Los vecinos de la metrópoli guatemalteca, especialmente los que viven en la parte occidental y que suelen utilizar las calzadas Roosevelt y San Juan esperan que el paso a desnivel iniciado hace ya casi tres años se termine de construir de una vez por todas.
El recién pasado lunes 21 de octubre, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que «la suspensión en la construcción del paso a desnivel ubicado en Calzada Roosevelt y 9ª Avenida, zona 11 de la ciudad capital, se ha levantado, por lo que conforme al acta de reactivación, el proyecto —ya— se reinició».
En una nota publicada en el portal del CIV se dio a conocer que, se prevé que la obra concluya el 22 de diciembre próximo. Por su lado, el coordinador de operaciones del Fondo Social de Solidaridad (FSS), Leonardo Cameros, en declaraciones a medios de comunicación, explicó que se hizo una negociación con la empresa Cebco, que está a cargo del proyecto, para que continuara con los trabajos.
SUSPENSIONES
El contrato para la construcción del viaducto se firmó el 20 de junio de 2022 entre la referida unidad ejecutora del CIV y la constructora, por un monto de Q44 millones 956 mil, de los cuales, hasta la fecha se han pagado Q22 millones 286 mil —50%—, según el portal de compras y contrataciones del Estado, Guatecompras.
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El contrato establecía un plazo para la finalización del viaducto de 14 meses, contados a partir de que se firmara el acta de inicio de la obra, lo que ocurrió el 1 de septiembre de 2022, por lo tanto, la obra debía concluir el 31 de octubre de 2023.
Sin embargo, esta se suspendió de forma oficial al menos en dos ocasiones. La primera, el 1 de junio de 2023. La constructora, según el acta de suspensión, pidió detener los trabajos debido a que se halló «una tubería de hierro fundido que transporta agua potable en las zonas 3 y 7», por lo cual era necesario evaluar «alternativas y diseños estructurales para evitar daños a futuro sobre la tubería».

El 1 de diciembre de ese año el proyecto se retomó. El acta estableció el 1 de mayo de 2024 como la fecha de conclusión de la obra. Pero, otra vez, a petición de la empresa el proyecto se volvió a suspender, justo un día antes de que se cumpliera el plazo, el 30 de abril de ese año.
La justificación planteada decía que la suspensión se pedía «en vista que el tiempo contractual» estaba por vencer y que estaban pendientes de aprobación documentos relacionados a «la solicitud realizada de prórroga» del contrato. Por esa razón, días antes, el 17 de abril, el FSS y CEBCO habían firmado una modificación al contrato en el que se daban ocho meses calendario adicionales para la conclusión del proyecto.
Acorde con esto, las autoridades dieron este 21 de abril que el viaducto debe concluirse a más tardar el 22 de diciembre, ocho meses exactos después de su reinicio. Cameros dijo que, por la prórroga contractual existente, no hay posibilidades de que se extienda más tiempo el plazo.
La Hora contactó al propietario de la empresa, Mario Alejandro Ceballos, para pedirle un comentario y al respecto dijo: «Tenemos toda la buena intención en terminar la obra a tiempo y creemos en Dios con Fe que todo saldrá bien«.
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AUDITORÍAS
En Guatecompras se puede revisar un informe de auditoría que efectuó en 2024 la Contraloría General de Cuentas (CGC), en el cual hace una serie de hallazgos del proyecto, relacionados a la falta de documentación, fallas en la supervisión y que al menos, la primera suspensión no era justificable.
Dice, por ejemplo, que los equipos de auditoría constataron una deficiente supervisión porque el día del trabajo de campo no se encontraba el delegado residente ni personal encargado de supervisar «tal como lo estipula el contrato de supervisión correspondiente».
«La máxima autoridad y equipo de dirección de la unidad ejecutora deben establecer políticas y procedimientos para la práctica de supervisión continua y puntual.
También deben velar porque las empresas supervisoras exijan al delegado residente su presencia de manera permanente en la obra y cumplan con lo establecido en el contrato», se lee en el informe.
Por estos hallazgos se impusieron multas a los responsables, de entre Q5 mil y Q8 mil 250.
La auditoría también detectó una «deficiente planificación», dado a que no se efectuó un estudio de suelos y análisis de red de drenajes pluviales que hubiera establecido la existencia de un colector y las tuberías que transportan agua potable en el subsuelo. Este descuido provocó, no solo la suspensión de la obra, sino gastos extras, subraya. Las multas acá fueron desde Q5 mil hasta Q9 mil 900.
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En este mismo punto, la CGC destaca que no era justificable la primera suspensión temporal del proyecto debido a que el problema detectado únicamente afectaba un área específica de la obra, lo que permitía continuar con la ejecución de otros renglones de trabajo sin afectar el plazo contractual.
Por tal razón, recomendaron al coordinador ejecutivo del FSS garantizar que, previo a la autorización de suspensiones de obras, «se cuenta con los argumentos técnicos necesarios y justificables».
Asimismo, la auditoría también efectuó un hallazgo relacionado a la «falta de control interno» que provocó que no se constatara que el avance físico fuera acorde a lo que se había planificado, por lo cual impuso sanciones a varios responsables que sumaron poco más de Q216 mil.
POLÉMICA
A inicios de la actual administración, el proyecto y la constructora estuvieron en el ojo del huracán debido a las declaraciones de Jazmín de la Vega, primera titular del CIV del gobierno de Bernardo Arévalo, quien afirmó que la compañía a cargo de los proyectos estaba en quiebra.
Estas declaraciones fueron rápidamente refutadas por voceros de la compañía que, incluso, advirtieron con denunciar a De la Vega por difamación.

Además, en una nota publicada por La Hora en mayo del año pasado se citan declaraciones de funcionarios del Ministerio quienes dijeron que ambos viaductos tenían entre el 18% y 30% de sobrevaloración.
La empresa, que en algún momento fue relacionada con el exdiputado José Ubico —condenado en EE. UU. por narcotráfico— recibió millonarios contratos durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Antes de 2022 apenas había firmado dos compras directas por poco más de Q70 mil. Ya, entre 2022 y 2023, CEBCO firmó seis contratos por un monto de Q190.8 millones.