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El juez suplente Eduardo Luis Orozco Pineda, designado en mayo pasado como juez de Mayor Riesgo B. Foto: La Hora / Daniel Ramírez.

La incompatibilidad entre ejercer la judicatura y desempeñar otro cargo remunerado es el nuevo debate. La Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ) recibió una denuncia contra el juez suplente Eduardo Luis Orozco Pineda, designado en mayo pasado como juez de Mayor Riesgo B, por haber integrado simultáneamente el Tribunal de Arbitraje Nacional de Fútbol, una función prohibida por la Constitución y la Ley de la Carrera Judicial.

La denuncia, a la que tuvo acceso La Hora, sostiene que el 16 de mayo de 2025, cuando Orozco Pineda ya despachaba como juez suplente en el Juzgado de Mayor Riesgo B, firmó una resolución como miembro del Tribunal de Arbitraje en un litigio que involucraba al club Deportivo Marquense y el futbolista argentino Ramiro Rocca. La resolución aparece en una publicación del diario Prensa Libre, que lo identifica como árbitro junto a otros dos miembros del órgano disciplinario de la Federación Nacional de Fútbol.

UN DOBLE CARGO 

Apenas 10 días antes, el 6 de mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo había nombrado juez suplente por un periodo de tres meses, según la denuncia y recortes de prensa. Desde entonces, Orozco Pineda ha ejercido su cargo como juez en casos de alto impacto, como “Los R”, en el que dictó sentencia tras una aceptación de cargos, y el proceso conocido como “Cooptación del Estado”.

La denuncia plantea que su actuación como árbitro en paralelo a su labor como togado constituye una infracción a los artículos 207 de la Constitución —que establece que la función de juez es incompatible con cualquier otro empleo— y 29 y 42 de la Ley de la Carrera Judicial, que tipifican como “falta gravísima” el ejercicio simultáneo de cargos públicos o privados remunerados.

“El juez suplente Eduardo Luis Orozco Pineda incurrió en una prohibición expresa de la ley al firmar como miembro del Tribunal de Arbitraje mientras ejercía como juez de Mayor Riesgo”, reza el documento. La parte denunciante solicita a la Junta de Disciplina iniciar el procedimiento correspondiente, al considerar que existen indicios suficientes de una falta grave a la normativa que rige la carrera judicial.

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Ignorando dichas prohibiciones legales, según la queja, Orozco Pineda integró y firmó como miembro del Tribunal de Arbitraje Nacional de Fútbol la resolución emitida el 16 de mayo, coincidiendo con el periodo en que ejercía como juez. 

En ese mismo documento, se estableció un vínculo económico entre el juez y la Federación de Fútbol. Se acordó el pago de Q1 mil 755 a favor de Orozco Pineda, con la indicación precisa del número de cuenta bancaria a la que debía ser depositado el monto.

La denuncia también destaca dos coincidencias clave que refuerzan la identidad del juez como árbitro: su nombre completo, Eduardo Luis Orozco Pineda, figura tanto en la resolución del caso C-01070-2009-00940 del Juzgado de Mayor Riesgo B, de fecha 19 de junio, como en la resolución arbitral del 16 de mayo. 

Además, ambas resoluciones presentan firmas que, según el documento, comparten rasgos similares, lo cual sugiere que fueron estampadas por la misma persona. Los anexos del expediente incluyen ampliaciones de las firmas para su comparación visual.

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SANCIÓN POR DOBLE LABOR

Además de las disposiciones constitucionales, la Ley de la Carrera Judicial en su artículo 38 establece que las faltas disciplinarias son independientes de las responsabilidades penales o civiles que puedan derivarse de los hechos.

Asimismo, el artículo 42 establece como una falta gravísima “desempeñar simultáneamente la función jurisdiccional, empleos o cargos públicos o privados o remunerados y cualquier otro empleo”. 

Mientras que el artículo 43 establece como sanciones para las faltas gravísimas la suspensión del cargo desde 21 hasta 90 días sin goce de salario y/o la destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial.

Diego España
Periodista en la sección de Investigación de La Hora, especializado en el sector justicia, política y derechos humanos. Antes cubrió la fuente del Organismo Judicial. Se formó en Periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y cursa una maestría en Comunicación, Gobierno y Gestión Pública. Fue becario de la International Women's Media Foundation (IWMF) y los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP).
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