El diputado del partido Vamos, Boris España, presentó recientemente una iniciativa a la Dirección Legislativa del Congreso, la cual busca otorgar amnistía laboral a los docentes del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (STEG) que dirige Joviel Acevedo y que participaron en las asambleas permanentes y el paro de labores en protesta contra las acciones del Ministerio de Educación (Mineduc), propuesta que según analistas podría ser inconstitucional y “nefasta”.
La sugerencia del congresista pretende que las sanciones administrativas, disciplinarias o judiciales que se impusieron a los educadores, que realizaron una huelga “ilegal”, por más de tres meses queden sin efecto.
El abogado constitucionalista Ovidio Orellana, estima que dicha iniciativa es una propuesta eminentemente política y que, de aprobarse por el Congreso, podría ser declarada inconstitucional.
El especialista dijo que al revisar la exposición de motivos y el contenido del proyecto, se puede determinar que no tiene ningún soporte constitucional o legal idóneo alguno que le faculte para emitir esta clase de disposición general.
Agregó que “no existe en el ordenamiento constitucional y legal del país norma jurídica alguna que regule, faculte y respalde al Congreso de la República de Guatemala a aprobar una Amnistía Laboral como la planteada, pues la única que está regulada constitucionalmente, es la relacionada con los delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija la conveniencia pública”.
Orellana quien es expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, añadió que existen resoluciones constitucionales que deben cumplirse y procedimientos disciplinarios que agotarse, por lo que una disposición de esta naturaleza “no es ni puede ser superior a un mandato constitucional ni a una decisión judicial de tipo constitucional, ello, por virtud de la jerarquía normativa”.
El profesional añadió que las instituciones se rigen por el principio de legalidad que impone que solo pueden hacer lo que la Constitución Política de la República y las leyes les facultan, por lo que todo lo que se realice fuera de esos alcances, o es inconstitucional o arbitrario.
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SAQUEADOR Y NEFASTO
Por su parte, el abogado Edgar Ortíz, opina que lo más importante es el mensaje que envía una propuesta de esa naturaleza, la cual califica de nefasta.
“Hemos visto que el STEG es un sindicalismo podrido, desfasado, que no es aliado a la educación e irresponsablemente han afectado la educación de los niños y la movilidad de miles de guatemaltecos que no pudieron circular a causa de esas movilizaciones ilegales”, dijo.
De acuerdo con el profesional, el mensaje político que se envía es que se está en contra del pueblo, porque el sindicato no es sano, no es legítimo, ya que no busca las mejoras de sus maestros, sino de un grupo político que ha saqueado el presupuesto nacional por décadas y hoy está encontrando la ruina.
“Lo que quiere el diputado España es revivir o evitar que muera ese sindicalismo criminal que representa Joviel Acevedo”, afirmó.
Según Ortíz, la agrupación política de Vamos, ve a dicha agrupación como un mecanismo que para afectar al Gobierno actual y ello declina en una oposición irresponsable.
El analista indicó que cuando las personas cometen una falta y no pagan por sus consecuencias, manda una señal a otros grupos para que desobedezcan o infrinjan una norma, ya que no habrá ninguna repercusión y «el Congreso los va a perdonar».
“Es un mal mensaje para los maestros, pero especialmente para los niños y los padres, quienes realmente son los afectados. Hay un interés político que va en contra del interés de los niños, esa es la maniobra”, concluyó.
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PROMUEVE LA IMPUNIDAD
A decir de María Esther Ortega, analista de educación, esta medida puede ser un retroceso cuando “por fin hay consecuencias para los maestros que participaron en una huelga que no fue legal”.
La especialista espera que nadie secunde esta propuesta, ya que a su criterio, lo más justo es que se siga el proceso y de ser necesario que los profesores que dejaron a los niños sin clases sean despedidos.
“Esa propuesta contraviene las disposiciones de los jueces, del Ministerio, la Corte Suprema de Justicia y hasta la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente, el mensaje que daría es de impunidad, que cualquier persona puede hacer lo que quiera que no habrá consecuencias”, refirió Ortega.
De acuerdo con la experta, los procesos deben seguir su curso y los maestros pagar las consecuencias por la decisión que tomaron, ya que los afectados fueron los niños, quienes todavía no se han recuperado de la pandemia del Covid-19.
“Es más, creo que las tutorías que el Ministerio va a pagar por el tiempo perdido, las deberían de pagar los que no trabajaron”, expresó.
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“AMNISTÍA DISFRAZADA DE IMPUNIDAD”
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, al referirse a la iniciativa consideró que “cualquier amnistía disfrazada es impunidad garantizada”, e insistió en que es un mal mensaje que se envía a los maestros que sí cumplieron con sus obligaciones con los miles de niños y adolescentes en los centros escolares al no abandonar las aulas.
“¿Qué mensaje mandaría a los padres de familia que sufrieron las consecuencias de docentes irresponsables y qué mensaje mandaría al pueblo de Guatemala que existe el cumplimiento de la ley?”, expresó el funcionario.
Por su parte, el viceministro administrativo del Mineduc, Donaldo Carías, expresó que respetan las acciones del Congreso de la República, pero considera que sin duda es un mal mensaje para los docentes que estuvieron laborando, mientras otros decidieron suspender las clases dejando a miles de estudiantes afectados.
El funcionario dijo que todos los empleados públicos deben ser responsables en asistir a los lugares de trabajo y rendir cuentas a la ciudadanía.
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QUÉ DICE LA PROPUESTA
La iniciativa No. 6611, “Ley de amnistía laboral al personal del Magisterio Nacional involucrado en el paro de 2025”, fue enviada a la Dirección Legislativa el 19 de agosto de 2025, por el diputado por el departamento de Chiquimula, Boris España del partido Vamos.
En la exposición de motivos, el congresista hace referencia que en 2003, luego de una prolongada huelga magisterial, el Congreso aprobó el Decreto 10-2003, por medio del cual se concedió amnistía laboral al Magisterio Nacional, “restituyendo sus derechos, ordenando el pago de salarios retenidos y cerrando procesos disciplinarios iniciados en contra de quienes participaron en las acciones colectivas”.
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Refiere que en 2025 el STEG convocó a un paro nacional de labores, el cual aparte de exigir demandas salariales, incorporó exigencias sociales que estaban vinculadas al bienestar de la niñez, como condiciones adecuadas de infraestructura, seguro escolar, mejoras en programas de alimentación, entre otras.
Sin embargo, según el parlamentario, el Mineduc mantiene procesos disciplinarios, sanciones y amenazas de despido en contra de los manifestantes que participaron en la huelga.
La propuesta tiene únicamente dos artículos, el primero se trata de la amnistía laboral para los docentes que participaron en el paro en los meses de enero a agosto de este año, el segundo pide la restitución de sus derechos, en los cuales se incluye dejar sin efecto las medidas disciplinarias, administrativas o judiciales adoptadas, incluso, el pago de los salarios retenidos.
