Publicidad en el aeropuerto: la deuda de Q36 millones y la sombra de Sinibaldi

Una empresa que en 2013 firmó un contrato para arrendar 1 mil 774 mil metros cuadrados del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) con el fin de colocar publicidad, no le ha pagado a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Q36.84 millones y a pesar de la deuda sigue colocando anuncios, por los cuales recibe dinero.

Se trata de la compañía Media Airport System, S. A., que en el pasado ha sido vinculada con el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, señalado en al menos cinco casos de corrupción, de los cuales está a punto de librarse de todos. El abogado que constituyó la firma tuvo vínculos con Sinibaldi, comparten dos casos penales, y tenían una relación estrecha, según consta en una declaración.

De esa manera, la sombra del exministro aparece relacionada con dicha entidad.

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— Diario La Hora (@lahoragt) September 19, 2024

UNA TRAMPA DE 10 AÑOS

Ahora, la compañía amenaza a la institución cada vez que se intenta colocar anuncios en el Aeropuerto, puesto que cuenta con una resolución judicial que le mantiene derechos como arrendatario, a pesar de que no paga, aún y cuando en otro proceso ya perdió la demanda y la apelación.

En 2013 la empresa firmó un contrato con la DGAC que les daba el derecho de utilizar distintas áreas de la terminal aérea, con exclusividad, durante 10 años; es decir, solo empresas que pagaban Media Airport System podrían colocar publicidad en el AILA.

Pero al contrato se le incluyó una trampa. En el punto octavo especifica que los 10 años empezarán a contarse desde el momento en que finalice el acondicionamiento de las áreas arrendadas para que ellos coloquen publicidad, algo que la compañía, al parecer en asociación con las anteriores autoridades de la DGAC, postergó año tras año.

Por si eso fuera poco, desde 2014 Media Airport System ha venido acumulando una deuda con la DGAC; y, aunque continúan arrendando espacios para publicidad, hoy en día le adeudan a Aeronáutica Q36.84 millones.

NO SE VAN A SALIR

En junio de 2016, cuando ya se habían acumulado varios millones de deuda, la DGAC decidió dar por terminado el contrato porque así lo establecía el punto vigésimo séptimo del contrato que, en referencia a una de las causales de terminación incluía la “morosidad de dos meses en el pago de la renta fija o renta variable”.

Eso llevó a la compañía a que demandara al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por la vía de lo contencioso-administrativo, pero perdió el caso cuando la Sala Quinta resolvió sin lugar la demanda, en septiembre de 2018. En abril de 2019 tambien fue declarada sin lugar la apelación.

Pero antes, Media Airport System había iniciado un juicio sumario de amparo y posesión en contra de Francis Argueta, el exdirector de la DGAC, en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil de la capital, que el 29 de marzo de 2019 resolvió que Aeronáutica debía abstenerse de “cualquier acto administrativo que atentara en contra de los derechos del arrendatario”.

La resolución también ordenó al exdirector de la DGAC que debía permitir el “acceso, uso, disfrute y goce de las áreas que el arrendatario posee, para que este, pueda aprovechar directa o por medio de terceros (proveedores) los beneficios de uso del derecho referido”.

También, se le ordenó “instruir al banco respectivo, a la Dirección Financiera y cualquier otra dependencia, permitir a Media Airport System, realizar pagos o resolver sus peticiones sobre este asunto, de la forma más inmediata posible”.

Esta resolución, firmada por el juez Federico Gerardo Maza, la ha utilizado la empresa para continuar con sus actividades lucrativas dentro del AILA, aunque sigue sin solventar la deuda que mantiene con la DGAC.

La DGAC, a cargo de Francis Argueta en aquel tiempo, no se opuso a la acción judicial según abogados de la entidad estatal.

