El Organismo Judicial (OJ), presidido por el magistrado Teódulo Cifuentes Maldonado, aprobó la contratación de un servicio de inteligencia artificial destinado al análisis de expedientes de amparo.
El proyecto, denominado MEIA-Amparos, fue adjudicado a la empresa BDG Sociedad Anónima por un monto de 87 mil 770 quetzales, según consta en el portal de adquisiciones del Estado, Guatecompras. La compra se cerró el 11 de julio de 2025, tras un proceso en el que la compañía fue el único oferente.
La contratación se impulsó desde la Gerencia de Informática del Organismo Judicial, que planteó la necesidad de contar con un motor especializado en la revisión de este tipo de expedientes.
El sistema, según los documentos, deberá ser accesible vía web y tendrá la capacidad de aprender de la legislación nacional, así como de la jurisprudencia vinculada a los amparos. El contrato fija un plazo máximo de 20 días hábiles para implementar el servicio, a partir de la emisión de la orden de compra.
MOTOR CON TOKENS Y FUNCIONES ASISTIDAS
De acuerdo con las especificaciones técnicas, el MEIA-Amparos debe ofrecer resúmenes generales de cada expediente, identificar argumentos y entidades clave, ordenar referencias legales, generar líneas de tiempo y destacar alertas críticas. Además, incorporará estadísticas, borradores asistidos de resoluciones y una opción de chat interactivo con IA generativa.
El servicio contratado incluye un paquete de tokens de procesamiento en la API de Gemini, suficiente para analizar al menos 350 expedientes de amparo, cada uno con un promedio de 200 páginas. El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante conexiones cifradas y protocolos de resguardo de datos.
REQUISITOS Y CONFIDENCIALIDAD
La licitación exigía que el proveedor contara con al menos diez años de experiencia como contratista del Estado, así como con un profesional certificado en gestión de proyectos (PMP) inscrito en la planilla del IGSS.
El contrato obliga también a firmar un acuerdo de confidencialidad para proteger la información judicial a la que acceda la empresa, y establece que todos los productos generados pasarán a ser propiedad del Organismo Judicial.
Antes de la adjudicación, la empresa debió realizar una visita técnica en la Gerencia de Informática, ubicada en el Palacio de Justicia, con el fin de precisar el alcance del servicio requerido. Entre los entregables estipulados figuran un dashboard general de amparos, la visualización detallada de cada caso y la posibilidad de consultar el documento original en paralelo al análisis generado por la plataforma.
DUDAS SIN RESPONDER
La Hora consultó a la Secretaría de Comunicación Social del Organismo Judicial sobre los puntos clave de la compra: por qué era necesario el MEIA-Amparos, qué ventajas ofrece frente al refuerzo de personal humano, quiénes usarán la herramienta —juzgados, tribunales, salas o la Corte Suprema— y qué implicaciones puede tener que una inteligencia artificial intervenga en la resolución de amparos.
También se preguntó si evaluaron los riesgos de que la máquina redacte borradores de resoluciones y cómo evitarán sesgos en el análisis. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
