¿El caso de Melisa Palacios pasa a manos de la jueza Abelina Cruz? Los magistrados tendrán última palabra

El asesinato de la joven zacapaneca Melisa Palacios, ocurrido en 2021, enfrenta un nuevo punto de inflexión. La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo deberá resolver el próximo martes 23 de septiembre si la jueza Carol Berganza continúa al frente del proceso contra María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín —acusados de asesinato— o si, por el contrario, el caso pasa a manos de la jueza Abelina Cruz, una funcionaria señalada por beneficiar a políticos y empresarios investigados por corrupción.

La defensa de Bonilla señala a Berganza de parcialidad por no haber tramitado primero una solicitud de aceptación de cargos que habría mantenido las acusaciones bajo el delito de homicidio en estado de emoción violenta. La jueza, en cambio, sostuvo que los hechos encajaban en el delito de asesinato y envió a juicio a los dos implicados, rechazando cualquier beneficio procesal.

Serán ahora tres magistrados, con un historial marcado por resoluciones cuestionadas, quienes tendrán la última palabra sobre la recusación —el mecanismo que permite apartar a un juez cuando se cuestiona su imparcialidad— presentada contra Berganza.

QUIÉNES INTEGRAN LA SALA

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo está integrada por tres magistrados con perfiles marcados por vínculos políticos y cuestionamientos previos.

Miriam Regina Brolo Salazar. Presidenta de la Sala. Antes de su nombramiento, trabajó en la Municipalidad de Guatemala hasta 2023 y dos años antes fue funcionaria en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia bajo el gobierno del sancionado expresidente Alejandro Giammattei. En 2017 asesoró a la municipalidad de Zacapa en temas penales. También fue magistrada de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal.

Marco Tulio Pérez Lemus. Magistrado vocal I. Fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. En 2017 enfrentó un proceso de antejuicio cuando era juez de Trabajo, aunque el trámite fue declarado sin lugar.

Jorge Emilio Morales Quezada. Magistrado vocal II. En 2019 integró la comisión de postulación de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, donde ocupó el cargo de secretario.

Son ellos quienes tienen en sus manos la decisión de mantener el caso en el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de Carol Berganza, o remitirlo al Juzgado de Mayor Riesgo D, donde despacha Abelina Cruz.

RESOLUCIONES BAJO LA LUPA

Los fallos recientes de esta Sala —integrada por dichos magistrados— han levantado suspicacias por favorecer a actores políticos y militares con procesos de alto impacto.

El 3 de junio, confirmaron la resolución de la jueza Abelina Cruz que cerró el caso Odebrecht a favor del excandidato presidencial Manuel Baldizón. La Sala rechazó la apelación del Ministerio Público y validó el argumento de Cruz de que las pruebas no vinculaban de forma directa a Baldizón con delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo.

Una semana después, el 11 de junio, los magistrados anularon la condena contra el exfiscal Rony López por el caso Manipulación de Justicia. El Tribunal había dictado seis años de prisión por obstrucción a la justicia, pero la Sala aceptó la apelación especial y dejó sin efecto la sentencia.

El 28 de noviembre, la misma Sala anuló el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, procesado por genocidio. Tras aceptar una recusación de su defensa, ordenaron cambiar de Tribunal, lo que supuso la anulación de 99 audiencias ya celebradas y echó por tierra ocho meses de debate.

QUIÉN ES ABELINA CRUZ

Si la recusación contra Berganza prospera, el proceso recaerá en la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz. Su nombre no es ajeno a la polémica: ha sido señalada en reiteradas ocasiones por emitir resoluciones favorables a políticos y particulares investigados por corrupción.

Algunos nombres de peso que resonaron como beneficiados en su sala de audiencias son: el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y sus hermanos; el ex secretario privado de la Presidencia y empresario, Gustavo Alejos; Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS; Carlos Batres Gil, empresario. A todos ellos, les descartó los cargos por falta de congruencia en las pruebas de la Fiscalía.

 

Por favorecer a este último tiene una denuncia presentada por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, que no ha echado a andar. Además, también sostuvo una reunión con la fiscal Sofía Castillo a puerta cerrada en su despacho, acción prohibida por la Ley de la Carrera Judicial.

Sus decisiones han sido confirmadas en segunda instancia por la Sala Primera de Mayor Riesgo, consolidando su perfil como una jueza con criterios que tienden a favorecer a acusados de determinado perfil.