La fiscal general, Consuelo Porras, tiene en sus manos solicittar acciones judiciales que frenen una reelección fraudulenta que, según denuncias y evidencias, estaría fraguando el rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos, prevista para este miércoles 8 de abril en Antigua Guatemala.
Según fuentes del Ministerio Público que piden no ser citadas por nombre, este ente recibió el pasado 7 de marzo varias denuncias desde la Contraloría General de Cuentas (CGC) que podrían invalidar lo actuado por el Consejo Superior Universitario (CSU), órgano señalado de estar bajo el control de Mazariegos y que estaría conformado de forma ilegal debido a la no renovación de su mandato.
Fuentes internas del ente investigador confirmaron a La Hora que la denuncia más reciente ingresó al despacho de Porras el 27 de marzo, lo que habría dado tiempo suficiente para iniciar diligencias e incluso solicitar órdenes de captura ante juzgado competente.
La CGC advierte en sus denuncias de posibles irregularidades, entre ellas la falta de convocatoria para la renovación del CSU, modificaciones a la normativa interna, omitiendo preceptos constitucionales y otorgamiento de plazas a docentes afines sin procesos de oposición.
La denuncia contiene, según la fuente del MP, elementos suficientes para invalidar todo lo actuado por el Rector y el CSU, bajo su control.
De acuerdo con lo informado, las denuncias fueron presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC), la cual identificó presuntas irregularidades durante la gestión de Mazariegos, por actos que incluyen modificaciones a las normas internas de la única universidad pública del país, posiblemente con el fin de garantizar su permanencia en el poder.
El MP ya cuenta con documentación suficiente para iniciar pesquisas que podrían desembocar en solicitudes de aprehensión, pero hasta ahora no hay avances, remarcaron las fuentes, quienes externaron su desacuerdo con la retención de los expedientes por decisión de la fiscal general.
LOS DELITOS, SEGÚN LA CGC
En las denuncias presentadas por la CGC se plantea la presunta comisión de dos delitos por parte de Walter Mazariegos: abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, aunque el alcance de las acciones podría llegar a otras personas.
Los señalamientos contra quien ha sido acusado de “usurpación” por diversos sectores, tanto a lo interno como fuera de la Usac, fueron documentados por la Contraloría en tres expedientes que detallan los actos mediante los cuales buscaría ser reelecto solo por sus allegados y así continuar en la rectoría, entre otros aspectos.
Los casos se basan en decisiones que ya habían sido criticadas por la propia comunidad universitaria, diputados, entidades académicas y organismos internacionales:
- Falta de convocatoria para la renovación del CSU
- Modificaciones a la normativa interna, obviando preceptos constitucionales
- Otorgamiento de plazas a docentes afines, sin seguir procesos de oposición
LA OTRA ELECCIÓN QUE PODRÍA INVALIDARSE
La primera denuncia señala que el actual CSU carece de legitimidad debido a que no se convocó oportunamente a elecciones para renovar a sus integrantes. Según la información recabada, varios miembros del Consejo han excedido el período para el que fueron designados, en algunos casos hasta por nueve años.
Además, se indica que no se respetó el mecanismo de sustitución automática cuando vencen los cargos, lo que habría permitido la permanencia irregular de autoridades, principalmente las afines a Mazariegos y la exclusión de sus opositores.
De avanzar este caso, no solo repercutiría en la elección de rector por el período 2026-2030, sino que podría dejar sin validez otras decisiones, como la elección de Julia Rivera y José Luis Aguirre Pumay como magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por poner un ejemplo.
CAMBIOS NORMATIVOS PARA PERPETUARSE EN EL PODER
La segunda denuncia, dijo la fuente del MP, apunta a modificaciones en los reglamentos internos de la Usac que habrían sido impulsadas por el rector, con el objetivo de asegurar control en los procesos de votación que se desarrollaron este año en facultades y colegios profesionales, y finalizarían este 8 de abril con su reelección.
Tal como han alertado analistas, docentes, estudiantes y egresados de la Universidad, estos cambios permitirían validar decisiones con una integración reducida del Cuerpo Electoral Universitario.
Ese escenario ya estaría concretado, después de que el CSU anuló varias elecciones en su reunión del lunes 6 de abril. Actualmente, hay 15 cuerpos electorales validados y la unos pocos responden a Walter Mazariegos, cuando el mínimo establecido legalmente para celebrar la elección del rector es de 21.
OTORGAMIENTO DE PLAZAS A DEDO
La tercera denuncia que está a la espera de avances en el MP se enfoca en el papel del departamento de Asesoría Jurídica y la Secretaría General de la Usac, que habrían avalado los cambios normativos mediante dictámenes legales.
La Contraloría cuestiona en su denuncia, entre otros aspectos, las decisiones relacionadas con la carrera docente, específicamente la asignación de plazas sin procesos de oposición. Según lo denunciado, se habrían otorgado nombramientos de forma directa, lo que contravendría la normativa vigente.
El caso se relacionaría con el otorgamiento de contratos 011 a más de 4 mil docentes interinos y profesionales egresados de la casa de estudios, a quienes se trasladaría como catedráticos titulares, sin los correspondientes concursos de oposición que exige la normativa vigente.
CASOS FRENARÍAN REELECCIÓN DE MAZARIEGOS
Las denuncias surgen en un contexto clave para la Universidad, cuando está por desarrollarse la elección del rector por el período 2026-2030 y en el que todo apunta a la continuidad de Walter Mazariegos, pues, igual que ocurrió en 2022, se ha excluido del Cuerpo Electoral Universitario a la mayoría de sus opositores.
Las fuentes confirmaron tal extremo e hicieron ver que los hechos denunciados podrían invalidar la elección prevista para este 8 de abril, pues cada uno de los casos pone en duda la legitimidad de lo actuado por el CSU. Además, podrían conllevar la captura de Mazariegos y otras autoridades de la casa de estudios superiores.
Sin embargo, que ello ocurra depende de las decisiones de Consuelo Porras, en cuyo despacho continúan los expedientes remitidos por la Contraloría General de Cuentas desde hace más de un mes.
El tema vuelve a poner en el escrutinio a la jefa del Ministerio Público, cuya administración se ha caracterizado por frenar investigaciones de actores con quienes tiene diversos vínculos, incluido el rector de la Usac.
