El pulso que se librará en 2026 en torno a la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC), Superintendencia de Bancos (SIB) y Banco de Guatemala (Banguat), no es abstracto ni técnico. Repercute de manera directa en la vida cotidiana de millones de guatemaltecos. Las decisiones que se tomen en las comisiones de postulación y en las votaciones posteriores definirán quién decide si una investigación sigue adelante, quién valida o impugna normas y actos del poder, quién garantiza el conteo de votos o quién controla el destino de los recursos públicos y analistas han remarcado su importancia.
A partir de enero de 2026 se activarán los grandes engranajes que definirán buena parte del paisaje institucional que regirá la campaña y la jornada electoral de 2027. En 2026 —cuando se renovarán magistraturas del TSE y CC, además de la designación del fiscal general y del contralor— no es una sucesión de trámites técnicos, son procesos cuyo resultado repercutirá en la garantía del voto, según expertos antes consultados.
En el calendario político hay una fecha que circunda esas decisiones. El mandato de la fiscal general María Consuelo Porras, sancionada en 43 ocasiones, concluye en mayo de 2026, con lo que la jefatura del MP quedará en el centro de las definiciones del año. Esa vacancia prevista profundiza la tensión política en torno a quiénes tendrán la potestad de retomar y devolver la institucionalidad a una Fiscalía golpeada y acusada internacionalmente de dedicarse a una persecución selectiva contra voces críticas de la corrupción, como lo han destacado analistas.
El TSE, por su parte, llega a la víspera de esos procesos con heridas visibles. Cuatro de sus magistrados fueron suspendidos con una resolución tachada de ilegal y su reinstalación sigue estancada en manos de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha dejado al órgano electoral en una situación de fragilidad operativa.
A esa vulnerabilidad se suma la controversia en torno a actores universitarios y académicos que participan en las comisiones de postulación, especialmente la figura del sancionado rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, cuyo papel y gestión han sido objeto de cuestionamientos. En esta publicación, La Hora reconstruye, a partir de las entrevistas con expertos, cómo esas designaciones inciden en la seguridad, la transparencia y los derechos de la población —y qué puede hacer la ciudadanía para no quedar al margen de un proceso que promete ser, otra vez, altamente politizado.
Por ello, La Hora conversó con Ana Ely López, exmagistrada del TSE; con Luis Fernando Paiz, abogado especialista en derecho constitucional y derechos humanos, Walter Corzo, director de Diálogos y Erick Coyoy, de ASIES para conocer la lectura de esta serie de elecciones.
TSE: EL ÁRBITRO ELECTORAL
Para Ana Ely López, la independencia del magistrado electoral “es básica” porque de ella depende la objetividad del tribunal. López advierte contra la normalización de candidaturas con vínculos partidarios: “Si un postulante para magistrado del Tribunal Supremo Electoral es miembro de algún partido o fue candidato por algún partido, debiera ser razón suficiente para excluirlo”. Su argumento parte de un principio simple para el votante común: el TSE no puede deber favores a quienes lo eligieron.
López reconstruye el riesgo concreto. Magistrados con compromisos políticos o económicos generan decisiones que erosionan la confianza. “El tribunal se debe a toda la ciudadanía”, afirma, y ejemplifica cómo la percepción —y a veces la práctica— de que los magistrados responden a diputados o a intereses ajenos al interés público socava el papel del TSE como árbitro.
La exmagistrada recuerda además la experiencia de 2023 —ante el intento de golpe de Estado desde la Fiscalía de Porras— cuando la judicialización de los resultados instaló dudas sobre los mecanismos de conteo y de impugnación. “Mientras no haya un hecho real, un hecho cierto que me diga que esto es falso, el resultado es válido”, dijo, al tiempo que señaló que la actuación del MP y de otras instancias contribuyó a la crisis de legitimidad.
Lo que propone López para evitar que la ciudadanía pague las consecuencias es elemental y práctico. Seleccionar magistrados por capacidad, idoneidad y honradez; garantizar el “divorcio” —entendido como independencia efectiva— entre el magistrado y quien lo propuso; y que las comisiones de postulación actúen con extremo cuidado para evitar “precompromisos” que amarren la conducta futura del togado electoral.
Para el ciudadano de a pie, explica, esto no es un tecnicismo y un Tribunal Electoral independiente asegura que todos los candidatos con derecho a participar lo hagan y que el conteo y la entrega de resultados se realicen conforme a la ley, reduciendo la posibilidad de que disputas extraordinarias paralicen la vida política del país.
