La Contraloría General de Cuentas (CGC), emitió una serie de reparos que derivaron en una denuncia penal en contra de funcionarios y trabajadores del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) que estuvieron a cargo del programa de fertilizantes el año pasado que fue aprobado con la ampliación presupuestaria en el Congreso de la República.
La denuncia es una de las más voluminosas que emitió el ente contralor luego de la revisión al presupuesto 2024, según el informe de auditorías que presentó recientemente, puesto que el monto pasa de los Q144 millones.
📌Mal manejo del programa de fertilizantes genera denuncias penales tras reparos de la Contraloríahttps://t.co/8DJuEIZDyg pic.twitter.com/lFfFXBO90i
— Diario La Hora (@lahoragt) June 1, 2025
Puntualmente, la denuncia por malos manejos del programa es en contra del exministro Maynor Estuardo Estrada Rosales, quien había renunciado al cargo apenas dos semanas antes. También en contra de los viceministros, de Desarrollo Económico Rural, Nick Kenner Estrada; y de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Guadalupe Gamboa.
De estos viceministerios se denunció a los jefes administrativos y financieros, así como a los encargados de contrataciones y adquisiciones. También al director del área de Desarrollo Agrícola.
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HALLAZGOS
Uno de los hallazgos detectados por la CGC es el relacionado con la clase de fertilizante que se adquirió, el cual, según el informe de los auditores, no era el mismo que las compañías habían ofertado.
En las bases del concurso se buscaba comprar «gallinaza tipo agrícola» y según formularios, facturas, notas de envío y actas de recepción, señala el informe, el proveedor entregó «gallinaza de las marcas San Luis y Fertinaza Plus», los cuales no serían los mismos que se ofertaron.
En una visita que efectuó el equipo de auditoría a bodegas de Sololá y Totonicapán, el pasado 23 de enero, se determinó que el abono orgánico no tenía identificación ni marca; además, estaba en un campo «a la intemperie, sin ningún tipo de protección o seguridad, afectando su calidad».
Este campo en el que se encontraba el producto tampoco era la dirección de entrega que se había establecido en el concurso. El informe añade que los sacos no estaban revestidos de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, lo que ocasionó que algunos estuvieran rotos.
En otro caso, en Totonicapán, se verificó que los proveedores ofrecieron fertilizante de las marcas Mayafert y Nordic, pero al hacer la visita y verificar el producto se constató que los sacos no tenían marca.
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POCA EJECUCIÓN
El informe también señala que la Unidad Desconcentrada Administrativa y Financiera (UDAFA) no debió haber adjudicado la compra de fertilizante porque las empresas no habrían cumplido con entregar un certificado de análisis del producto que debió ser emitido por un laboratorio «reconocido en Guatemala».
Asimismo, la CGC detectó una escasa ejecución de los recursos. En total, lo aprobado en la ampliación presupuestaria de agosto de 2024 (Decreto 17-2024) fue de Q400 millones.
De este monto fueron adjudicados contratos por Q376.6 millones, pero de esta cantidad solo se ejecutaron y pagaron Q148.9 millones, lo cual da un «incumplimientos en los contratos» por Q227.6 millones.
Además, hasta el pasado 4 de marzo, todavía había en existencia 171 mil 581 sacos de fertilizante, el 44 por ciento (%) del total comprado, lo que demuestra escasa planificación para ejecutar el programa o que no era necesario el volumen de fertilizante que se adquirió.
SIN BASES DE BENEFICIARIOS
Como prueba de las deficiencias en la planificación, el informe de los auditores de la CGC detalla que no se contaba con una base de datos de los beneficiarios. En octubre de 2024, las autoridades del MAGA respondieron que la elaboración «estaba en proceso» y no fue sino hasta enero de 2025 que entregaron un listado parcial.
