Guatemala es un país con un riesgo “medio estable” para las inversiones, lo que significa que, pese a que se han identificado que en 2025 habrá amenazas a su estabilidad, también hay ventajas que brindan cierta confianza a los inversores.
Los resultados del Mapa de Riegos 2025, presentados el pasado 4 de marzo por la consultora británica Control Risk dan a Guatemala un punteo de 6, dentro de un rango en el que 1 representa un riesgo “muy bajo estable” y 10 el cual significa que el riesgo es “muy alto estable”.
Aunque Guatemala está por encima de la media (5), se encuentra mejor posicionado que sus vecinos, México, Honduras y Nicaragua, que, con un punteo de 7, son considerados como países con “riesgo medio en crecimiento”.
En el continente americano, Guatemala obtuvo la misma calificación que Brasil, Colombia, Perú, Paraguay. Por otra parte, Venezuela fue calificado con 8 puntos “riesgo alto estable” y Haití recibió 9 puntos, es decir una calificación que lo cataloga como un país con “riesgo muy inestable, en crecimiento”.
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FACTORES
El informe fue presentado en la residencia de la embajadora de Reino Unido en Guatemala. La analista de riesgo político de Control Risk, Marina Pera, se refirió a la calificación otorgada a Guatemala, así como a las debilidades y fortalezas que se prevé se enfrentarán este año.
A la vez, destacó que la proyección solo analiza los escenarios de 2025 y que la puntuación para el país no varió respecto a 2024, contrario al año pasado en que se elevó, en relación con el 2023, debido al riesgo de protestas.
Pera indicó que los factores que elevan el riesgo para las inversiones en Guatemala tienen que ver con la corrupción, el crimen organizado y la falta de infraestructura vial, principalmente carreteras.
En cuando al primer factor, la analista detalló que en los análisis de Control Risk se había previsto que las acciones del gobierno de Bernardo Arévalo no serían suficientes para cambiar los patrones de corrupción, por lo tanto no se podrían implementar medidas anticorrupción «fuertes», como quitar del puesto a la fiscal general María Consuelo Porras.
La jefa del Ministerio Público (MP) ha sido sancionada por más de 40 países por sus acciones que favorecen la corrupción y atacan la democracia. En 2023, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el MP encabezó una batalla legal en contra de los resultados electorales que dieron el triunfo en la elección presidencial a Arévalo, e intentó desconocer los resultados electorales aduciendo un fraude, del cual nunca presentó pruebas.
«Habíamos anticipado que había expectativas altísimas, pero no la condición o capacidad significativamente de cambiar este ambiente de corrupción», subrayó Pera.
La presencia del criminalidad organizada es otro de los factores que son un riesgo para las inversiones en Guatemala.
Aunque los homicidios desde hace años tienen una tendencia a la baja, no ha ocurrido lo mismo con las extorsiones, que golpean directamente a los comercios, desde pequeños hasta grandes. En 2024, según información de la Policía Nacional Civil, las denuncias por este delito aumentaron 39%, en relación con el 2023, y se situaron en más de 25 mil.
No obstante, el riesgo no es mayor debido a que, el estudio no identifica, para este año, la posibilidad de que existan embates del crimen organizado que puedan generar inestabilidad, como bandas rivales que se disputen mercados o territorios.
La falta de infraestructura es otro de los factores que incrementan el riesgo para las inversiones, de acuerdo con el informe.
En ese sentido, cabe destacar que el mantenimiento de la red vial y construcción de obras de infraestructura nuevas ha sido el problema más grande que ha enfrentado la actual administración de gobierno.
Con cuatro ministros en un año, el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda es la cartera peor calificada del gobierno, aunque ha tenido que batallar contra una corrupción histórica que no les ha permitido trabajar como se hubiera querido, han dicho funcionarios.
El año pasado no se adjudicó ningún proyecto nuevo de carreteras, y el mantenimiento de la red vial fue deficitario. Por si eso fuera poco, hubo varias emergencias por las lluvias. La más notable, quizás, es el hundimiento en el kilómetro 44 de al autopista Palín-Escuintla que está por llegar a nueve meses en los que el paso de vehículos ha sido irregular.
Aunque el CIV ejecutó más del 70% de su presupuesto en 2024, el 97% de los desembolsos en las partidas que tienen que ver con la infraestructura fue para proyectos adjudicados durante el gobierno de Alejandro Giammattei y anteriores.
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VENTAJAS
Sin embargo, en contraparte a las debilidades, Pera también habló sobre las fortalezas detectadas en el análisis las cuales hicieron que la calificación de riesgo no fuera más elevada.
«Comparada con otros países de la región, Guatemala tiene la economía más grande y más capacidad industrial», precisó la analista de Control Risk. Al mismo tiempo, indicó que el actual gobierno tiene la disposición de atraer inversiones extranjeras, lo cual es una ventaja en comparación con otros países de la región como Honduras y Nicaragua.
Añadido a esto, dijo Pera, Guatemala tiene más capacidad de recibir estas inversiones. Las ventajas «están más en el lado político que en el seguridad o del lado operativo», concluyó la analista.
EMBAJADORA: DIRECCIÓN CORRECTA
La embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa, coincidió en que la estabilidad institucional se ha mantenido en el país, lo cual es «muy importante para los inversionistas».
De igual forma, consideró en que, a pesar de que todavía existen retos en cuanto a corrupción e infraestructura, «se están tomando pasos en la dirección correcta».
La embajadora dijo que, con los incentivos adecuados, Guatemala tiene el potencial posicionarse como un centro regional de logística y manufactura. «Para ello, los inversionistas evaluarán elementos como la infraestructura, seguridad y precios de la energía», adelantó.
No obstante, al ser cuestionada sobre qué riesgos ve en el país, enfatizó en que «la manipulación de la justicia con fines políticos puede generar incertidumbre». «Sin respeto al estado de Derecho tampoco podrán asentarse inversiones productivas que generen empleos», subrayó.
