La Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), compró en 2024, 40 mil colchones ortopédicos para uso de los agentes de dicha institución, en las diferentes comisarías. El precio que pagó por cada uno fue de Q815 para un total de Q32 millones 600 mil.
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la adquisición se hizo por medio de la licitación pública con el NOG 2324535, la cual fue publicada el 15 de julio y adjudicada el 6 de septiembre a la empresa Distribuidora Comercial, Tecnológica, Médica y de Servicios Generales, S.A., según el contrato PNC-SC-SGAL2022.
Los auditores determinaron que la PNC compró las colchonetas a Q815, mientras que en eventos anteriores con otros proveedores las habían obtenido a Q590, lo cual comprueba que fueron realizadas “erogaciones dinerarias innecesarias”, pues al hacer una suma total pagaron Q9 millones más en esta adquisición.
LAS CARACTERÍSTICAS QUE NO CUMPLIÓ LA EMPRESA
El hallazgo del ente fiscalizador también señala que en el proceso de adjudicación, se incluyeron las siguientes especificaciones técnicas: medidas 85 cm de ancho x 185 cm de largo y 8 pulgadas de grosor, forrado de pantalón, con alta durabilidad y resistencia, soporte ortopédico, relleno de esponja de calidad y densidad, así como multienguatado, con resortes de acero 100×25 y sistema de doble vuelta para uso de ambas caras.
No obstante, se logró constatar que los integrantes de la comisión receptora y liquidadora no hicieron una verificación cuando se recibió el producto y los somieres no llenaban los requisitos, pues tenían medidas inferiores a las solicitadas tanto en largo como grosor, no eran multienguatados y tuvieron un deterioro prematuro y hundimiento excesivo.
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Otra de las irregularidades encontradas durante la auditoría es la falta de solicitudes previas, ya que “la requisición de compras se hizo sin respaldo a las necesidades reales de las dependencias y no todas enviaron sus requerimientos”.
El informe refiere que el Director General de la PNC, en funciones, nombró a la comisión receptora sin considerar la idoneidad de las personas designadas. Mientras que el subinspector en funciones, solicitó el dictamen técnico al jefe de la oficina de mobiliario sin tomar en cuenta la experiencia para emitir opinión sobre los detalles técnicos de los productos.
Además, la junta de licitación le adjudicó al proveedor Distribuidora Comercial, Tecnológica, Médica y de Servicios Generales, S.A., pese a que no cumplía los requerimientos solicitados en las bases en relación con la experiencia y garantía de calidad.
De acuerdo con la CGC, uno de los efectos en dicho proceso de compra, es la falta de calidad en el gasto público, ya que no llenan los estándares de calidad, ocasionando un menoscabo y como consecuencia “pérdida de recursos financieros para el Estado”.
LAS PRUEBAS DE DESCARGO
En su defensa, Helver Romeo Beltetón Moscoso, director en funciones de la PNC en ese periodo, manifestó que no ejerce competencia en materia de procesos administrativos de licitación y que su participación en el expediente se limitó directamente al ejercicio temporal de sus responsabilidades en ausencia del titular, por lo que solo le correspondió seguir con los trámites ya iniciados cumpliendo el debido proceso.
En el informe se lee que fue nombrado por un lapso de tres días, dentro de los cuales se siguió la gestión compra y él se circunscribió al nombramiento de la comisión receptora y liquidadora.
Sin embargo, la Contraloría confirma el hallazgo y desvanece las pruebas de descargo que presentó. En ese sentido, se impusieron las siguientes sanciones económicas.
MÁS HALLAZGOS
La Contraloría también detectó que la PNC hizo una compra excesiva de baterías para motocicletas TMR modelo 2022 por, Q477 mil, el 21 de diciembre de 2024.
La información refiere que adquirieron 1 mil 800 unidades, las cuales no han sido distribuidas, por lo que establecieron que por el consumo mensual debieron hacer solicitud menor para mantener en existencias, pues de septiembre a diciembre solo habían entregado 115.
Los auditores detallaron que las autoridades policiales no coordinaron la correcta administración para la adquisición de los artículos para motos, ya que había suficientes en existencia en la bodega y no consideraron el consumo real.
De acuerdo con la entidad fiscalizadora, este tipo de compras genera un gasto innecesario que puede ser utilizado en otros repuestos para la movilidad del parque vehicular policial.
Por su parte, el subdirector de la PNC, Erlin Godínez, manifestó que en 2024 el estado de fuerza de las motos tipo radiopatrulla modelo 2022 era de 1 mil unidades y las modelo 2023, 2 mil, haciendo un total de 3 mil distribuidas a nivel nacional. Por lo que era necesario reemplazar las baterías en un tiempo de 6 a 7 meses de uso y el evento se proyectó, ya que pasaron casi dos años de uso de los vehículos de dos ruedas.
Reiteró que el contrato se realizó de forma racional e idónea y que para abastecer de baterías al total de motocicletas todavía hacen falta.
Pero, pese a los argumentos del subdirector, la CGC impuso una sanción económica de Q4 mil 778, para los involucrados en dicho proceso.
LOS CONTRATOS DE LA EMPRESA
Distribuidora Comercial, Tecnológica, Médica y de Servicios Generales, S.A., cuyo representante legal es Ismael Yat Pérez, ha tenido contratos por Q121 millones 730 mil 850 de 2013 a 2025, según los registros del portal gubernamental Guatecompras.
En este año ha tenido ingresos de Q105 mil 491 por baja cuantía, por la venta de discos duros, destructoras de papel, escritorios, escáner y tintas para impresora.
En 2024, aparte de la venta de colchones a la PNC, le fue adjudicado por el Ministerio de Cultura y Deportes un contrato por Q876 mil 375, por 6 mil 150 pelotas de voleibol a Q142.50 cada una.
También el Ministerio de Gobernación le dio dos eventos más, uno por Q540 mil por 2 mil 300 tenis de hombre en diferentes tallas para los alumnos del curso básico de formación de agentes de la subdirección general de estudios y doctrina de la PNC y el otro por la compra de 45 literas de metal tamaño imperial a un costo de Q78 mil 750.
En 2023 tuvo 14 adjudicaciones por Q9.9 millones con varias entidades como la Empresa Portuaria Quetzal, el Mingob, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, entre otras.
Mientras que en 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, que fue su año más productivo, tuvo un contrato de Q44 millones con la cartera del interior por la venta de 80 mil botas tácticas de diferentes tallas a un costo de Q550 cada par.