Además, junto con los listados de beneficiarios se pidieron los lineamientos para los procedimientos de entrega y los actores involucrados en estos. Cuando los auditores hicieron la solicitud de estos puntos el MAGA les respondió que necesitaban «más tiempo»; no obstante, en la página web del Ministerio ya se anunciaban entregas a 25 mil agricultores.
Esto se lee en el informe de auditoría, demuestra que existió un «infructuoso proceso desde el inicio» puesto que dentro de los principios presupuestarios no se estableció un origen para elaborar la base de datos de los beneficiarios.
El reporte agrega que la existencia de miles de sacos de fertilizante hace unos dos meses demuestra que «no existía una necesidad por las adquisiciones a pesar de que no se adjudicó y devengó el total de lo aprobado en la ampliación» presupuestaria.
A manera de conclusión, el informe de la CGC señala que dichas prácticas impactaron en el «decremento de los recursos financieros del Estado» ya que el presupuesto se pudo ejecutar solo de manera parcial por no contar con una planificación adecuada. Pero, además, por el incumplimiento de los contratos y porque se compró abono orgánico en vez de químico, con lo cual «se dejó de alcanzar el beneficio para los agricultores.
INTENTARON DESVANECER HALLAZGOS
Las autoridades señaladas enviaron informes a la CGC con los cuales intentaron, infructuosamente, desvaneces los hallazgos. El exministro Estrada expuso que no era su responsabilidad la elaboración de los cuadros de adjudicación ni velar por la dirección de entrega del producto ni porque fuera correctamente empacado.
Agregó que los viceministerios y direcciones involucrados en el proceso de compra actuaron «apegados a derecho y cumpliendo con lo solicitado en los términos de referencia» del proceso.
En cuanto a los listados de beneficiarios, respondió a la CGC que estos fueron publicados como lo establece el decreto que avala la ampliación presupuestaria lo cual «puede ser verificado en los sitios establecidos legalmente para el efecto».
En una línea similar, la viceministra Gamboa respondió a la Contraloría que «en ningún momento» incumplió con al normativa legal. «Al contrario, en el ámbito de mis atribuciones di fiel cumplimiento a las normas autorizadas para realizar las compras», subrayó.
En cuanto a que no se ejecutó la totalidad del contrato, es decir, no se recibió la totalidad de fertilizantes que se compraron, respondió que esto se debió al «incumplimiento de los contratistas, lo cual escapa de mis funciones como viceministra».
Sin embargo, precisó, «en cumplimiento a la normativa legal he iniciado y gestionado las acciones para la ejecución de fianzas y demás sanciones legales en contra de los contratistas que incumplieron».
Los funcionarios también respondieron a la CGC que el fertilizante fue adquirido y entregado por los proveedores «de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones generales, en un empaque propuesto y diseñado por el MAGA cerrado con sello de seguridad».
Además, que si se presentaron certificados emitidos por laboratorios reconocidos en Guatemala y que en los términos de referencia no se solicitó que el empaque del abono fuera identificado con logotipo o alguna información de la marca del producto, por lo cual el proveedor no estaba obligado a hacerlo.
No obstante, las aclaraciones y respuestas, la Contraloría confirmó los hallazgos y denuncias en contra de los señalados.
INFORME 2024
El pasado 23 de mayo, el contralor General Frank Helmuth Bode Fuentes entregó al Congreso de la República el informe de auditorías derivado de la revisión del presupuesto 2024 y de denuncias recibidas, que dieron como resultados hallazgos por más de Q2 mil 814 millones.
En el informe se incluyeron 3 mil 554 hallazgos que derivaron en 3 mil 354 sanciones económicas, 86 formulaciones de cargos y 115 denuncias penales. El monto de las sanciones asciende a Q134.26 millones. Las formulaciones de cargo —hallazgo o reparo formulado que tiene la posibilidad de ser subsanado—, Q59.19 millones, mientras que las denuncias penales, representan el monto más fuerte, ya que se elevan a Q2 mil 620 millones.
