Las juntas disciplinarias del Ministerio Público (MP) han dejado sin sanción a fiscales señalados por organismos internacionales, la sociedad civil y sus pares del sistema de justicia. Desde mayo de 2018 a la fecha, los expedientes disciplinarios abiertos contra fiscales de alto perfil —todos personal de confianza de la fiscal general, María Consuelo Porras— muestran un patrón sistemático de desestimación o archivo, dejando en evidencia la falta de eficacia de los mecanismos de control interno de la institución.
La Ley Orgánica del MP establece de manera clara los procedimientos disciplinarios. Los artículos 65 bis y 65 ter señalan que las faltas leves, graves o muy graves deben investigarse y resolverse en plazos máximos de un mes, con posibilidad de prórroga de 15 días adicionales en casos excepcionales.
Las sanciones, que van desde amonestaciones verbales hasta suspensiones sin goce de salario, deben ser aplicadas por las juntas disciplinarias, tomando en consideración los informes de la Supervisión General del MP. No obstante, la práctica institucional revela otra realidad. De los fiscales más cuestionados y de confianza de Porras, más del 70% de los expedientes concluyeron en archivo o desestimación.
FISCALES BLINDADOS
El acceso a los registros del Sistema de Gestión de Régimen Disciplinario del MP muestra que, de los fiscales más influyentes, la mayoría de los expedientes concluyen sin sanción y con escasa transparencia.
La Hora solicitó los procesos disciplinarios de los funcionarios más cuestionados de la administración de Porras. Todos ellos forman parte del círculo cercano a Porras. Además, han recibido sanciones internacionales y han sido señalados ya sea por su participación en el intento de golpe de Estado de 2023, la protección de redes de corrupción o emprender investigaciones contra operadores de justicia que revelaron casos de corrupción.
Se solicitó expresamente conocer el motivo de cada denuncia administrativa, la calificación de la falta y la amonestación que dictó la junta disciplinaria, pero el MP no proporcionó estos datos a La Hora en su resolución por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, dificultando evaluar la eficacia y la rendición de cuentas de los procesos.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), figura con tres expedientes durante el período revisado. Uno de ellos se encuentra en informe de actos conclusivos, otro fue archivado y el tercero finalizó desestimado. Ninguno derivó en sanción conocida. Curruchiche está sancionado por 42 gobiernos tras el intento de golpe de Estado de 2023.
Cinthia Monterroso, jefa de la Fiscalía Regional Nororiente-Zacapa, acumula siete expedientes. El más reciente se encuentra en proceso de informe de actos conclusivos, mientras que el resto concluyó entre archivo y finalización desestimada. La información sobre las faltas imputadas y las amonestaciones dictadas no fue proporcionada por el MP, dejando un vacío sobre la efectividad de la supervisión interna en su fiscalía.
Leonor Morales, jefa de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, muestra resultados similares. De siete expedientes revisados, cinco concluyeron en archivo o desestimación y dos en finalización, pero en ninguno de los casos se detalló el motivo de la denuncia ni la amonestación dictada por la junta disciplinaria.
Morales Lazo, conocida por su papel como fiscal de la FECI de Curruchiche, permanece así protegida por la estructura interna del MP.
Pedro Hernández, fiscal de la FECI, tiene dos expedientes documentados; uno fue finalizado y otro archivado, sin que se conozca ninguna sanción o medida disciplinaria.
De manera similar, Noé Rivera, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, acumula tres expedientes, todos concluidos sin sanción conocida y sin información sobre la naturaleza de las faltas imputadas.
En total, de 22 expedientes revisados, nueve fueron archivados, ocho finalizados desestimados y cinco se encuentran en proceso de actos conclusivos o finalizados, sin que se haya hecho pública la información sobre los motivos o amonestaciones correspondientes.
Este patrón refleja lo que expertos y abogados han denunciado antes: un blindaje institucional que protege a los fiscales más influyentes, obstaculizando la rendición de cuentas y consolidando la impunidad dentro del MP.
