El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) piensa retomar el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente —al Pacífico—, vía que desde algunos años atrás se ha convertido en un dolor de cabeza para el comercio y turismo debido a los múltiples embotellamientos que se forman en su trayecto.
Al tedioso paso por la aldea Cocales, en Patulul, Suchitepéquez, así como el de San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango —en el mismo departamento—, se suman los problemas que causa el colapso parcial del puente Nahualate, en el kilómetro 136, seriamente afectado por las lluvias del año pasado.
Aunque el tránsito se rehabilitó el 6 de noviembre de 2024, después de 15 días de suspendido, en parte gracias aportes de la iniciativa privada, el paso es irregular, lo que provoca largas filas en la ruta, en ambos sentidos.
Los tiempos en medio del tráfico empeoran en la parte final del año. El 29 de diciembre, La Hora publicó un artículo en el que cita el testimonio de una turista que narra el calvario sufrido al transitar casi 10 horas de regreso a la capital desde Retalhuleu, cuando hace unos años se tardaba de cuatro a cinco horas.
En el trabajo periodístico también se incluye voces de representantes del sector de transportistas de carga y de empresarios del turismo que coinciden en que el extenso tiempo que se utiliza para recorrer la ruta repercute en el aumento de costos, en el caso de los primeros, y en la pérdida de clientes, en el caso de los segundos.
Este medio consultó a la oficina de comunicación social del CIV si contaban con planes para agilizar el paso sobre la CA-2 Occidente y respondió que la cartera está consciente de que, para abordar la problemática de esa ruta, se requieren soluciones integrales.
Al mismo tiempo, aseguró que dan “continuidad al proyecto de ampliación de la carretera a cuatro carriles”, que está a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC), aunque de momento se trabaja en solventar “temas jurídicos y legales necesarios para seguir con estas acciones”.
La oficina de comunicación no respondió si existe algún cronograma o plazo para retomar los trabajos, ni si esto podría ocurrir en 2025.
AMPLACIÓN FRUSTRADA
La ampliación a cuatro carriles de la referida ruta, desde Escuintla hasta Ciudad Tecún Umán (Ayutla), frontera con México, se adjudicó en mayo de 2012 a la compañía brasileña Norberto Odebrecht.
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Esta hizo algunos trabajos y, de hecho, ciertos tramos quedaron de cuatro carriles. En el ingreso a Cocales, puede verse una vieja estructura que instaló de lo que sería el inicio del libramiento para evitar ese punto crítico.
Entre los ingresos de Flores y Colomba Costa Cuca, así como Coatepeque, en Quetzaltenango, también hubo una ampliación a cuatro carriles, pero sigue a medias, y con tramos que en horas de la noche son peligrosos para los que se conducen en ella.
Pero la corrupción se llevó ese sueño. Los trabajos quedaron abandonados, mientas que la empresa recibió cerca de Q1 mil 610 millones, de un contrato de Q3 mil millones que firmó con el CIV, en ese entonces, a cargo de Alejandro Sinibaldi.
En el portal Guatecompras, el concurso en el cual se adjudicó el contrato, refleja movimiento normal del proceso hasta el 25 de agosto de 2016. Posteriormente, pasaron más de seis años para que se volvieran a registrar documentos.
Uno de estos dice que el 6 de junio de 2018 la DGC resolvió aprobar la liquidación final del contrato suscrito y estableció que la constructora debía devolver al Estado de Guatemala US$370 mil 588.66 —unos Q2 millones 855 mil—, sin embargo, según lo que se puede ver en Guatecompras no ha ocurrido.
El último documento registrado es del 29 de agosto de 2023 y en este se hace constar que, hasta esa fecha, la compañía no había efectuado pago alguno.
Incluso, en uno de los fragmentos del escrito detalla que, para solventar el problema por medio de la ejecución de la fianza de cumplimiento, la DGC convocó a la constructora y a la afianzadora, pero solo la segunda acudió a la cita.
