Bajo la firma de Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, la publicación en el Diario de Centro América del pasado 18 de noviembre activó una resolución que, en la práctica, levanta un muro de siete años alrededor de una parte sustancial de la información que produce y resguarda la institución.
El acuerdo, identificado como DG-78-2025, declara bajo reserva documentos, bases de datos, procesos internos y auditorías de calidad, con el argumento de que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad, la intimidad y la reparación digna de las víctimas del delito a las que brinda atención de forma gratuita.
La medida fue firmada por su directora general, Rebeca González Leche, doctora y máster en ciencias forenses, impulsora histórica del enfoque victimológico dentro del sistema de justicia guatemalteco y creadora de la iniciativa de ley que dio vida a la institución que hoy dirige. El documento invoca los artículos 30 y 31 de la Constitución, así como la Ley de Acceso a la Información Pública, para justificar los límites al derecho ciudadano de conocer los actos de la administración pública.
PROTECCIÓN DE DATOS DE VÍCTIMAS
La resolución distingue entre información confidencial e información reservada. En el primer grupo incluye los nombres de usuarios víctimas del delito, los expedientes físicos y electrónicos, las actuaciones procesales en las que interviene el instituto y toda base de datos que contenga información personal sensible.
En el segundo, agrega un espectro aún más amplio: comunicaciones, dictámenes, evaluaciones, auditorías de calidad, datos de recursos humanos y claves institucionales de acceso a sistemas, además de la información protegida por leyes especiales, como la de Narcoactividad, Lavado de Dinero o Protección de Sujetos Procesales.
El plazo de reserva oscila entre el tiempo que decrete un órgano jurisdiccional y un período fijo de siete años, contados a partir de la publicación oficial. La Dirección General, así como todas las dependencias internas, quedan como custodias y responsables de la conservación de los archivos. De forma expresa, además, la resolución deja abierta la posibilidad de reservar “cualquier otra información cuando se considere oportuno”, una cláusula amplia que otorga a la autoridad una discrecionalidad reforzada.
Consultado el Instituto sobre el impacto concreto de las “auditorias de calidad”, la institución explicó que, en particular, la reserva responde a que estas revisiones están directamente vinculadas con los procesos de atención a las víctimas.
“Los datos de estas en el proceso penal son de carácter reservado y, en consecuencia, también lo son los procesos de auditoría”, respondieron. Ante una repregunta específica sobre si la restricción alcanzaba cifras, presupuestos o salarios, el Instituto fue tajante: “No”.
Sin embargo, el alcance de la resolución plantea interrogantes más amplias sobre los equilibrios entre protección de datos sensibles y rendición de cuentas. La inclusión expresa de auditorías de calidad —instrumentos diseñados precisamente para evaluar la mejora continua en la prestación de servicios— introduce una zona opaca sobre cómo se examina, desde dentro, el funcionamiento del Instituto. Aunque las autoridades aseguran que no se ha blindado información financiera ni salarial, el acceso a evaluaciones, procesos y dictámenes quedará limitado al escrutinio público durante años.
Desde una lectura estrictamente legal, la Dirección fundamenta su decisión en el artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que exige aplicar una “prueba de daño”: es decir, acreditar que la divulgación de los datos generaría un perjuicio mayor que el beneficio de hacerlos públicos. El argumento central es que la información que maneja la entidad involucra víctimas de delitos comunes y de alto impacto, por lo que su exposición podría traducirse en revictimización, riesgos de seguridad y afectaciones a procesos judiciales en curso.
CAMBIOS CONTINÚAN
El momento en que se adopta esta decisión no es menor. González Leche asumió la conducción del Instituto en diciembre pasado, tras una etapa convulsa en la historia reciente de la entidad. Su antecesora, Ligia Hernández, exdiputada del partido Movimiento Semilla, fue detenida y procesada en un cuestionado caso impulsado por el Ministerio Público, bajo el mando de María Consuelo Porras.
Antes, el Instituto estuvo dirigido por Alejandra Carrillo. El expresidente Jimmy Morales la nombró en 2019 y Alejandro Giammattei, la mantuvo en el cargo, hasta el arribo de Arévalo a la Presidencia, quien la removió.
A su llegada, González Leche anunció un “reordenamiento técnico y administrativo” para devolverle institucionalidad a una entidad golpeada por la inestabilidad y las disputas políticas. Como piezas centrales de ese viraje, presentó un nuevo Manual de Puestos y Salarios y una reorganización interna orientada, según su discurso, a profesionalizar la atención a las víctimas y corregir distorsiones acumuladas durante años. En ese contexto de reestructuración, la declaratoria de reserva añade una capa de control sobre la circulación de la información.
Desde los años noventa, González Leche fue una de las voces más insistentes en introducir la victimología en el debate penal guatemalteco. En 1995 impulsó la primera Oficina de Atención a la Víctima dentro del MP, un modelo que luego se replicó en decenas de sedes y fue observado en otros países de la región. Dos décadas más tarde, logró que el Congreso de la República aprobara, en 2016, la creación de un instituto autónomo dedicado a la asistencia legal, psicológica y social de quienes sufren un delito.
La resolución DG-78-2025, que ya se encuentra vigente, no impide que los ciudadanos soliciten información financiera básica ni datos presupuestarios, según el propio Instituto. Pero sí cierra la puerta, por ahora, a conocer evaluaciones internas, para medir el desempeño de la entidad.
