Diseño: Alejandro Ramírez / La Hora
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Las 21 empresas y personas individuales que hicieron negocios con la estructura B410 facturaron más de Q9 mil 300 millones a diferentes instituciones del Estado, del 2020 a la fecha, pero principalmente al Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda (CIV), según un reporte generado por una herramienta tecnológica utilizada por La Hora y que recopila información de Guatecompras.

Estos contribuyentes hicieron compras por una suma de Q439 millones a 13 empresas o particulares de la referida estructura, denunciada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el pasado 14 de agosto por la evasión de Q300 millones en impuestos.

El caso fue denominado B410 por ser el número de empresas que conformaban la red y porque la mayoría había registrado una dirección ficticia en la colonia «Bamvi», la cual no existe, en la zona 7 capitalina. El hallazgo nació a partir de que estos contribuyentes facturaron más de Q6 mil millones y pagaron solo Q26 millones de impuestos.

En la investigación, la SAT dividió a los 21 contratistas del Estado en dos grupos. El primero conformado por 16 contribuyentes que le facturaron al Estado por Q4 mil 342 millones, y un segundo grupo de cinco constructoras, cuyos negocios con el Gobierno ascendieron a Q517.2 millones.

En total, este grupo de 21 contribuyentes facturó bienes y servicios por Q4 mil 859.2 millones. No obstante, la investigación de la SAT se centró del 2021 al 2023, por lo cual, si se toma en cuenta todo el periodo de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei hasta la fecha, el monto de la facturación asciende a Q9 mil 300 millones 741 mil.

 

PRINCIPALES EMPRESAS

Aunque la SAT no reveló el nombre de ninguno de los 21 contribuyentes incluidos en la denuncia, de la cual proporcionó copia a la Procuraduría General de la Nación (PGN) al Ministerio Púbico (MP) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC), La Hora pudo conocer cuáles son los contratistas, y que el principal es Asfalto y Petróleos de Guatemala (Aspetro), compañía relacionada con el exjefe del desaparecido Centro de Gobierno durante el gobierno de Giammattei, Miguel Martínez.

Aspetro fue el contribuyente, de los mencionados en la denuncia, que más adjudicaciones recibió por parte del Gobierno.

De acuerdo con Guatecompras, esta empresa obtuvo contratos por Q2 mil 14 millones, le sigue Asfalto Ez Street con Q1 mil 745.5 millones; 4 Carriles, Q558.4 millones; Juan Pablo Mansilla Morales (Coamco), Q511.7 millones y Dibe, que obtuvo adjudicaciones por Q448.6 millones. Estas cinco empresas representan casi el 60 por ciento del total de contratos que recibieron los 21 contribuyentes.

Este es el listado de contratistas con el monto recibido en contratos:

CLIENTES

Dentro de las instituciones del Estado que le compraron bienes o servicios a las 21 constructoras que menciona la denuncia de la SAT se encuentran seis ministerios, casi un centenar de municipalidades y otras instituciones públicas descentralizadas.

El CIV fue la institución que más contratos firmó con estas compañías, un total de 150, por Q8 mil 70 millones, el 87% del total. Le siguió el Ministerio de Salud que a las 21 empresas les adjudicó 17 contratos por Q297.5 millones, la Empresa Portuaria Quetzal, hizo lo propio con 12 adjudicaciones por Q130 millones y la Municipalidad de Guatemala le otorgó 11 por Q79.9 millones.

Luego, el Ministerio de Cultura y Deportes le hizo 9 adjudicaciones por Q63.3 millones, la comuna de Cobán, Alta Verapaz, 25 por Q56.3 millones y la de Santa Catarina Pinula, Guatemala, 12 por Q48.1 millones.

Dentro de sus principales compradores también se encuentra el Fideicomiso de apoyo a la planificación urbana, de la comuna capitalina, al cual le facturó Q47.8 millones, la comuna de Morales, Izabal, Q41.3 millones; y la de Masagua, Escuintla, Q30.7 millones.

El listado de las 20 instituciones que compraron se complementa así:

Diseño: Alejandro Ramírez / La Hora
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Entidad Adjudicaciones en millones de Q.

  • Ministerio de Desarrollo Social 26.19
  • Municipalidad de Antigua Guatemala 21.56
  • Municipalidad de Quetzaltenango 20.87
  • Municipalidad de Siquinalá, Escuintla 19.65
  • Municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz 19.37
  • Fideicomiso para la planificación de Villa Nueva 16.63
  • Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz 15.50
  • Municipalidad de Nuevo San Carlos, Retalhuleu 14.85
  • Empresa Municipal de Agua (Empagua) 14.44

Fuente: Guatecompras

 

IRREGULARIDADES

El día que el jefe de la SAT, Marco Livio Diaz, dio a conocer de ciertos hallazgos con estas compañías, entre estos, que dos no fueron localizadas, una compañía de responsabilidad limitada está fuera del país, tres denunciaron el extravío de documentos y seis tenían incompleta su contabilidad.

Además, se dio a conocer que cinco constructoras facturaron al gobierno horas de renta de excavadoras, camiones, motoniveladoras, compactadoras, vibradores para concreto y otro tipo de maquinaria para construcción.

Por lo menos 10 de estos 21 proveedores continuaron facturándole al Estado este año, de acuerdo con los datos de Guatecompras que registra al menos 38 adjudicaciones por Q72 millones. Sus principales compradores han sido, la comuna de Guatemala, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Siquinalá, Escuintla.

Los contribuyentes que registraron ventas al Estado en este año son:

  • Proyectos Generales y Construcciones Q17.9 millones
  • Coamco Q13.6 millones
  • PCS Constructores Q12.7 millones
  • Constructora y Transportes JLE Q8.8 millones
  • H3 Guatemala Q8 millones
  • José Rodolfo Guerra Diaz Q3.6 millones
  • Productos Especiales de Concreto Q3.1 millones
  • Conamagresur Q2.6 millones
  • Constructora y Transportes J. P. Q865 mil
  • Construsur Q346 mil

 

SAT: SALA NIEGA AMPARO PROVISIONAL A EMPRESAS

Por otro lado, la SAT informó el 4 de septiembre que en seguimiento a la denuncia penal denominada Caso B410, fueron notificados por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera que no se otorgó amparo provisional a empresas de esta estructura que pretendían evitar la suspensión temporal del IVA sin pagar los impuestos correspondientes.

«Reiteramos que las empresas vinculadas han sido inhabilitadas, con el debido fundamento legal, de manera temporal de la afiliación al régimen del IVA; por lo que tanto las instancias del sector justicia como la SAT, continúan sus esfuerzos para prevenir la defraudación tributaria y promover la competencia leal, garantizando la correcta recaudación para el desarrollo sostenible de Guatemala», afirmaron.

Sergio Morales
Periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Temas políticos, comunitarios, gestión pública y migración.
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