La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) adjudicó un contrato por Q2 millones 991 mil 700 a Alejandro José Lucero Marroquín, cuya nombre comercial es Diseño, Planificación, Construcción y Asesoría (Dipconsa), para la elaboración de un estudio técnico integral que permita modernizar y ampliar sus patios de contenedores. El contratista es el mismo que, en 2022, recibió Q36.4 millones para rehabilitar una carretera que conduce de Santa Elena Barrilla a una aldea en Villa Canales, obra que quedó a medias y en la que incluso los tramos asfaltados presentan hoy grietas y baches.
La decisión se formalizó el 25 de julio pasado, según el acta 390-2025 de la Junta de Licitación de la portuaria. Aunque se trató de un concurso público, Lucero Marroquín fue el único oferente y obtuvo una puntuación de 88 sobre 100. El precio que ofertó no estuvo sujeto a debate: al no existir competencia, la Junta le otorgó la calificación máxima en ese rubro.
ESTUDIO DE ALTO ALCANCE
De acuerdo con el documento de especificaciones publicado en Guatecompras —el portal de contrataciones del Estado—, el objeto de la contratación es la realización de un estudio y diseño a nivel de ingeniería de detalle para optimizar tres patios de contenedores —denominados P1, P2 y P3— dentro del Depósito Aduanero Temporal (DAT).
La firma ahora deberá inspeccionar en campo las condiciones físicas, reunirse con personal de las gerencias de Mantenimiento, Operaciones e Informática de la Portuaria, y proponer al menos tres alternativas de solución, detallan las bases. También deberá recomendar la más viable a partir de un análisis técnico y financiero, y a partir de ella, elaborar diseños definitivos, presupuestos, especificaciones, cronogramas y documentos administrativos y legales que permitan ejecutar las obras de forma independiente.
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El alcance del estudio incluye la modernización de sistemas eléctricos, ampliación de tomas de energía para contenedores refrigerados, incorporación de software especializado, mejoras en iluminación, drenajes, casetas y redes de servicio. También contempla la evaluación de pavimentos y el rediseño de la distribución de contenedores para optimizar la operación y reducir riesgos en la transferencia de carga.
En el patio P1, que hoy cuenta con 570 tomacorrientes, el objetivo es ampliar la capacidad y redistribuir el espacio para incrementar el número de conexiones. En el P2, se analizará si el pavimento soporta contenedores refrigerados apilados; si no, se deberá diseñar una estructura nueva. El P3, ubicado en la zona 2 de la finca portuaria y actualmente sin uso para contenedores, requiere una intervención más profunda: evaluación del pavimento, ampliación del área, incorporación al DAT y reordenamiento vial y peatonal para enlazarlo con la zona operativa del puerto.
La integración del P3 al DAT implicará rediseñar accesos, garitas y la circulación interna de vehículos y peatones, así como la conexión de servicios portuarios bajo la normativa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
ANTECEDENTE EN SANTA ELENA BARILLAS
El nuevo contrato revive cuestionamientos sobre la trayectoria del contratista. En 2022, Dipconsa obtuvo del Ministerio de Comunicaciones la adjudicación para rehabilitar la ruta departamental GUA-10, un tramo de 12,1 kilómetros entre Santa Elena Barillas y la aldea Los Pocitos, en Villa Canales, como parte del paquete de proyectos financiados por el Decreto 21-2022.
Tres años después, la obra no está terminada. Un reportaje de La Hora constató que algunos tramos nunca fueron intervenidos y otros, recién asfaltados, entonces ya presentaban fisuras y hundimientos. La empresa recibió Q23 millones —el 60% del contrato— sin que exista en Guatecompras acta de suspensión ni de entrega final.
Dipconsa, inscrita en 2009, inició contratos con el Estado en 2015. Entre 2020 y 2023, bajo el gobierno del sancionado expresidente Alejandro Giammattei, obtuvo su mayor volumen de adjudicaciones: 26 contratos por Q111.6 millones, el 72% del total facturado en nueve años.
El antecedente de Santa Elena Barillas no es aislado. Otros proyectos financiados por el Decreto 21-2022 —que reasignó Q3.100 millones de fondos no utilizados durante la pandemia— han quedado inconclusos: pasos a desnivel reducidos a rótulos, calles sin concluir y obras con daños prematuros. El propio exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, admitió que varios de esos proyectos no contaban con respaldo técnico y fueron propuestos por diputados distritales.
SIN RESPUESTAS
La Hora intentó contactar a la constructora, pero no fue posible. En Guatecompras no figura ningún número telefónico ni dirección de correo electrónico, y en la constancia de RTU emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tampoco aparece esa información. El contratista, además, carece de página oficial en internet o en redes sociales.
Este medio solicitó a la Portuaria su postura institucional sobre la adjudicación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Entre las consultas planteadas figuraban los motivos por los cuales la Junta de Licitación decidió otorgar el contrato a un único oferente y los criterios técnicos y financieros que justificaron la calificación de 88 puntos sobre 100.
También se pidió precisar si la Portuaria tomó en cuenta el historial de ejecución de Dipconsa, incluyendo la obra en Santa Elena Barrillas adjudicada en 2022, y si evaluaron la competitividad del monto contratado —cercano a los tres millones de quetzales— en relación con el estudio solicitado.
Asimismo, se preguntó qué mecanismos de control implementará la EPQ para garantizar el cumplimiento del contrato y qué mensaje transmite a la ciudadanía al contratar a una empresa con señalamientos recientes. Finalmente, se solicitó saber si la institución contempla medidas adicionales para reforzar la transparencia en futuros procesos de licitación. Sin embargo no respondieron, de enviar una postura se incluirá en este espacio.
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