La jueza de Mayor Riesgo Abelina Cruz Toscano ordenó que María Marta Patricia Castañeda Torres —pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el «Lobo», máximo líder del Barrio 18— no permanezca en aislamiento dentro del centro preventivo Mariscal Zavala y sea reubicada en el área destinada a mujeres privadas de libertad.
La decisión se adoptó pese a información extraoficial proporcionada a La Hora por fuentes ligadas a la investigación, que la identifican como la principal estratega e inteligencia detrás de esa estructura criminal, mientras su conviviente ejecutaría las acciones operativas.
El aislamiento de Castañeda Torres fue ordenado luego de que el 18 de enero iniciara una violenta ofensiva del Barrio 18 que dejó 10 policías muertos y al menos ocho heridos, y que incluyó la toma simultánea de tres centros penitenciarios con decenas de rehenes. La escalada llevó al Gobierno de Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio por 30 días en todo el país, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La resolución de la jueza se produjo tras una serie de recursos interpuestos por la defensa de Castañeda Torres, luego de que el 20 de enero —en medio del estado de sitio decretado tras la ofensiva atribuida al Barrio 18— el Sistema Penitenciario la trasladara a una celda en aislamiento por razones de seguridad. Ese mismo día, fuerzas de seguridad acudieron al centro de detención para ejecutar el traslado, una medida que fue rechazada por la procesada, quien denunció una supuesta violación a sus derechos humanos.
Un video exclusivo al que tuvo acceso La Hora muestra el momento previo al aislamiento. En él, Castañeda Torres —sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres— cuestiona el procedimiento y anticipa acciones legales contra las autoridades penitenciarias.
“¿Yo estoy haciendo algo? ¿Estoy haciendo algún motín o son represalias para otra gente? (…) Yo quiero que quede aquí bien claro que se me están violando mis derechos humanos (…) ahorita va denuncia de mis abogados para el ministro de Gobernación, para el director general del Sistema Penitenciario, para todos, porque esto puede ser algo extrajudicial”, afirmó antes de ser conducida.
La Hora tuvo acceso a las resoluciones que emitió la juzgadora y que beneficiaron a la esposa del máximo líder del Barrio 18.
Dos días después, el 22 de enero, la jueza Cruz ordenó que Castañeda Torres continuara en prisión preventiva en el centro de detención de la zona 17, pero dispuso que fuera ubicada en el sector correspondiente a su género, bajo la responsabilidad directa del Sistema Penitenciario de garantizar su vida e integridad física. La resolución fijó un plazo de 24 horas para informar sobre su cumplimiento y advirtió que, de no hacerlo, se certificaría lo conducente contra los responsables.
El Sistema Penitenciario defendió la medida de aislamiento inicial al asegurar que la procesada contaba con servicios básicos —cama, baño, lavamanos y seguridad— en la celda asignada. No obstante, la jueza consideró insuficiente ese argumento y, el 27 de enero, emitió una nueva resolución en la que ordenó de forma expresa el retorno de Castañeda Torres al área de mujeres, con la condición de que no compartiera celda ni espacios con integrantes de pandillas. De nuevo, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales en caso de incumplimiento.
CRUZ ASUME CONTROL DEL CASO
Cruz no es la jueza natural del caso. El expediente lo tiene asignado la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez; sin embargo, en las resoluciones firmadas por Cruz consta la leyenda “quien conoce en virtud del acuerdo 17,908-2025 de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia”, que formaliza su intervención en sustitución de la titular.
Fue Domínguez quien, el pasado 8 de octubre, ligó a proceso penal a Castañeda Torres por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, en el marco de la investigación por el segundo atentado contra la fiscal del Ministerio Público Miriam Reguero, perpetrado en marzo del año pasado a las afueras del hospital del IGSS en la zona 9 de la capital.
Según la acusación fiscal, la estructura criminal se dedicaba al sicariato y la imputada habría actuado por órdenes de su conviviente, cabecilla de la Rueda del Barrio 18.
UNA JUEZA BAJO ESCRUTINIO
Abelina Cruz ocupa desde enero de 2023 el Juzgado de Mayor Riesgo D. Su nombre se ha vuelto recurrente en la agenda judicial por una serie de resoluciones que han beneficiado a actores vinculados a casos de corrupción de alto impacto investigados por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
En su juzgado se cerró el proceso contra el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y se anularon dos órdenes de captura contra sus hermanos. También quedaron sin efecto expedientes que involucraban al excandidato presidencial Manuel Baldizón, al exdiputado Estuardo Galdámez, al expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez y a otros operadores políticos y económicos de peso. Incluso estructuras criminales, como Los Ventura, vieron reclasificados sus delitos a figuras penales de menor gravedad.
Estas decisiones han alimentado la percepción, entre organizaciones de derechos humanos y antiguos operadores de justicia hoy en el exilio, de que el despacho de Cruz ha funcionado como una vía de alivio procesal para redes político-económicas. La jueza ha rechazado reiteradamente esos señalamientos. “Mis resoluciones hablan por mí. Si alguien quiere saber por qué fallé así, que lea mi resolución”, afirmó en una entrevista con La Hora en agosto de 2024.
En cuanto a Castañeda Torres, sobrina de la expresidenciable Sandra Torres, no es ajena al sistema judicial. En 2017 fue ligada a proceso por el motín ocurrido en la cárcel de Pavón, en el que murió el exmilitar Byron Lima Oliva y que dejó al menos 14 fallecidos. El Ministerio Público la señaló entonces de haber ingresado armas al centro penitenciario.
También ha enfrentado procesos por estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero. En 2020 fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por haber cobrado servicios inexistentes a una municipalidad de Quiché. En otros casos, las investigaciones apuntaron a un patrón de uso de empresas de fachada para desviar fondos públicos, en el que la vincularon con su hermana.