INTENTAN PALIAR PROBLEMA
Por el momento, las autoridades intentan minimizar los embotellamientos en partes del tramo, a través del ordenamiento vehicular.
El CIV dijo que, “diariamente, efectivos de la Unidad de Seguridad y Protección Vial (PROVIAL) regulan el tránsito en el entronque de las carreteras CA2-Occidente y Cito Zarco, que conduce a Quetzaltenango».
“Estas acciones tienen la finalidad de dar mayor fluidez vehicular al sector, que posee uno de los focos de mayor congestionamiento, mayormente en esta temporada de zafra y alta afluencia de turistas”, precisó el CIV en una comunicación con La Hora.
De igual forma, calificó como puntos críticos el paso por el puente Nahualate y la autopista Palín-Escuintla que, aunque está fuera de la CA2-Occidente, es un paso obligatorio para los automovilistas que viajan desde la capital hacia el sur.
“Provial continúa con la coordinación del tránsito, en apoyo a las unidades ejecutoras que trabajan en la continuación de los trabajos de reparación de ambas carreteras, con lo cual se busca agilizar los trabajos que permitan la fluidez del tránsito”, destacó la oficina de prensa.
Además, durante 2025 podría inaugurarse un libramiento que se construye con capital privado entre San Bernardino, Suchitepéquez, y San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.
Con esto se podría solucionar la problemática, al menos en un tramo y para los automovilistas que se dirigen a Retalhuleu; aunque, por su naturaleza, se deberá pagar un peaje.
HISTORIA DE CORRUPCIÓN
El problema de la fallida ampliación a cuatro carriles de la CA-2 Occidente tiene su origen en el consorcio brasileño de Odebrecht, que fue parte de una trama de corrupción a nivel latinoamericano que se saldó con escándalos en varios países y la detención de altos funcionarios, incluidos expresidentes.
Guatemala no fue la excepción; no obstante, hasta la fecha por este caso no hay sentencias contra ningún funcionario. Sinibaldi, así como el excandidato presidencial Manuel Baldizón, han sido procesados, pero han sido librados.
En una declaración que hizo al Ministerio Público (MP) cuando regresó a Guatemala, después de estar prófugo, el exministro de Comunicaciones reconoció haber recibido coimas y señaló a diputados y otros exfuncionarios.
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En febrero pasado, el secretario general del MP, Ángel Pineda, dijo en una entrevista con La Hora que existe una investigación abierta en contra de 108 exdiputados de Congreso que en 2012 aprobaron otorgarle un proyecto millonario a la empresa brasileña a cambio de presuntos sobornos, que alcanzaron los Q250 mil por voto; sin embargo, hasta la fecha tampoco se conocen resultados.
La pesquisa habría surgido a raíz del testimonio de Sinibaldi en contra de exdiputados, e incluso actuales congresistas.
El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) reveló que altos funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht reconocieron haber pagado alrededor de US$788 millones en sobornos a altos funcionarios de 12 países de Latinoamérica, a cambio de que se les adjudicaran obras de infraestructura.
De acuerdo con las declaraciones de los ejecutivos de la constructora, entre 2013 y 2015, Odebrecht hizo pagos corruptos a funcionarios guatemaltecos por aproximadamente US$18 para obtener contratos de obras públicas.
Sinibaldi, según su declaración de 41 páginas, narra la maraña de cómo los excongresistas negociaron con Odebrecht para darle luz verde a la aprobación bajo el auspicio del binomio presidencial de ese entonces, de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Los beneficios obtenidos por la empresa, a cambio de esas coimas, fueron de aproximadamente US$34 millones.
Las bancadas que apoyaron ese endeudamiento por el que Odebrecht presuntamente pagó sobornos fueron, Partido Patriota, Todos, UNE, Creo-Unionistas, FRG, Gana, PAN, Victoria, URNG, UCN, VIVA e independientes.
