El gerente general del Fondo de Tierras, Byron Arnulfo Bin Quej, habría ordenado de manera unilateral no renovar el contrato de 117 personas en puestos que van, desde administrativos hasta técnicos de las delegaciones departamentales, lo que puede impactar fuertemente al funcionamiento de la institución, denuncian varios afectados.
La última semana de diciembre fue caótica en el Fondo, dicen trabajadores y extrabajadores, puesto que una asesora del gerente se acercaba uno a uno de los trabajadores y les entregaba la carta donde se les decía que, a raíz de la «resolución de gerencia general» se les informaba de la finalización de su contrato, y se le instruía al departamento de Recursos Humanos a que iniciara las gestiones administrativas para el pago de sus prestaciones laborales e indemnización.
El descontento es general entre las personas que fueron removidas, e incluso entre muchos de los que permanecen en el Fondo, puesto que tienen la sensación de que las funciones fundamentales de la institución se verán debilitadas.
Entre las destituciones se cuentan las de «profesionales y técnicos que tenían entre cinco y 25 años de servicio, de manera continua e ininterrumpida», señaló Walter Enríquez, ex analista del área jurídica del fondo y que también fue despedido, luego de cuatro años de trabajar para la institución.
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Los trabajadores afirman que este debilitamiento repercutirá en los servicios que presta la institución. «Muchas comunidades en Alta Verapaz y Baja Verapaz, están preocupadas y molestas porque no hay personal técnico que los capacite para desarrollar sus programas y proyectos productivos como beneficiarios de los programas de Fontierras», explicó Enríquez.
En el área Jurídica, por ejemplo, solo se quedó una persona que apenas tiene dos meses de haber comenzado a laborar.
En las oficinas centrales fueron destituidas 23 personas y el resto se desempeñaba en las delegaciones departamentales, confirmó otra fuente, que todavía trabaja en la institución y que pidió que no se publicara su nombre.
Enríquez asegura que en noviembre pasado los trabajadores de Fontierras fueron sometidos a una evaluación de desempeño y que todos la aprobaron, por tal motivo el 18 de diciembre entregaron su documentación para ser recontratados en 2025. Por esta razón, afirma, los despidos son injustificados. Calcula que el 98% de los afectados estaban en el renglón salarial 022 y el resto en 029.
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REPRESALIAS Y GASTO DE COMBUSTIBLE
Asimismo, afirma que los trabajadores despedidos están convencidos de que la medida obedece a represalias de Bin Quej. «No nos prestamos a emitir dictámenes técnicos y jurídicos a la carta y al gusto del gerente, porque frenamos muchas irregularidades que se traducen en actos de corrupción», enfatizó.
Entre los trabajadores destituidos figuran el director y el subcoordinador jurídico quienes tuvieron relación con los informes de auditoría por el uso desmedido de combustible de los vehículos asignados a la gerencia general el año pasado.
En 2024, Bin Quej enfrentó señalamientos por el consumo de gasolina que los vehículos asignados a su oficina.
Solo el que está a su cargo gastó Q97 mil 390 en combustible en 13 meses. A un precio de Q31 por galón, equivale a un consumo de tres mil 140 galones, si esto se multiplica por 50, el promedio de kilómetros que un vehículo estándar recorre por galón, da como resultado que el funcionario habría recorrido, del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2024, aproximadamente 157 mil kilómetros.
Eso es el equivalente a viajar 167 veces de ida y de regreso a Flores, Petén; 57 veces, también de ida y vuelta, a Ciudad de México; e ir y regresar a Nueva York, Estados Unidos, en 15 ocasiones.
Gerencia General en Fontierras consumió el 62% de fondo de combustibles, según Auditoría
El consumo de combustible motivó a que se le practicara una auditoría al fondo de vales de combustibles que dio como resultado que los vehículos de gerencia, no registraron ni el destino de los viajes, ni el kilometraje de salida ni llegada, y otros datos. La gerencia intentó justificar el consumo, pero no logró hacerlo porque la información entregada no era comprobable y no tenía pruebas de respaldo, se detalla en informes oficiales.
A pesar de que el Consejo Directivo conoció de esta problemática no pudo destituir a Bin Quej puesto que se necesitan al menos cinco votos de los ocho miembros del Consejo y solo cuatro han votado por la remoción del funcionario.
DENUNCIA ILEGALIDAD
Enríquez considera que los «despidos masivos» resueltos por Bin Quej son ilegales puesto que en el fondo lo que está haciendo es una reestructura administrativa que, de acuerdo a la Ley orgánica de Fontierras, le compete al Consejo Directivo.
«Cruzó al línea, incursionó en un tema que no es de su competencia aprobar, sino del órgano director», cuestionó Enríquez.
Agregó que el próximo 13 de enero, el Consejo Directivo volverá a reunirse y posiblemente conozcan un informe circunstanciado sobre los despidos pedido por uno de sus miembros a Bin Quej, por lo que espera que los que han apoyado al gerente en votaciones anteriores reflexionen y no den vía libre a ilegalidades.
«Esperamos que cambien su voto y revoquen las destituciones y que dejen sin efecto esa reestructuración no aprobada por el Consejo y como consecuencia destituyan al gerente», subrayó Enríquez.
La fuente que aún trabaja en Fontierras coincidió en que el personal que fue despedido es el que tenía más experiencia y que conocieron informes del caso del gasto de combustible. También el de la compra de una finca, llamada Cinco palos, en Guanagazapa, Escuintla, que se adquirió, supuestamente, de forma anómala.
«Sacaron a los más antiguos, a los que tenían experiencia. En las jefaturas ya hay gente que han traído ellos», señaló.
NO HAY DESPIDOS
A través de un correo electrónico, la oficina de Comunicación de Fontierras aseguró a La Hora que no ha habido ningún despido en la institución este año.
Este medio le repreguntó, por la misma vía, si tampoco se ordenó dar por finalizado el contrato de ningún empleado, este año o en diciembre de 2024, pero de esto ya no hubo respuesta.
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