El suegro de uno de los hombres de confianza del diputado Felipe Alejos Lorenzana —figura central del partido TODOS— ocupó el cargo de Superintendente de Bancos, (SIB) aspecto que coincidió con el periodo en que el congresista fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky. Washington lo señaló de participar en una red de corrupción y de sobornos dirigida a otros legisladores con el fin de influir en la elección de magistrados en las cortes del país y blindarse con inmunidad.
A través de la conexión familiar de uno de sus colaboradores más cercanos, las transacciones financieras sospechosas vinculadas a Alejos habrían pasado desapercibidas para la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la unidad de inteligencia financiera de Guatemala. Este vínculo le habría permitido operar sin mayores obstáculos dentro del sistema bancario nacional.
VÍNCULO ENTRE EL SUPERINTENDENTE Y ALEJOS
El vínculo que conectó al diputado Alejos Lorenzana con la Superintendencia fue Emerson Leao Gabriel García Morales, actual secretario general del partido político Todos y asesor cercano del congresista desde hace años. García Morales es yerno del exsuperintendente Erick Armando Vargas Sierra.
Según consta en la partida de nacimiento de García Morales, el asesor contrajo matrimonio en 2017 con la hija de Vargas Sierra.
Un año después de esa unión, en 2018, Vargas Sierra fue nombrado jefe de la SIB por el entonces presidente Jimmy Morales, para un periodo de cuatro años. El vínculo familiar fue confirmado también mediante el certificado de nacimiento de la hija del exsuperintendente, emitida por el Registro Nacional de las Personas.
La Hora llamó a García Morales para consignar su postura en este trabajo, pero no contestó a la llamada de esta redacción.
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SANCIÓN DE EE. UU.
Para ese entonces, Alejos ya contaba con una posición de poder en el Congreso. Su bancada, TODOS, actuaba como bisagra en la alianza oficialista encabezada por FCN-Nación y jugó un papel clave en la defensa del expresidente Morales ante los intentos de retirarle la inmunidad.
Sin embargo, en 2021, Alejos fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos. “Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un funcionario y a un exfuncionario del Gobierno guatemalteco por su papel en la corrupción en Guatemala”, anunció entonces la entidad.
Según el comunicado, en febrero de 2020 la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) descubrió que Gustavo Adolfo Alejos Cámbara —exsecretario privado de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012)—, mientras guardaba prisión preventiva por presuntos actos de corrupción, intentaba influir en el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.
Para lograrlo, Washington menciona que Gustavo Alejos facilitó pagos a diputados del Congreso, jueces y magistrados, en coordinación con el diputado Alejos, con el objetivo de asegurar su futura liberación, desestimar los cargos en su contra y blindar también a Alejos, así como a varios magistrados, frente a eventuales procesos por corrupción.
“Felipe, un diputado electo para el periodo 2020-2024, es un socio cercano de Gustavo. Supuestamente facilitó sobornos y pagos de firmas privadas de construcción —por contratos de infraestructura en curso o potenciales— a diputados del Congreso, con el objetivo de asegurar apoyo para magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Estos, a su vez, respaldarían resoluciones que garantizarían la inmunidad de Felipe y de otros legisladores”, indicó la OFAC.
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TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
Según fuentes con conocimiento del tema, pero que pidieron el anonimato, durante la gestión de Vargas Sierra al frente de la SIB, tanto esta institución como la IVE recibieron alertas sobre transacciones financieras sospechosas vinculadas a Alejos. No obstante, estas no habrían sido reportadas oportunamente, ya que el superintendente, presuntamente, evitó darles seguimiento.
La IVE, según indicaron las fuentes, se convierte en una institución clave de reporte de transacciones sospechosas, sin embargo, al no cumplir con su función, actores logran mantener la impunidad.
La sanción impuesta por Estados Unidos fue dictada bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos, la cual se aplica a personas involucradas en abusos graves de derechos humanos y en actos significativos de corrupción a nivel mundial.
Esta medida se sumó a una acción previa del Departamento de Estado, que había designado públicamente a Alejos —y a los miembros de su familia inmediata— bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados, por su implicación directa en corrupción significativa.
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