El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), le adjudicó el pasado 14 de julio un contrato de Q9.1 millones a Ericka Azucena Schwartz Castellanos, para el mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada en Quiché.
Cabe recordar que dicha proveedora individual cuyo nombre comercial es Sermat, fue señalada de hacer negocios con la estructura B410, una red de empresas y personas individuales señalada de la posible evasión fiscal de Q300 millones, según una investigación realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y dada a conocer en 2024.
Una herramienta tecnológica que utiliza La Hora, la cual recopila datos de Guatecompras explica que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), solicitó dicho servicio para que sea ejecutado en 10 meses. De acuerdo con las bases, el trabajo se hará en varios tramos carreteros de ese departamento.
Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez
EL CASO B410 Y SERMAT
El 14 de agosto de 2024, en una conferencia de prensa, el exjefe de la SAT, Marco Livio Díaz, dio a conocer la estructura de 410 empresas que hicieron millonarios negocios con el Estado, a las cuales se le realizó una auditoría durante el 2021, 2022 y 2023.
La información daba cuenta que el 75% de las firmas fueron constituidas por el mismo abogado y la totalidad contaban con el mismo representante legal.
Esas compañías se convirtieron en proveedoras de varias instituciones del Estado en esos años, entre estas la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de la Defensa, Ministerio de Cultura, el Consejo nacional de Áreas Protegidas (Conap) y varias municipalidades.
Según los datos, los negocios ascendieron a más de Q81.7 millones, mientras que las empresas reportaban estados financieros apenas con un capital de Q4 mil 500, y cuando la relación entre débitos y créditos es menor al 4 por millar.
En su momento, la SAT explicó que esas compañías, en la sección financiera de sus declaraciones sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR), “no presentan activos que validen la infraestructura para el desarrollo de sus actividades comerciales”.
SAT denuncia una estructura llamada "B410" y señala masiva defraudación
Entre otras irregularidades que detectaron las autoridades tributarias, está que los contribuyentes tenían registrados domicilios en zonas rojas, pero no fueron localizados y contaban con el mismo perito contador.
Las investigaciones también dieron como resultado que 21 contratistas del Estado hicieron negocios con la estructura B410, entre ellas se menciona a Ericka Azucena Schwartz Castellanos, quien fue inhabilitada por la SAT.
Los registros de Guatecompras, detallan que Sermat obtuvo contratos por Q261.9 millones de 2020 a 2023 durante el periodo presidencial de Alejandro Giammattei, con varias entidades del Estado, entre ellas el CIV, el Ministerio de Salud Pública y varias municipalidades.
La Hora consultó al MP al respecto de la denuncia presentada por la SAT hace casi un año por el caso B410, en dónde la Superintendencia hizo mención de la entidad, sin embargo, al cierre de edición de este trabajo no se había recibido una respuesta.
De enviarse una postura se incluirá en este espacio.
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TODO ESTÁ SOLVENTADO
Eduardo Hernández, quien se identificó como un trabajador de la empresa Sermat, al ser consultado sobre los señalamientos de su vinculación el caso de la estructura B410 y la reciente adjudicación, manifestó que todo está solventado y que no tienen ningún impedimento en participar en ese tipo de concursos.
Por su parte, Ana Luisa Olmedo, directora de Comunicación Social del CIV, aseguró que dichos eventos se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado, y en ese caso no indica que no puede ser adjudicada una licitación a una compañía solo por tener señalamientos.
Agregó que quien tiene la decisión de adjudicar o no, es la Junta de Licitación, cuyos integrantes analizan varios factores que están en las bases como la experiencia, la garantía y el precio, este último fue decisivo para entregar el contrato a la empresa mencionada, ya que participaron dos más, pero la oferta era más alta.
Recientemente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), adjudicó la contratación del servicio de limpieza general en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), a la empresa Matrisa, S.A., una compañía que es señalada de tener o haber tenido relación con Melvin Quijivix, expresidente del Instituto nacional de Electrificación (Inde) recientemente capturado y luego dejado en libertad condicional, por un caso de corrupción.
El proceso de licitación se lanzó el pasado 15 de mayo y es por el «servicio de limpieza para el edificio y módulos sanitarios» del aeropuerto en mención. El contrato abarca 24 meses, aunque este todavía no se ha firmado.
La DCAC manifestó por medio de un comunicado que «es importante destacar que, de acuerdo con la ley, solo pueden participar las empresas que cumplan con los requisitos legales y técnicos establecidos en las bases de licitación».
LLAMADO A PARTICIPAR
El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado para que más «empresas honradas» se presenten a los eventos levantados por el Estado y anunció que analiza una ruta para resolver la adjudicación de un contrato hecho por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a una empresa señalada de vínculos con el expresidente del INDE.
«Se hace una llamada a que empresas honradas, trabajadoras, y transparentes de Guatemala a que por favor se presenten a cotizar en todos los eventos que se están lanzando, que vayan desde la construcción de un puente, una carretera, hasta el aprovisionamiento de bienes de cualquier índole», agregó Arévalo.
Por contrato de limpieza en Aeropuerto La Aurora, Presidente insta a «empresas honradas» a competir
El mandatario indicó que dentro de este ecosistema, «hay un problema fundamental, y es que no había nada que le impidiera a estas empresas comerciales presentarse a cotizar a este tipo de eventos».
También destacó que el problema central recae en la necesidad de que más empresas se presentan y compitan, «para ir rompiendo esos condicionamientos. Es fundamental para poder efectivamente superar una economía de la corrupción que ya estaba enquistada en los procesos de compra y contrataciones».
