Los proyectos para la rehabilitación de carreteras de Chiquimula, aprobados en el Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, avanzaron bien y sí se finalizaron, contrario a lo que pasó con una docena de obras que La Hora visitó recientemente en otros departamentos y que quedaron a medias.
Desde carreteras, pasos a desnivel hasta puentes, estos proyectos por los cuales se desembolsó millones de quetzales no se han concluido. Este medio visitó obras en Escuintla, Guatemala, Santa Rosa, Zacapa y Jutiapa.
Pero en Chiquimula, parece, fue la excepción a la norma. De este departamento se recorrieron tres carreteras, cuyo mantenimiento estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).
Estas carreteras se encuentran en buenas condiciones, incluso, señalizadas, se pudo constatar en una visita por el departamento.
Los primeros dos tramos visitados son los comprendidos entre Ipala y San José La Arada, 17.4 kilómetros, y el que se encuentra sobre la ruta departamental RD-CHI-06, que va de San José La Arada a la bifurcación con la ruta centroamericana CA-10, aldea San Esteban, un total de 9.4 kilómetros.
Por ambos proyectos, Covial desembolsó Q64.7 millones a Poder Ecológico, S. A. una empresa que en la administración de Alejandro Giammattei obtuvo contratos por Q352.8 millones, cuando apenas, en 2019, comenzó a proveer servicios al Estado, de acuerdo con información de Guatecompras.
Aparte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) también firmó contratos que le representaron varios millones con las municipalidades de El Progreso, Jutiapa; Gualán, Zacapa; Casillas, Santa Rosa; y Santa Catarina Pinula, Guatemala, entre otras.
Chiquimultecos tuvieron buena suerte: carreteras del decreto 21-2022
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 27, 2024
La tercera ruta recorrida es la carretera que de Jocotán va hacia la frontera El Florido, con Honduras, de la cual se firmó un contrato para la rehabilitación de dos kilómetros que, en general, están en buenas condiciones.
El proyecto estuvo a cargo de Constructora La Carreta, a quien se le pagó Q9.7 millones.
FEUDOS
Con los años, Chiquimula se ha consolidado como el feudo del diputado Boris España, que llegó al Legislativo, en el 2012, en la 7ª legislatura, de la mano del desaparecido Partido Patriota, que hizo gobierno con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hoy procesados por varios casos de corrupción. Repitió la fórmula en el 2015, para alcanzar la 8ª legislatura.
En 2019 logró su segunda reelección, pero esta vez por medio del partido Todos, de Felipe Alejos, y finalmente en la 10ª legislatura participó con el partido VAMOS de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez y logró su tercera reelección.
Por aparte, en la elección del 2023, emergió una nueva figura. Quien fue alcalde por muchos años de Ipala, Esduin Javier Javier, que alcanzó el Congreso por primera vez, gracias al partido Cambio, de Manuel Baldizón. De hecho, fue el único diputado electo por esa agrupación política con lo cual la libró de desaparecer.
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EN ZACAPA
La situación de las carreteras cambia al revisar las de Zacapa. La Hora transitó por dos tramos que fueron adjudicados a través del decreto 21-2022, y que, al parecer, solo alcanzó para recapear ciertas partes.
Estos proyectos son: el recapeo menor de dos tramos de la ruta CA-10, el primero entre Río Hondo y el ingreso a la cabecera departamental de Zacapa, y el segundo, entre este y la aldea El Ingeniero.
El recapeo se adjudicó a Grupo Internacional de Proyectos, S. A., por un monto de Q71.5 millones, de los cuales se les pagó Q21.4 millones.
A pesar de que el contrato se firmó por el recapeo de 17.4 kilómetros, el día que este medio recorrió la ruta se pudo constatar que hay partes que quedaron agrietadas, con hoyos o que, posiblemente se recapeó, pero con el paso de las semanas de nuevo se arruinó.
El Decreto 21-2022 fue aprobado el 15 de marzo del 2022 en medio de fuertes críticas de distintos sectores sociales que reclamaban la inusual rapidez con la que se aprobó el proyecto de ley, apenas en 15 días desde que fue presentada por la diputada Shirley Rivera, en ese entonces presidenta del Congreso, en Dirección Legislativa.
Entre los señalamientos estaba que los proyectos incluidos en la ley respondían a intereses electorales, puesto que en el 2023 se celebrarían elecciones, y que muchos carecían de respaldo técnico.
En este sentido, el exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, reconoció que el proyecto de ley no fue una iniciativa de su ministerio y al ser cuestionado por el respaldo técnico de las obras propuestas dijo que habría que preguntarles a los diputados distritales, puesto que ellos fueron quienes las propusieron.
