Una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), muestra que el Estado de Guatemala ha pagado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un monto de Q8.6 millones por la comisión de crédito sobre saldos no desembolsados, debido a que el Ministerio Público (MP), se ha tardado en ejecución del préstamo que utilizará para ampliación del edificio de la sede central, Barrio Gerona, zona 1.
Según el hallazgo de la CGC en 2024, hay una “deficiencia en el uso del recurso financiado por cooperación externa”.
La información explica que el Congreso autorizó al organismo Ejecutivo para que suscribiera el contrato de préstamo número 3849/OC-GU con el BID por un financiamiento reembolsable de US$60 millones, es decir Q460 millones a una tasa de cambio de 7.67, para la ejecución del programa de Fortalecimiento y Modernización del MP.
MP justifica selección del oferente más caro para construir la torre III
El plazo original de desembolsos es de cinco años, con vencimiento el 23 de abril de 2025, pero al 31 de diciembre de 2024 el ente investigador solamente había invertido US$13 millones, teniendo un monto pendiente de US$46 millones.
El documento detalla que al no utilizarse los recursos en ese período, el Gobierno de la República debió pagar al BID la cantidad de US$1,126,952.18 (Q8,609,914.65 millones, tasa de cambio 7.67) por la comisión de crédito sobre los saldos no desembolsados.
SE DEFIENDEN
Según el informe, el argumento del ente investigador, encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras, fue que no habían obtenido 15 licencias, permisos de diferentes instituciones, estudios de prefactibilidad y el proceso de la adjudicación para la construcción de la Torre III.
Además, se informó que el Ministerio de Finanzas Públicas realizó un proceso para solicitar una prórroga al ente internacional, para poder ejecutar a tiempo.
Pese a su defensa la institución fiscalizadora impuso una multa de Q17 mil 719 a Fausto Vinicio Córdova, jefe del departamento de Ejecución de Proyecto de Cooperación y otra de Q29 mil 276 a Eduardo Mejía Calito, Secretario de Asuntos Internacionales y de Cooperación, por no realizar una debida supervisión de las actividades del programa y no analizar los resultados que surgieron en seguimiento de los indicadores de avance físico, financiero y las metas definidas.
La CGC señaló que uno de los efectos, al no utilizar oportunamente el financiamiento, es el pago de la comisión de créditos en perjuicio del Estado de Guatemala.
MP adjudica la construcción de la torre III de la sede de Gerona, por Q303.6 millones
HASTA ESTE AÑO ADJUDICARON
Luego de varios meses de evaluación, el 16 de abril de 2025, el MP otorgó el evento a la compañía guatemalteca Apca Rezgua/Constructora R y P Limitada, la ampliación de la Torre III del edificio de la sede central por Q303.6 millones identificada con el NOG 23716347.
La información de Guatecompras detalla que el representante de la empresa es Mario René Razuleu Guzmán, quien ya ha tenido varios negocios con instituciones del Estado.
Según el portal gubernamental, la compañía ha tenido contratos millonarios, pero uno de los más grandes lo obtuvo en 2023, cuando se le adjudicó la construcción del Hospital de Sololá, por Q274.2 millones, el cual fue ofrecido durante la pandemia del Covid-19, por el expresidente Alejandro Giammattei, el cual aún no está terminado.
Hasta el momento la adjudicación más onerosa que ha tenido Apca Rezgua es la del MP, por Q303.6 millones.
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QUÉ TENDRÁ EL NUEVO EDIFICIO
De acuerdo con el MP, la ampliación de la Torre III consta de dos volúmenes. Uno que llega hasta un cuarto nivel y el otro, retirado, en la parte frontal del edificio que conduce hasta el octavo piso, más tres sótanos con 330 plazas de estacionamiento.
En el área de la terraza de la cuarta planta, se conectará a la torre II por una extensión estratégicamente diseñada para los usuarios. La edificación contará con oficinas para la fiscalía, sala de reuniones, auditorio y capilla.
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), registra que la fiscal Porras es la responsable del proyecto junto a Karen Viviana Espino Lucero, quien es consignada como la especialista en gerencia de inversión pública.
