Una ministra y un viceministro del actual gobierno se cuentan dentro de los cientos de exempleados públicos que demandan al Estado para reclamar prestaciones y compensaciones por daños y perjuicios, tras haber prestado servicios bajo el renglón 029. El reclamo de la Ministra y el viceministro se dio antes que asumieran para dirigir la cartera.
Aunque los casos de este tipo son constantes, y algunos incluyen a personas de alto perfil, el de estos funcionarios destaca por una razón: accionaron meses atrás contra el mismo ministerio que hoy dirigen.
La Hora documentó recientemente que solo el año pasado salieron Q724 millones de las arcas públicas para pagar indemnizaciones, bono 14, aguinaldo y pago de vacaciones a excolaboradores contratados bajo una modalidad que, en teoría, no genera relación laboral. Un grupo incluso consiguió la reinstalación.
Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón
MINISTRA EXIGE CASI Q1 MILLÓN
Datos del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) muestran que 79 de las personas que obtuvieron un fallo favorable en 2025 obtuvieron más de Q1 millón cada una.
La jefa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, estaría cerca de sumarse a ese grupo, pues reclama un monto total de Q906 mil por los servicios que prestó en esa misma cartera entre 2010 y 2023, cuando aun no era nombrada por la cartera.
En una situación similar se encuentra el viceministro de Infraestructura, Pedro Roberto Martinez, quien confirmó que está litigando por prestaciones derivadas de contratos 029 que firmó durante más de 6 años, previos a asumir el cargo actual.
Aunque ambos suscribieron documentos en los cuales se especificó que prestarían servicios sin relación laboral, ahora buscan ser indemnizados.
SELAÑAN CONFLICTO DE INTERÉS
El caso salió a luz durante una citación del bloque VOS en el Congreso. El diputado Jairo Flores recriminó las actuaciones de los funcionarios y señaló un posible conflicto de intereses.
El legislador criticó que ambos, siendo autoridades del CIV, mantengan el litigio y se conserven en los cargos. Según opinó, «esto pasa por un tema de ética».
«Si ella iba a asumir como ministra, tuvo que haber renunciado a la demanda. Es ilegal, no puede estar en una institución donde ella misma se va a despachar», expresó el parlamentario, acerca de la situación de Zea, quien no estuvo presente en la reunión.
Miguel Díaz Bobadilla deja el CIV y viceministra Norma Zea asume como titular de la cartera
A Martinez sí lo increpó directamente, y este confirmó que su proceso contra el Estado se encuentra vigente. Su intención es que se le paguen prestaciones por contratos que obtuvo entre febrero de 2019 y noviembre de 2025. «Tengo entendido que es un derecho», justificó.
Por su parte, Flores cuestionó la coexistencia de ambas condiciones: ser autoridad y, al mismo tiempo, demandante. “¿Cómo le están cobrando prestaciones al ministerio donde ahora son patronos?”, reprochó.
La ministra demanda al mismo ministerio que dirige. Conflicto de interés evidente. Y mientras tanto, en la llamada mesa de decisiones, a dedo se eligen empresas y tramos viales sin estudios técnicos ni procesos claros. #fiscalizacion @BancadaVos @VOS_gt_ pic.twitter.com/0eTmz54bWP
— Jairo Flores (@jajofd) March 24, 2026
EJECUTIVO: «TIENEN DERECHO»
Consultado sobre estos casos, el Ejecutivo indicó que «los procesos laborales que tienen el viceministro de Infraestructura y la ministra de Comunicaciones responden a un derecho que tienen todas las personas trabajadoras a reclamar prestaciones que por ley son irrenunciables«.
Por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, también se hizo ver que «estos casos no los decide el Gobierno, sino los jueces, que son quienes determinan si corresponde o no el reconocimiento y pago de esas prestaciones».
Acerca de los señalamientos de un conflicto de interés por parte de los funcionarios, la entidad manifestó que «se trata de procesos que no interfieren con el ejercicio de sus funciones públicas, y cuya resolución corresponde al sistema de justicia».
«Las afirmaciones que sugieren la existencia de un conflicto de interés carecen de sustento fáctico y legal. La razón es jurídicamente clara: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no tien competencia para determinar la procedencia o improcedencia de las pretensiones laborales formuladas en dichos procesos, ni para establecer montos por concepto de prestaciones reclamadas», afirmó.
Además, hizo ver que no se contempla ninguna destitución, puesto que «ambos funcionarios cuentan con la confianza del Ejecutivo y continúan desempeñando sus cargos con normalidad».
RECHAZAN SEÑALAMIENTOS QUE CONSIDERAN COMO «INFUNDADOS»
La Hora remitió un cuestionario para la ministra y el viceministro, en busca de conocer por qué decidieron demandar, conociendo las características de los contratos 029; si consideran la existencia de un conflicto de interés por los cargos que ocupan y si han pensado en desistir del proceso, entre otros temas.