Cada vez que detecta la existencia de publicidad que no fue instalada por su gestión rápidamente amenaza a los responsables y recuerda que hay una orden de juez que lo prohíbe.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 3 de septiembre cuando el representante legal de Media Airport System envió una carta al gerente del AILA en la cual le manifiesta su “inconformidad” por tres rótulos en el área de Migración que fueron instalados sin que se les consultara, lo cual afecta sus intereses. Además, le recuerda la resolución del juicio sumario en la que el Juzgado Noveno dictó las medidas precautorias a su favor.

La empresa llegó al extremo de reclamar al Aeropuerto, en una carta firmada el pasado 17 de julio, el reintegro de Q20 mil 110 —a pesar de la deuda de Q36.84 millones que mantiene con la DGAC— por tres rótulos que los encargados del mantenimiento desecharon como basura cuando, supuestamente, iban a ser colocados en otro lugar.

RECURSO LEGAL

Uno de los abogados de la DGAC dijo a La Hora que ya presentaron la solicitud del levantamiento de medidas precautorias al Juzgado Noveno y explicó que las anteriores autoridades de la DGAC no tomaron acción alguna para tratar de revertir la resolución, que afecta a los intereses del Estado.

“Les dieron un golpazo y ni siquiera se movieron, por eso estas medidas quedaron firmes. En cualquier proceso, cuando la parte demandada es declarada rebelde y no consta o plantea una acción, después dictan sentencia. Nadie movió un dedo, pareciera que hubo una concertación”, explicó.

Precisó que, como están las cosas hoy, ni siquiera el Aeropuerto puede colocar pantallas con la programación de vuelos, condiciones del clima o cualquier otra información de utilidad para los pasajeros.

“Se le dio exclusividad sobre la publicidad dentro de las instalaciones, eso es algo inaudito, que se le dé el monopolio de la explotación de derechos dentro del Aeropuerto”, añadió.
Además, considera que el caso no debió llevarlo un juzgado civil porque el Estado está en desventaja frente a un particular puesto que mientras este puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, aquel solo lo que la ley le permite.

UNA EMPRESA LIGADA A SINIBALDI

De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, dicha compañía fue inscrita el 14 de julio de 2006, por el abogado Juan Arturo Jegerlehner Morales, quien fue abogado y concuño de Sinibaldi.

René Felipe Cardona Pérez y José Guillermo Yupe Rammírez, constituyeron la sociedad mercantil con un capital social de Q50 mil, cuyo objeto era la elaboración y comercialización de todo tipo de productos o servicios, así como la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, entre otros servicios.

La información da cuenta de que en 2010, por decisión de socios accionistas en una asamblea general extraordinaria de la empresa, se solicitó una ampliación de capital de Q49 millones 950, por lo que con ello ascendió a Q50 millones. Los trámites para dicho aumento fueron realizados por el abogado Carlos René Micheo Fernández.

Cabe señalar que Cardona Pérez, Yupe Ramírez y Micheo Fernández fueron ligados al caso de Construcción y Corrupción, por el delito de lavado de dinero y otros activos.

En los documentos del registro mercantil también figura Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, quien fue asistente del exministro Sinibaldi en el periodo de gobierno de Otto Pérez Molina y que fue colaboradora eficaz en dicho proceso y a la fecha enfrenta la justicia.

REPRESENTANTES LEGALES

Según el Registro Mercantil, la entidad ha tenido ocho representantes legales:

 

EL COLABORADOR EFICAZ

A la figura de colaborador eficaz también se acogió Jegerlehner, “el siempre sumiso”, como le llamaba Sinibaldi. Para asegurarse la libertad, el abogado incondicional y cercano del exministro pasó de ser una tumba a ser una caja de resonancia de los delitos que habrían cometido junto a Sinibaldi.

Un colaborador eficaz es una persona que, habiendo participado en un delito, colabora con las autoridades proporcionando información clave a cambio de beneficios legales, como la reducción de penas.

