Stuardo Campo narra su lucha tras dos años en prisión y señala al sistema por prisión preventiva: «No es solo mi caso»

Dos horas antes de que la jueza Magda Martínez lo declarara inocente de todo delito en el primer caso que llegó a juicio—impulsado por la Fundación contra el Terrorismo y avalado por el Ministerio Público de María Consuelo Porras, señalada internacionalmente por abrir causas políticas y espurias—, Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, habló con La Hora desde el edificio de Torre de Tribunales, el cual ha visitado decenas de veces en los últimos dos años.

Pese a la resolución que lo absuelve, Campo continúa en prisión preventiva en Mariscal Zavala por otros dos procesos que él y la comunidad internacional califican como una represalia por sus investigaciones contra exfuncionarios de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, sancionado por corrupción por EE. UU.

Campo lleva más de dos años encarcelado, un tiempo que, afirma, ha puesto en evidencia las fallas de un sistema judicial señalado por su cooptación y por mantener tras las rejas a quienes investigaron o revelaron la corrupción. En los tres procesos se le imputa incumplimiento de deberes, y en dos de ellos, además, abuso de autoridad y denegación de justicia: delitos que, según advirtió en junio la relatora especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, forman parte de un patrón de criminalización utilizado por el MP.

Durante la entrevista, Campo reflexionó sobre la vida en prisión, el estado de la justicia y el impacto personal de enfrentarse a un sistema que, asegura, atrapa a miles sin juicio justo ni plazos razonables. Confesó que su experiencia lo ha llevado a plantearse dedicar su vida profesional a la labor social, en especial a apoyar a reclusos que, como muchos de sus compañeros en prisión, permanecen detenidos injustamente.

La Hora: ¿Usted volvería a ser fiscal si hoy —independientemente de los otros dos casos— saliera de prisión?

Stuardo Campo: En 2023 tomé la decisión de presentar mi renuncia al cargo dentro del Ministerio Público. Tenía varias alternativas: podía esperar a que me suspendieran mientras se resolvía mi situación jurídica o abandonar el cargo y salir del país, como han hecho muchos para evitar procesos entrampados por litigios maliciosos y falta de garantías. Pero opté por renunciar directamente a la fiscal general.

Considero que los ciclos deben cerrarse. Fue una etapa maravillosa. Precisamente hoy cumpliría 14 años de haber ingresado a trabajar al Ministerio Público, donde entré con 26 años, lleno de entusiasmo y sueños. El tiempo pasa muy rápido: uno mira atrás y ya está en la cuarta década.

L.H.: ¿Qué le ha dejado su paso por prisión?

S.C.: Este tiempo me ha sensibilizado profundamente. Si Dios me lo permite y recupero la libertad, quiero dedicarme a la labor social desde el ejercicio de mi profesión. Hay muchísimas personas que necesitan asistencia jurídica y no tienen recursos.

Trabajé más de 19 años para el Estado, entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio Público. Ahora me gustaría ejercer de forma independiente, brindar apoyo legal y, al mismo tiempo, generar ingresos para mi familia, porque también debo sostener mi hogar.

L.H.: ¿Qué ha sido lo más difícil en este tiempo?

S.C.: Lo más complicado ha sido lo económico, no poder generar ingresos suficientes para la manutención de mi familia. Somos pocos, pero obviamente sí hay personas que dependen económicamente de mí. Afortunadamente, tengo una esposa maravillosa que ha hecho todo por sacarnos adelante.

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L.H.: ¿Cómo ha sido su relación con otros internos?

S.C.: Hemos podido apoyar a más de alguna persona resolviendo dudas jurídicas sencillas. Obviamente, no podemos revisar casos a fondo, solo consultas generales, pero agradezco la confianza de los compañeros. En la medida de lo posible, colaboro con ellos.

L.H.: ¿Qué opina de ese llamado “retardo malicioso” en su caso?

S.C.: Hay situaciones que afectan derechos fundamentales: audiencias suspendidas, plazos interminables, reprogramaciones por falta de personal o ausencias de fiscalías y querellantes. Todo esto provoca prisión preventiva prolongada y mantiene atrapadas a personas que quizá no deberían estar detenidas.

La mayoría de esos casos no tienen cobertura mediática, pero viven las mismas circunstancias. Lo he dicho: es un problema estructural. Conozco al Ministerio Público, sé que el personal es insuficiente, que la capacidad para atender audiencias se ve rebasada y que, a veces, solo queda priorizar los juicios en curso. Pero eso no justifica estos retrasos.

No es solo mi caso, es el de gran parte de las 25,000 personas privadas de libertad en Guatemala. Las instituciones deben hacer un examen de conciencia sobre este problema, porque es un fenómeno cotidiano que afecta la vida y los derechos de miles.