El Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (STIGSS) se pronunció este 26 de mayo sobre la adquisición del sistema de software para la gestión hospitalaria que la institución adquirió el pasado 28 de abril a la empresa TRC Informática, Sociedad Limitada, por Q38.5 millones.
El Seguro Social compró dicho sistema para ser instalado en 9 hospitales, un promedio de Q4.27 millones cada uno, mientras que meses atrás —en una licitación que adjudicó, pero que posteriormente anuló—, había adquirido el servicio para 5, lo que daba un promedio de Q1.6 millones por hospital.
El IGSS justificó el incremento con que, pese a que solo se sumaron cuatro hospitales para el segundo proceso, el número de camas a atender aumentó considerablemente, de 116 a 2 mil 598, aunque este número nunca fue detallado en las especificaciones de las bases del concurso.
Además, explicó que la compra se hizo mediante la modalidad de proveedor único, que está reservada en la Ley de Contrataciones del Estado para aquellos casos en los que un bien, servicio, producto o insumo, por su naturaleza y condiciones, solamente puede ser adquirido de un solo oferente. Por esa razón se suele utilizar para la contratación de arrendamientos cuando una entidad no tiene otra opción para funcionar más que el inmueble donde se encuentra.
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Sin embargo, en esta compra no está claro por qué se optó por esta vía y no por la licitación pública. En su momento, al ser consultado, el IGSS detalló que en la convocatoria publicada únicamente se recibió el interés de la referida empresa, situación que permitió continuar el proceso con esa modalidad.
SOSPECHAS
Con todo esto, el secretario general del STIGSS, Edgar Pérez, considera que instituciones como la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) deben revisar el proceso de compra para garantizar de que no hubo una sobrevaloración, que las bases del concurso no fueron dirigidas a favor de una empresa y validar por qué se hizo el proceso a través de la modalidad de proveedor único.
El sindicalista reconoció que hay necesidad de tecnificar y agilizar los procesos de registro y control de pacientes, porque los médicos o personal administrativo pueden perder mucho tiempo en buscar y revisar los expedientes impresos.
No obstante, dijo que es necesario ver que «no haya sobrevaloración en el estudio de mercado, ver cuánto realmente cuesta —el sistema informático—, si ese software ha funcionado bien en otros seguros —sociales—, en otros países como México o Costa Rica» y verificar que en el proceso no se haya dirigido para beneficiar alguien».
«El MP y la Contraloría tendrían que intervenir para darnos mayor seguridad y claridad de lo que está pasando. Ellos son los llamados a intervenir directamente en —para que— ese tipo de eventos que no sean sobrevalorados o negocios mal montados», detalló Pérez.
En cuanto a la modalidad utilizada, consideró que a «simple vista» puede generar sospechas. «Eso nos preocupa como organización», explicó el secretario general del STIGSS; no obstante, dijo que para el ciudadano común hay limitantes para establecer que el concurso fue dirigido en favor de la empresa ganadora.
Pero, enfatizó Pérez, «esto se puede lograr con la participación de instituciones serias, como la Contraloría y el Ministerio Público, para intervenir y verificar que ese era el único proveedor» que podía prestar dicho servicio.
«Definitivamente genera grandes sospechas… ¿Por qué solo hay un proveedor? Será que no se abrió el mercado o no tenemos otra empresa con esa capacidad o solo se hicieron algunas bases con candados para alguien en particular. Todo eso es objeto de preocupación para mí o para cualquier otro guatemalteco que sea afiliado o que le interese que los recursos sean bien invertidos sin corrupción», enfatizó.
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Pérez también opinó sobre las diferentes notas que ha publicado La Hora en donde ha dado a conocer presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y resaltó que estas publicaciones cumplen su función de informar a la población y a las instituciones del Estado que deben investigar «este tipo de cosas».
«Si ustedes consiguen esta información y han sido diligentes, ¿Por qué no ellos?, cuestionó. Las instituciones «ya deben empezar a inmiscuirse en esos temas y verificar que hay eventos montados para alguien», dijo.
PRIMERA VEZ CON EL ESTADO
TRC Informática Sociedad Limitada fue la única empresa que presentó oferta. Se trata de una firma española de software fundada en 1989. Según su sitio web, ha evolucionado a montaje de equipos y cableado estructurado y sigue avanzando en su proceso de expansión, crecimiento y profesionalización.
Documentos del Registro Mercantil (RM) explican que el 9 de junio de 2023 en Madrid, la junta general extraordinaria universal de la empresa acordó la constitución de una sucursal de la sociedad mercantil en Guatemala y se facultó al español Alberto Estirado Bronchalo para realizar las gestiones necesarias.
Según la información, la sucursal inició actividades el 3 de octubre de 2023, con un capital autorizado de Q500 mil 115. La empresa, de acuerdo con la documentación, está ubicada en la 18 calle 24-69, oficina 1011, zona 10.
En Guatecompras figuran como representantes legales de la compañía en el país Alberto Estirado Bronchalo y Juan Alberto González Hernández, este último también fue nombrado como mandatario de la empresa.
Esta sería la primera vez que TRC Informática, hace un negocio millonario con el Estado guatemalteco, ya que no hay registros que haya tenido anteriormente.