En respuesta a la solicitado, explican en un comunicado oficial que las decisiones corresponden en forma exclusiva y excluyente a los órganos jurisdiccionales competentes, en ejercicio de la función que la Constitución y las leyes de la República les atribuyen. Sostener lo contrario implica un desconocimiento deliberado del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, afirma.
Asimismo anotan que para la promoción y el seguimiento de dichas acciones judiciales no se ha utilizado recurso público alguno ni se han movilizado asesores jurídicos institucionales de la cartera.
«La posición legal e institucional tanto del Ministerio como de la Procuraduría General de la Nación se orienta, de manera permanente, a la defensa y protección de los intereses del Estado de Guatemala», apuntaron.
La postura también rechaza «categóricamente las tergiversaciones y señalamientos infundados que buscan desinformar a la ciudadanía», mientras agregan que las afirmaciones que insinúan privilegios, injerencias indebidas o ventajas institucionales no resisten análisis jurídico alguno y no responden a intereses ajenos a la institucionalildad y al Estado de Derecho.
«Se reitera con firmeza que el conocimiento, trámite, determinación de procedencia y eventual fijación de montos dentro de los procesos laborales corresponde exclusivamente al juez competente, dentro del marco del debido proceso, con plena observvancia de las garantías constitucionales y convencionales y con independencia absoluta respecto de las partes», agregaron.
El comunicado oficial también asevera que cualquier cifra o monto que haya sido difundido públicamente en relación con estros procesos laborales carece de validez y veracidad, toda vez que no existe resolución judicial alguna que los haya determinado.
«El conocimiento, trámite, determinación de la procedencia y eventual fijación de montos dentro de los procesos laborales corresponde de manera exclusiva al órgano jurisdiccional competente, dentro del marco del debido proceso, con plena observancia de las garantías constitucionales y convencionales, y con independencia absoluta respecto de las partes», afirman.
UN SISTEMA QUE SE PAGA EN TRIBUNALES
Este caso en el CIV es la muestra de un un patrón que impacta directamente las finanzas públicas. Cada año el Estado paga millones para cumplir sentencias por demandas laborales, principalmente por prestaciones, salarios caídos e indemnizaciones. En 2025 fueron Q724 millones erogados por los 14 ministerios para cancelar tales rubros; de esos, Q77.6 millones salieron de Comunicaciones.
El origen de la mayoría de estos litigios está en el uso extendido del renglón 029. Aunque fue concebido para servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, en la práctica ha funcionado como una vía de contratación permanente.
Esa distorsión permite que, al llegar a tribunales, los demandantes logren que se reconozca una relación laboral y obtengan pagos que llegan a ser millonarios por parte del Estado, según analistas y abogados que se especializan en esos temas.
El resultado es un esquema que no solo obliga a las instituciones a pagar indemnizaciones elevadas, sino que también alimenta una industria legal que opera estos casos con comisiones que pueden alcanzar hasta el 30% de los montos recuperados, según reconocieron profesionales del Derecho entrevistados por La Hora.
DE CONTRATISTAS A AUTORIDADES… Y DEMANDANTES
Según Guatecompras, Zea recibió Q2.01 millones en honorarios bajo contratos 029 en el Ministerio de Comunicaciones entre 2010 y 2023, tras prestar servicios profesionales. Ese período es por el cual reclama prestaciones no gozadas.
De febrero de 2024 a agosto de 2025, la ahora funcionaria se desempeñó en la Secretaría Privada de la Presidencia, también bajo el renglón 029. Hasta ahora, se desconoce si accionará para que se le compense por sus labores en esa entidad.
Culminado su trabajo ahí, regresó al CIV, pero como viceministra de Infraestructura, y pasó a dirigir la cartera, a finales de noviembre de ese mismo año, tras la salida de Miguel Ángel Díaz Bobadilla.
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Martinez, por su parte, acumuló Q1.17 millones bajo contratos similares entre 2019 y 2025, con renovaciones constantes en distintas dependencias del CIV. Su demanda contra el Estado tampoco le ha impedido fungir como viceministro, un cargo que asumió en diciembre de 2025.
Ambos casos evidencian que contratistas que accionan legalmente contra el Estado no solo pueden regresar a las instituciones, sino alcanzar posiciones de decisión mientras sus procesos avanzan.
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UN GASTO QUE NO DEJA DE CRECER
Mientras tanto, el pago de demandas laborales se ubica entre los rubros más altos del gasto estatal. En 2025, estuvo entre los principales compromisos presupuestarios, impulsado por un modelo de contratación que no se resuelve por la vía administrativa, sino que termina trasladando el costo a los tribunales.
En ese contexto, que autoridades en funciones mantengan litigios contra las instituciones que dirigen vuelve a colocar el foco sobre un sistema que, año con año, continúa drenando recursos estatales.
