Revés en Fontierras: Contraloría recomienda no hacer desembolsos por compra de polémica finca (Cinco Palos)

La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC) desarrolla una auditoría al cuestionado proceso de compra de la finca Cinco Palos, que se ubica en Guazacapán, Santa Rosa, y que el Fondo de Tierras (Fontierras) autorizó para entregarla a un grupo de 69 familias de la Asociación Civil Los Pinos, por medio del programa de Acceso a la Tierra Vía Crédito Subsidiado.

El proceso ha sido seriamente cuestionado, entre otras irregularidades, porque no se hizo caso a los estudios técnicos, según los cuales en el lugar no hay agua suficiente para garantizar una suficiente producción agrícola de las familias que garantice que tendrán recursos para pagar los créditos a Fontierras.

«La auditoría la realiza la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público, a través de la Dirección de Medioambiente y Recursos Naturales», confirmó la Contraloría en una comunicación con La Hora. Añadió que se emitió una «nota preventiva» debido a «deficiencias detectadas» dentro del proceso.

Aunque la CGC no dio detalles de dicha nota, una fuente cercana a la auditoría precisó que esta advierte a Fontierras de que no puede hacer pagos por la compra de la finca, y que si hay desembolsos «la Contraloría está en la facultad de interponer denuncia penal ante el Ministerio Público».

EL NEGOCIO

La finca se negoció por Q23.7 millones. El proceso de compra fue una de las prioridades de la institución desde que Byron Arnulfo Bin Quej fue nombrado gerente de Fontierras por el expresidente Alejandro Giammattei, en mayo de 2021.

A pesar de las críticas, el Consejo Directivo avaló la adquisición del inmueble en una sesión del pasado 26 de diciembre.

Los estudios técnicos también pusieron en duda la idoneidad de la finca puesto que se encuentra en un área del Corredor Seco, donde las lluvias, de acuerdo al promedio de los últimos 24 años, han sido escasas.

La finca es de 279 hectáreas y es propiedad de Elida Porfiria Muñoz Herrera. De acuerdo con las especificaciones de Fontierras está a 135 kilómetros de distancia de la capital. Se transita por la ruta CA2 oriente y al llegar al Km 116 se transitan otros 18 kilómetros para acceder al inmueble.

Aparte del deficitario nivel de agua, la finca no cuenta con energía eléctrica, a pesar de que sirve de paso para postes del tendido eléctrico.

Además, un Comité Técnico de Fontierras también dejó entrever la posibilidad de que exista un sobrepago ya que, otras fincas que ha adquirido anteriormente Fontierras se ha comprado la hectárea a Q47 mil 152, mientras que el precio por el que se pretende adquirirá la finca Cinco Palos es de Q87 mil 79 cada una.

Beneficiarios de Fontierras: al menos 13 de los 69 tienen negocio inscrito en SAT

Después de la no aprobación de la finca dictada por el Comité Técnico y antes de que la compra fuera aprobada, Bin Quej, ordenó la conformación de una “comisión multidisciplinaria” —figura que no existe en la Ley de Fontierras— que se encargó de revisar los informes de auditoría y desvanecer los hallazgos.

Bin Quej fue destituido del cargo el pasado 27 de enero, señalado de diferentes irregularidades, entre estas el abuso en el consumo de vales de combustible para el vehículo que tenía asignado en la institución, y el despido de más de 100 personas, sin ninguna justificación, con el fin de reestructurar Fontierras, una atribución que no le corresponde al gerente, sino al Consejo Directivo.

Pero, la adquisición parece que será un hecho, puesto que el Consejo Directivo aprobó en una sesión a inicios de febrero el contenido del acta del la reunión del 26 de diciembre —en donde se aprobó la compra—, con lo cual la negociación tiene luz verde.

Entre otras irregularidades también se sabe que, al menos 13 de los beneficiarios podrían no cumplir con el requisito de vivir en situación de pobreza, ya que tienen vehículos registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), figuran como dueños de negocios en Guatecompras o son personas que laboran en relación de dependencia.

FISCALIZACIÓN

Las posibles anomalías señaladas han movido a diputados del Congreso, puntualmente José Chic (VOS) y Sonia Gutiérrez (Winaq) a hacer cuestionamientos y citaciones en el Legislativo. La segunda, incluso, solicitó de manera pública al presidente Bernardo Arévalo la intervención del Fondo.

Después de una citación a directivos de Fontierras, el pasado 14 de febrero, Gutiérrez dijo haberse quedado con «muchísimas dudas», y luego de escuchar las explicaciones de Jacobo Bolvito, encargado de la Dirección de Acceso a la Tierra Vía Crédito Subsidiado, expuso que, «pareciera que hemos forzado la institucionalidad para adquirir una finca que no reúne las condiciones».

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Varios trabajadores de Fontierras que acudieron a la citación renunciaron días después.

Gutiérrez indicó que derivado de la fiscalización se identificó falta de informes y ejecución de compras de fincas que solicitan las organizaciones campesinas en varios años.

«No ha existencia de información de cuántas fincas ha otorgado el Fondo de Tierras. También hemos encontrado mecanismos en formas fraudulentas de compra de fincas de manera clientelar de los programas propios del Fondo», resaltó la integrante de la bancada Winaq.

Además, explicó que durante una citación con funcionarios de Fontierras, se constató que en 2024 tuvieron un fondo de Q60 millones para comprar fincas, pero no se compró ninguna, pero hubo gastos en gasolina por la gerencia, aunque la auditoría interna informó que se desconoce el destino de esos fondos de gasolina.

Gutiérrez señaló que incluso el tanque del vehículo no tenía la capacidad, según las facturas que entregó el gerente.

«La falta de transparencia en la ejecución de fideicomisos creados para el Fondo de Tierras, es uno de los problemas que ha tenido la institucionalidad. Con el último gerente (Bin Quej) hubo un despido masivo de más de 70 empleados, que hoy enfrentarán demandas laborales», enfatizó la congresista.