Para 2018, Jegerlehner fue encontrado culpable del delito de lavado de dinero a través de un procedimiento abreviado en el caso Odebrecht. La entonces jueza Erika Aifán lo condenó a tres años de prisión conmutables y le impuso una multa de US$100 mil.

En mayo pasado, en un segundo caso, denominado Construcción y Corrupción, Jegerlehner se sometió a un proceso de aceptación de cargos y la jueza Abelina Cruz lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.

JEGERLEHNER Y SU VÍNCULO CON SINIBALDI

Jegerlehner es el abogado que constituyó la empresa Media Airport System, y mantuvo una relación estrecha con el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Los vínculos se develaron en el caso Odebrecht, donde se evidenciaron sus negociaciones en el entramado internacional de corrupción, pero también el lazo de afinidad, puesto que el abogado estuvo casado con la hermana de la esposa de Sinibaldi, siendo así su concuño.

Sinibaldi, tras permanecer prófugo, se entregó a la justicia guatemalteca en 2020 y confesó en declaración testimonial al Ministerio Público los detalles para desenmarañar cómo, junto a diputados del Congreso de la República, particulares y el ex binomio presidencial del Partido Patriota, se habían concertado para favorecer a la constructora brasileña Norberto Odebrecht con un contrato de US$399.4 millones a cambio de sobornos.

La Hora tuvo acceso a dicha declaración y constató cuál era el rol de Jegerlehner, según la narración de Sinibaldi, en las 41 páginas del documento. A palabras del exministro de Comunicaciones, el abogado tuvo acercamientos con los directivos de Odebrecht de Panamá y recibió los millonarios sobornos en las cuentas offshore por un año. Así lo atestiguó su exconcuño.

Jegerlehner fue el intermediario entre Marcos de Cerqueira Lima Machado, entonces representante de la constructora Odebrecht en Panamá, y Sinibaldi, luego de tomar posesión como ministro de Comunicaciones. Así, junto a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cobraron en coimas $31.9 millones que habrían sido repartidos entre un centenar de figuras políticas y operadores.

Sinibaldi relató que en la primera reunión que tuvo con Jegerlehner para llegar a un acuerdo de su rol y responsabilidades en la estructura, el abogado de confianza fue a recibir los sobornos y él aceptó. “Fui claro desde el principio; le advertí que esto siempre conllevaba riesgos, a lo que me contestó que ‘dependía cuánto se ganaba él, que con billete baila el gallo’”.

“Negociamos y al final él aceptó hacerse cargo de abrir las cuentas, hacer las offshores y todo el trabajo necesario por el 3.5% de lo que él manejara en la cuenta; todo en concepto de honorarios más los gastos. De esa manera él se encargaría de pagar todo y hacer las coordinaciones necesarias”, se lee en la declaración.

A Jegerlehner no le bastó el 3.5% y ya cerrado el trato le replanteó a Sinibaldi que debía darle el 5%. El exministro no estuvo de acuerdo, pero accedió.

En esa época, el exministro confió a su abogado el manejo de sus cuentas en el exterior. Sinibaldi subrayó en su testimonio que, en 2017, estando prófugo, le solicitó a Jegerlehner una tarjeta de crédito de una cuenta en Suiza, pero nunca obtuvo respuesta a la solicitud.

Ante la suspicacia, fue él mismo quien pese a su estado de fugitivo se comunicó con el banco, quien le indicó que durante meses le pidieron a Jegerlehner que debía cerrar su cuenta.

Sinibaldi furioso le mensajeó a Jegerlehner y se desató una discusión fuera de tono, consta en la declaración. “Percibí en él un tono sarcástico, vengativo, y un gran resentimiento hacia mi persona”, destacó.

“Al final de la conversación me dijo: ‘Mirá manito, de aquí en adelante ya es sálvese quien pueda, yo ya no soy tu cholero, menos tu abogado, así que ya no me escribás ni me pidás ni m…’”, se lee en las últimas páginas.