos no deberán representar más del 50% del patrimonio neto de la empresa. 

Otros de los criterios de elegibilidad dicen que los aspirantes a participar no deben tener antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales en contra, desde el 1 de enero de 2020. También, debe declarar los contratos de obra civil a su cargo, que hayan sido suspendidos o terminados, así como la garantía del cumplimiento. 

Entre otros requisitos también se pide demostrar que la firma posee o tiene a su disposición activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros suficientes para cubrir los requisitos de flujo de efectivo para construcción, calculados en US$30 millones.

Demostrar que cuenta con fuentes de financiamiento adecuadas para atender las necesidades de flujo de efectivo para las obras en curso. Asimismo, tendrá que presentar balances auditados u otros estados financieros que el contratante considere aceptables, a fin de demostrar la solvencia financiera.

Las compañías interesadas, de igual forma, deberán contar con un promedio de volumen anual de construcción equivalente a US$40 millones y tener una experiencia con contratos de construcción en calidad de contratista principal. 

Tendrá que comprobar que ha tenido al menos dos contratos similares que se hayan completado en su mayor parte y de manera satisfactoria como contratista principal. 

EXPERIENCIA

En cuanto a la experiencia, se pide un mínimo de trabajos relacionados con construcción en excavación no clasificada y de roca, construcción de puentes o viaductos de dos carriles, experiencia en trabajos de capas bases y con concreto asfáltico en caliente.