LAS JUNTAS DISCIPLINARIAS
Entre 2018 y 2025, las juntas disciplinarias estuvieron conformadas por presidentes y vocales designados por el MP, responsables de tramitar estos expedientes, pero que rara vez han impuesto sanciones efectivas a los fiscales más poderosos.
Durante este período, los presidentes de las juntas incluyeron a Darcin Samory Torres Ulúan (2018), Carlos Salvador Espinosa Castañeda (2019), Rudy Geovany Morataya Rodríguez (2020-2021), Diego Chac Cox (2022), Lucrecia de María Vásquez Casasola (2023), Emylsa Magdalena Juárez Cacao (2024) y Edgar Leonel Pérez Gómez (2025).
Las juntas disciplinarias del MP son permanentes y fueron integradas por titulares y suplentes nombrados por Porras mediante concurso de oposición. La presidencia recae en el miembro de mayor edad, que ejerce por un año y recibe remuneración extraordinaria por sus funciones administrativas. Aunque la ley busca garantizar profesionalismo, en la práctica los fiscales más cuestionados permanecen sin sanción.
Cada uno de ellos, junto con los vocales asignados, tiene la obligación de aplicar la Ley Orgánica del MP, que contempla faltas leves, graves y muy graves, así como los procedimientos de supervisión y control de desempeño.
SISTEMA QUE PROTEGE A SUS PROPIOS OPERADORES
Para el abogado constitucionalista Luis Fernando Paiz, especialista en independencia judicial y derechos humanos, los datos no pueden leerse de forma aislada. “Es fundamental entender el contexto que rodea al MP”, advierte.
A su juicio, se trata de una institución que ha perdido credibilidad al centrar sus acciones —como lo han documentado informes nacionales e internacionales— en la criminalización y en el uso arbitrario de la ley con fines políticos.
Ese patrón, explica, no puede sostenerse sin una red interna de fiscales alineados con esa lógica. “La fiscal general no puede ejecutar sola un esquema sistemático; necesita personas de confianza dispuestas a entrar en esa dinámica, lo que conlleva prácticas antiéticas que incluso han sido señaladas por tribunales”, sostiene.
En ese escenario, añade, la ausencia de sanciones no es un accidente, sino una condición de funcionamiento: “Para que el sistema opere, es necesario que no exista amenaza interna hacia ese personal. Blindar a estos operadores explica en parte por qué más del 70% de los casos se archivan o se desestiman”.
“Con excepción de datos sensibles debidamente justificados, es de interés público conocer los procesos disciplinarios contra fiscales, porque impactan directamente en el acceso a la justicia”, señala.
El riesgo, añade, es evidente: fiscales cuestionados o incluso investigados pueden seguir interviniendo en otros casos sin que exista control ciudadano. Si bien recuerda que los fiscales deben gozar de garantías similares a las de los jueces —como lo han establecido la Corte Interamericana y la Comisión de Venecia—, insiste en que esa protección no puede convertirse en un cheque en blanco.
Las consecuencias, según el constitucionalista, son profundas. La ausencia de sanciones y la aplicación selectiva de la ley han erosionado la independencia interna del MP y su capacidad para investigar corrupción, incluso dentro del propio sistema de justicia.
“Se han vulnerado garantías de algunos fiscales mediante traslados y despidos arbitrarios, mientras que para otros esas mismas garantías se utilizan de forma perversa para encubrir malas prácticas”, explica. El resultado es un sistema que aparenta funcionar, pero que lo hace de manera desigual. “La aplicación arbitraria de la ley debilita el Estado de derecho, porque parece que la justicia existe solo para algunos”, concluye.
Frente a ello, advierte, el desafío es urgente: reconstruir un MP con fiscales independientes, éticos y capaces, en cuyas manos —recuerda— descansa, en última instancia, la libertad de todos.