CC Y MP IMPACTAN EN LO COTIDIANO
El abogado Luis Fernando Paiz asegura que la CC y el MP no son instancias distantes; son, en muchas ocasiones, el lugar donde acaban conflictos que afectan a la población común.
Paiz subraya que la CC, por vía del amparo y otras competencias, es hoy árbitro de “última ratio” —sus criterios no solo resuelven casos aislados, sino que fijan precedentes con alcance general. Por ello, dice, la composición de la Corte puede cambiar el acceso a derechos laborales, civiles o ambientales. “Los criterios que marca la CC al final son determinantes”, dijo.
Sobre los riesgos que supone una Corte de Constitucionalidad integrada por magistrados con compromisos políticos o económicos, Paiz es categórico: “si una persona llega con ciertos compromisos va a ser muy difícil que logre tener independencia en el ejercicio jurisdiccional”.
Esa falta de independencia, agrega, puede traducirse en decisiones que favorezcan intereses particulares sobre el bien común y en una pérdida de confianza que termina desmovilizando a la sociedad frente a abusos de poder.
En relación con el Ministerio Público, Paiz apunta dos obligaciones concretas para la ciudadanía: (1) exigir procesos de selección transparentes y públicos; y (2) promover y movilizar a profesionales probos y capaces para que se postulen.
“Promover a colegas a que se postulen es el primer paso”, dice: sin “materia prima” —candidatos idóneos—, las comisiones más impecables no garantizarán resultados adecuados. ¿Por qué debe importarle al ciudadano quién sea el fiscal general? Paiz responde con claridad: porque la independencia y las prioridades del MP definen si la investigación de la corrupción y del crimen común avanza, y, por tanto, condicionan la seguridad, la percepción de justicia y la efectividad del gasto público que llega a barrios, colegios y hospitales.
Los expertos consultados coinciden en algo más. La capacidad de la población para entender y participar en estos procesos puede inclinar la balanza. Un TSE, una CC, un MP y una Contraloría integrados por funcionarios probos y autónomos no son un lujo técnico, son la garantía de que las disputas se resuelven conforme a la ley, de que el dinero público se rinde cuentas y de que el derecho de la gente a elegir y a ser protegido no pueda ser usurpado por intereses particulares.
ESQUELETO DE LAS COMISIONES
Walter Corzo, director de Diálogos, dibuja un diagnóstico contundente sobre el esqueleto de los procesos de postulación: las comisiones, dice, “son muy vulnerables a la influencia de diferentes actores y redes político-económicas”.
Esa fragilidad, añade, transforma lo que debería ser una evaluación técnica y objetiva en una negociación de cuotas y pactos que privilegia intereses sobre mérito y trayectoria. Para el ciudadano corriente, subraya Corzo, el resultado no es un tecnicismo, sino la probabilidad de que las instituciones queden capturadas por quienes buscan garantizarse impunidad o ventajas.
Frente a esa debilidad estructural, Corzo reclama medidas simples y públicas. Transparencia absoluta en las evaluaciones y la publicidad de los criterios empleados por las comisiones. “El principio de publicidad”, explica, es la primera barrera contra la opacidad de las negociaciones políticas; sin ella, la selección queda a merced de tablas de evaluación manipulables y filtros inexistentes para excluir perfiles con vínculos cuestionables.
Finalmente, Corzo reclama coordinación: la sociedad civil y los medios no pueden replicar esfuerzos aislados ante un semestre en que todos los procesos ocurrirán en simultáneo. Propone articular observatorios, priorizar vigilancia en los terrenos más vinculantes para cada comunidad y convertir la denuncia en evidencia pública, no en obstáculos judiciales que paralicen los procedimientos. En su diagnóstico se asoma una idea central. “La protección de la democracia exige que la ciudadanía y sus medios conviertan en visible lo que hoy se decide a puerta cerrada”.
A esos procesos se suman las elecciones de las máximas autoridades de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala, dos instituciones clave para la estabilidad económica y el control financiero del país.
Para el economista Erick Coyoy, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) ambos son cargos importantes las dos entidades porque tienen fuerte influencia en la actividad económica nacional.
«En el caso del Banguat, la ley no contempla un perfil profesional específico para quien ocupa el cargo, y por eso los Presidentes de la República han tenido opción de nombrar a personas de su confianza, pero lo ideal es que sean personas técnicas y sin vinculaciones partidarias para no tener presiones políticas en el ejercicio del puesto», apuntó Coyoy.
En el caso de la SIB, agrega, la ley sí define un perfil profesional, aunque no tan específico como en otros casos. «Es un cargo de mucha importancia para el control del lavado de dinero y porque prevalezca la legalidad en el funcionamiento de las instituciones financieras», concluyó.
