Con la aprobación del acta del pasado 26 de diciembre, el Consejo Directivo del Fondo de Tierras (Fontierras) dio luz verde al crédito para la compra de una finca en Guazacapán, Santa Rosa, a pesar de que un informe técnico dictaminó que enfrenta problemas para acceder a suficiente agua para que los programas productivos de los beneficiarios sean exitosos.
El acta fue aprobada con los votos de cinco representantes: los que representan a los ministerios de Agricultura y de Finanzas, el del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario más los representantes del sector indígena y el de las cooperativas.
Se opusieron, el sector campesino y la Cámara del Agro de Guatemala.
En una citación en el Congreso de la República con la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, las autoridades de Fontierras dieron a conocer que los recursos ya fueron asignados al programa de Acceso a Tierras Vía Crédito Subsidiado y que solo es cuestión de que se haga el pago a la propietaria del inmueble en mención para finiquitar la compra.
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La finca se llama Cinco Palos y se encuentra en Guazacapán, Santa Rosa. Fontierras la adquirirá a un costo de Q23.7 millones, que las 69 familias deberán pagar a largo plazo.
La idea, es que Fontierras apoye a estas familias —que viven en situación de pobreza— con proyectos productivos para que puedan pagar los créditos; sin embargo, esta capacidad podría verse amenazada debido a que la finca no cuenta con acceso a fuentes de agua suficientes para cultivos y se encuentra en un área geográfica donde las lluvias son irregulares, de acuerdo con un informe técnico elaborado por una comisión del propio Fondo.
El pasado 24 de enero, La Hora publicó el artículo «Señalan anomalías en Fontierras en proceso de compra de una finca en Santa Rosa», en el cual se cita el informe técnico según el cual la falta de líquido podría repercutir en que las familias no implementen los programas productivos a implementarse por parte de la institución y, en consecuencia «no puedan pagar los créditos que se les facilitará».
El proceso de compra se inició cuando llegó a la gerencia General, Byron Arnulfo Bin Quej, nombrado por el expresidente Alejandro Giammattei en mayo de 2021, y sobre quien pesan señalamientos de mal uso de combustibles y de haber destituido sin justificación a decenas de empleados del Fondo a finales del año pasado.
Por estos señalamientos —entre otros—, el Consejo Directivo lo removió del cargo el pasado 27 de enero. Estará al frente de la institución hasta el próximo 28 de febrero, según lo resuelto por el cuerpo colegiado.
Beneficiarios de Fontierras: al menos 13 de los 69 tienen negocio inscrito en SAT
DICTAMEN
En la notificación que el Comité Técnico redactó y fue enviado a los departamentos de Auditoría Interna y a la Dirección de Acceso a la Tierra Vía Crédito Subsidiado, se explica que el inmueble no fue avalado porque “no se pudo demostrar fehacientemente que dicha finca tenga las condiciones necesarias para la implementación de los proyectos productivos que permitirían el desarrollo rural integral y sostenible” de las familias.
Señala, además, que la finca “se negoció a sabiendas de que no tenía agua para riego de los proyectos productivos y consumo humano”, ya que la “poca agua” con la que cuenta es de pozos artesanales no apta para beber ni para riego.
Agrega que, sumado a la escasez de agua, la tierra es “arcillosa y de baja fertilidad” y que, a pesar de que los pozos mecánicos colectan agua en tiempos de lluvia, es necesario hacer pruebas en época de sequía para determinar si es factible la implementación de los proyectos productivos.
Por si eso fuera poco, el informe detalla que el agua que se pudo extraer “contiene bacterias y heces fecales lo que no la hace útil para el consumo humano” y se desconoce si los filtros comerciales son suficientes para purificarla.
El dictamen concluye en que, debido a las condiciones de falta de agua, las familias no serían capaces de generar la capacidad económica de pago para afrontar la deuda a adquirir con Fontierras.
SOBREPRECIO Y MÁS IRREGULARIDADES
El Departamento de Auditoría Interna, al tener conocimiento del dictamen, solicitó una consultoría externa que confirmó la mayoría de hallazgos que había detectado el Comité Técnico de Fontierras y agregó otros, como el que en la zona geográfica donde se ubica la finca es un área “donde las precipitaciones totales anuales, en un periodo de 24 años, reflejan comportamientos irregulares”.
Por aparte, el Comité Técnico también dejó entrever la posibilidad de que exista un sobrepago ya que, otras fincas que ha adquirido anteriormente Fontierras ha comprado la hectárea a Q47 mil 152, mientras que el precio por el que se pretende adquirirá la finca Cinco Palos es de Q87 mil 79 cada una.
Además, también se conoció de presuntas irregularidades en varios de los 69 beneficiarios, y que todos pertenecen a la Asociación Civil Los Pinos. De acuerdo a una investigación efectuada por La Hora, al menos 13 de los beneficiarios podrían no cumplir con el requisito de vivir en situación de pobreza, ya que tienen vehículos registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), figuran como dueños de negocios en Guatecompras o son personas que laboran en relación de dependencia.
QUEDAN MUCHAS DUDAS
En la citación, Jacobo Bolvito, encargado de la Dirección de Acceso a la Tierra Vía Crédito Subsidiado, hizo ver que todos los procedimientos para adquirir la finca cumplieron con los procedimientos legales y aseguró que todos los estudios fueron aprobados y las observaciones que salieron de las auditorías fueron atendidas.
No obstante, la diputada Sonia Gutiérrez dijo al finalizar la citación que le quedaron «muchísimas dudas», y luego de escuchar las explicaciones de Bolvito, expuso que «pareciera que hemos forzado la institucionalidad para adquirir una finca que no reúne las condiciones».
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«Solo estamos justificando. Es preocupante. Las consecuencias que salgan, esperamos que no los involucre a ustedes, y si los involucra, tendrán que responder a las consecuencias legales», adelantó la legisladora.
Al enumerar las inconsistencias en los estudios técnicos y socioeconómicos, Gutiérrez cuestionó si la adquisición de la finca «es para beneficiar a las familias campesinas o a ciertas personas en particular».
DE LA FINCA
La finca Cinco Palos está ubicada en Guazacapán, Santa Rosa, es de 279 hectáreas y es propiedad de Elida Porfiria Muñoz Herrera. De acuerdo con las especificaciones de Fontierras está a 135 kilómetros de distancia de la capital. Se transita por la ruta CA2 oriente y al llegar al Km 116 se transitan otros 18 kilómetros para acceder al inmueble.
Aparte del deficitario nivel de agua, la finca no cuenta con energía eléctrica, a pesar de que sirve de paso para postes del tendido eléctrico.
Antes de que la compra de la finca fuera aprobada, Bin Quej ordenó la conformación de una “comisión multidisciplinaria” dentro de Fontierras que se encargó de revisar los informes de auditoría y desvanecer los hallazgos.
