La empresa Media Airport Systems pudo haber obtenido ingresos hasta por Q10 millones mensuales, según estimaciones que han hecho funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que hicieron la proyección con base a los precios del mercado.
Esta compañía explota actualmente áreas del interior del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) ya que ofrece servicios de publicidad. A cambio, se supone que tiene que pagar por el arrendamiento de los espacios al Estado, pero esto no ha ocurrido desde hace varios años, y a la fecha acumula una deuda de Q36.8 millones con la DGAC.
La firma se aprovecha de varias áreas de la terminal aérea, que suman 1 mil 774 metros cuadrados y, pese a que no ha pagado la deuda, consiguió que un juez civil le dictara medidas a su favor que garantizan sus derechos como arrendatario.
Esto impide que alguien, incluso el mismo Aeropuerto, ponga algún anuncio, como información de vuelos, del clima u otra de interés para los viajantes. Cada vez que intenta hacerlo, aseguran los funcionarios, la empresa llega advertirles de que cuentan con una resolución judicial que manda a respetar sus derechos.
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¿CUÁNTO HAN RECIBIDO?
El pasado 20 de septiembre autoridades del AILA y de la DGAC dieron a conocer la existencia de dos contratos que, a su criterio, son perjudiciales para el Estado puesto que se benefició a dos empresas para el arrendamiento de áreas para la colocación de publicidad.
Una de ellas es Media Airport Systems quien desde 2013 firmó un contrato con la DGAC que le da los derechos exclusivos de manejar la publicidad por 10 años, contados a partir de que se les entregue la última área del Aeropuerto, algo que no ha sucedido, al parecer en acuerdo con las anteriores autoridades.
Con la resolución judicial, la empresa pide que se respeten sus derechos como arrendatario, pero tiene una deuda de Q36.8 millones.
El día que los funcionarios dieron la información calcularon que la empresa pudo haber recibido un promedio de Q10 millones mensuales por la venta de publicidad en el interior del AILA.
Esto significaría que al año puede generar Q120 millones, y unos Q1 mil 200 millones en los 10 años que lleva de arrendar las áreas, si en todos hubiera tenido ingresos con ese promedio.
Para hacer el cálculo, las autoridades partieron del hecho de que, en un centro comercial se paga entre Q4 mil y Q5 mil por publicidad en una valla pequeña durante 15 días. El cálculo se hizo a pesar de que actualmente tienen varias vallas que están sin utilizar.
“Es una cantidad sustancial lo que ellos reciben por la publicidad en el aeropuerto”, dijo Erick Uribio, gerente general del AILA, el pasado 20 de septiembre. Esta millonaria suma son recursos que hacen falta al Aeropuerto con los cuales no se cuenta hoy en día, añadió.
Esa es una de las razones por las cuales a la DGAC le interesa recuperar dichas áreas, pero, a su vez, es la misma por la cual la empresa se resiste a abandonarlas, pese a que no solventa la deuda millonaria.
“Si no siguieran produciendo plata no tendrán sentido que siguieran aferrados. —La empresa— sigue haciendo negocios y eso es el incentivo que tienen para seguir aferrados a las áreas”, precisó el funcionario.
Hace poco tiempo, indicó, colocaron pantallas más grandes en uno de los espacios arrendados, lo que hace suponer que los anuncios que publicitarán ahí costarán más.
Cuando el personal del AILA se acercó a ver qué tipo de pantallas colocaría Media Airport Systems, pues les interesaba calcular cuánta energía eléctrica de más consumirían, un abogado rápidamente se acercó a ellos para advertirles de la resolución judicial.
Las autoridades dieron a conocer que, a diario, entre seis y ocho trabajadores de la empresa se mantienen en el interior del AILA para ver si se han colocado vallas o alguna otra publicidad sin su autorización, y que a los personeros de la empresa no les interesa hacer ningún arreglo con la DGAC.
SIN LOCALIZAR
La Hora intentó obtener la versión de la empresa, pero fue imposible.
La compañía se encuentra registrada como proveedora del Estado en Guatecompras, pero no le aparece mucha información. Prestó servicios a instituciones públicas, de 2009 a 2014, por Q1 millón 665 mil, por una cantidad pequeña de adjudicaciones.
En el sitio dice que su domicilio está en la 15 avenida A 21-24 de la zona 13 capitalina, y le aparece un número de teléfono que al marcarlo pareciera desconectado.
Además, no tiene sitio en internet, ni siquiera cuentas en redes sociales, lo cual pareciera poco usual para una empresa cuyo objetivo es ofrecer servicios de publicidad.
Este medio también trató de comunicarse con Juan Carlos García Hernández, abogado que ha firmado varios documentos legales de Media Airport, pero no contestó a las llamadas telefónicas.
Por último, se le dejó un mensaje de texto en su WhatsApp. Si responde o da alguna postura se incluirá en este espacio.
