La Asociación Los Pinos (ALP) que agrupa a las 69 familias que se beneficiarían por la compra de la finca Cinco Palos por parte del Fondo de Tierras (Fontierras), emitió un comunicado en el cual asegura que el proceso de compra del inmueble ha sido «transparente y se han respetado todas las normativas técnicas y legales».
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 23, 2025
En el comunicado, que no tiene fecha pero que se difundió en redes sociales en la semana del 10 al 15 de marzo, se señala que ha habido «desinformación», «señalamientos falsos» y «acusaciones infundadas de sobrevaloración», alrededor de la compra de la finca. También se rechaza el que las familias sean de empresarios ya que lo que algunas tienen son «pequeñas tiendas».
El proceso de la compra de la finca Cinco Palos, que se ubica en Guazacapán, Santa Rosa, ha estado rodeada de irregularidades. La adquisición fue impulsada por el exgerente de Fontierras, Byron Arnuldo Bin Quej, nombrado por Alejandro Giammattei, pero que siguió en el cargo con el gobierno de Bernardo Arévalo; aunque finalmente fue destituido señalado de irregularidades, entre estas el uso anómalo de vales de combustible.
En el comunicado la Asociación precisa que «los señalamientos infundados» han afectado a los potenciales beneficiarios de la finca y aseguran que el inmueble fue evaluado por profesionales en el tema «y las cifras son públicas y auditables».
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Sin embargo, cabe destacar que fueron los mismos técnicos de Fontierras, que conformaron una Comisión Técnica, quienes señalaron varias deficiencias de la finca, como que está ubicada en el Corredor Seco y no hay suficiente agua que garantice la implementación de programas productivos que permitan a las familias pagar el crédito que recibirían por la compra de la finca.
Desde este comité también se señaló la posible sobrevaloración en la compra de la finca puesto que, mientras otras se han adquirido a Q47 mil 152 la hectárea, la finca Cinco Palos se compraría a Q87 mil 79.
SEÑALAN A MINISTRO
La Asociación señaló al ministro de Agricultura, Maynor Estrada, quien por ley preside el Consejo Directivo de Fontierras, de ser el «autor de todas las difamaciones, calumnias, discriminación, racismo y exclusión de la gente más necesitada». La Hora intentó comunicarse con el funcionario a través de su celular y el de la oficina de Comunicación, pero no respondieron a los mensajes.
También señalan por las mismas razones a un «supuesto líder y representante del sector campesino», de quien no mencionan el nombre.
El comunicado concluye haciendo un llamado a la Contraloría General de Cuentas para que haga una revisión del «informe incompleto que recibió del grupo de auditores que realizaron el estudio de la finca», puesto que, aseguran, se levantó luego de «un pequeño recorrido y con fotografías que no muestran la realidad de la finca».
El inmueble, añaden, «no ha tenido inundaciones como lo reza el informe», no obstante, este habla de lo contrario de falta de agua.
También llaman al presidente Arévalo a revisar de forma exhaustiva el caso de la compra de la finca Cinco Palos y que «ponga un alto al actuar prepotente y abusivo del ministro Maynor Estrada».
La Asociación Los Pinos asegura que no se ha hecho ningún desembolso económico por la finca «como lo ha querido hacer creer La Hora en publicaciones sin fundamentos»; no obstante, este medio no ha publicado artículos en ese sentido.
IRREGULARIDADES
El proceso de la compra de la finca Cinco Palos ha sido señalado de irregularidades, también por parte de diputados, quienes han pedido al Gobierno la intervención de la institución.
Cabe recordar que, ante el informe de «no aprobación», generado por la Comisión Técnica de Fontierras, Bin Quej conformó una «comisión multidisciplinaria», una figura que no existe en la ley, que se encargó de desvanecer los hallazgos de los técnicos la entidad y avaló la compra, por lo cual el Consejo Directivo la aprobó en una sesión del 26 de diciembre.
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Pero, a pesar de que salieran a luz estas posibles irregularidades, el Consejo Directivo no dio marcha atrás y, a inicios de febrero, avaló el acta con la que se aprobó la compra.
El acta fue aprobada con los votos de cinco representantes: los que representan a los ministerios de Agricultura y de Finanzas, el del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario más los representantes del sector indígena y el de las cooperativas.
