El caso por el convenio entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que el Ministerio Público (MP) presentó el pasado 21 de octubre tiene un origen inesperado. Una de las denuncias que dio pie a la investigación fue presentada por Jorge Guillermo Lemus Alvarado, un exconvicto que se autodenomina periodista y que en su escrito repite casi palabra por palabra parte del discurso con el que el fiscal Rafael Curruchiche anunció la investigación en rueda de prensa.
El documento, al que La Hora tuvo acceso, fue presentado el 27 de abril de 2024 ante la fiscal general María Consuelo Porras, quien junto a Curruchiche, la fiscal Leonor Morales Lazo y el secretario general del MP, Ángel Pineda, ha sido sancionada por más de 40 países.
DENUNCIA DE LEMUS
En su declaración, Lemus Alvarado pidió a la fiscal general retirar el antejuicio del presidente para investigarlo por “actos ilícitos cometidos en perjuicio de los guatemaltecos”. Su denuncia se apoya en afirmaciones de las que no incluye respaldo documental. En un párrafo clave, el denunciante califica de “hecho evidente e ilícito” que Arévalo haya ganado las elecciones, afirmando que se benefició del apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, el gobierno demócrata de Estados Unidos y la Unión Europea.
También acusa al mandatario de “obstrucción a la justicia” por haber solicitado la destitución de Porras durante sus primeros 100 días de Gobierno, y menciona un supuesto contrato “lesivo para los intereses de la nación” entre el Ministerio de Salud y la UNOPS, valorado en Q2,450 millones, que —según Lemus— se habría financiado con fondos no asignados en el presupuesto general. “El denunciado dolosamente, aprovechando sus alianzas y los lazos familiares y de amistad que tiene con funcionarios de la UNOPS, celebra negociaciones de este tipo”, sostiene el documento.
Dejando bastantes dudas, el MP presenta caso de supuesta corrupción por convenio de UNOPS
RELATO REPLICADO DE CURRUCHICHE
Seis meses después, el 21 de octubre, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), expuso ante los medios una acusación casi idéntica al iniciar. En la conferencia, el fiscal repitió las mismas afirmaciones: que Arévalo “se benefició del apoyo de entes internacionales”, que el convenio con UNOPS fue “lesivo para los intereses del Estado” y que el mandatario “tiene lazos familiares con funcionarios de la UNOPS”.
Curruchiche no reveló quién presentó la denuncia original, pero citó una presentada en abril de 2024, la misma fecha del escrito de Lemus Alvarado. Incluso, el fiscal empleó frases textuales del documento al referirse a “fondos que no están dentro del Presupuesto General” y a un convenio “nocivo para Guatemala”.
El fiscal agregó nuevos nombres a la trama: mencionó al exministro de Salud, Óscar Cordón, y al actual titular de la cartera, Joaquín Barnoya, entre otros.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), desde enero de 2024 el Ejecutivo ha presentado un total de 350 denuncias y querellas penales. Solo en ese año, el primero del gobierno de Arévalo, se interpusieron más de 200 denuncias contra la administración de Giammattei. De las 150 restantes, la mayoría también se dirigían a funcionarios del gobierno anterior, aunque la CNC desconoce el número exacto.
DENUNCIANTE CON PASADO JUDICIAL
Jorge Lemus Alvarado no es un desconocido para la justicia guatemalteca. Conocido como “el Buki”, fue compañero de celda del exsargento mayor especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta Álvarez, condenado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, y declaró como testigo en su juicio en 2002. Ha estado en prisión por delitos vinculados al narcotráfico y, según él mismo, incursionó en esa actividad para financiar “proyectos de cambio social”, reveló el medio eP Investiga.
Lemus se presenta como “periodista de investigación” y mantiene un blog donde afirma haber trabajado en casos emblemáticos de los años noventa, aunque ningún medio de comunicación ha publicado sus supuestas investigaciones. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor por amenazas derivadas de su testimonio en el caso Mack.
En los últimos años, reapareció y participó en 2019 en la “Comisión de la Verdad” organizada por el Congreso para revisar la actuación de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
ARÉVALO SUMA SOLICITUDES DE ANTEJUICIO Y GIAMMATTEI NINGUNA
En menos de dos años de gobierno, el presidente Arévalo acumula cuatro solicitudes de antejuicio y más de 24 investigaciones abiertas contra su administración, impulsadas por un MP que no presentó una sola petición similar contra su antecesor, Alejandro Giammattei.
Durante los casi cuatro años de Giammattei, el MP evitó promover acciones pese a las denuncias recopiladas por medios de comunicación por diferentes señalamientos. Su pareja, Miguel Martínez, también ha permanecido al margen de cualquier investigación, como lo ha documentado La Hora en el contador que se publica a diario.
MP acumula cuatro solicitudes de antejuicio contra Arévalo y ninguna hacia Giammattei
Con Arévalo ocurre lo contrario. La FECI y las fiscalías subordinadas a Porras han convertido la figura del presidente en un blanco recurrente, presentando causas que —según analistas y juristas— carecen de sustento legal y evidencian un uso político de la persecución penal.
De las 200 denuncias presentadas por el Ejecutivo el año pasado contra la administración de Giammattei, 63 fueron desestimadas y 18 archivadas. En total, fueron 81 expedientes cerrados sin que el MP haya presentado acusaciones formales.
MP investiga 24 denuncias contra el Gobierno de Arévalo; 200 de la era Giammattei no avanzan
