Testigos clave del caso Claudina Velásquez debieron testificar dos veces en juzgado de Abelina Cruz

Las irregularidades en el Juzgado de Mayor Riesgo D continúan acumulándose. Dos declaraciones en anticipo de prueba, solicitadas ante el riesgo de que en un eventual juicio ya no pudieran obtenerse, no fueron grabadas por la judicatura que dirige la controvertida jueza Abelina Cruz. El fallo técnico, que pudo ser subsanado, ocurrió en el marco del proceso por la desaparición y muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz, una joven universitaria cuyo feminicidio permanece impune a casi dos décadas del crimen.

Claudina fue localizada sin vida en agosto de 2005. Desde entonces, su caso ha simbolizado la negligencia del Estado guatemalteco frente a la violencia contra las mujeres. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado por múltiples violaciones a los derechos de la víctima y su familia, incluida la deficiente investigación judicial. Sin embargo, a un mes de que se cumplan 20 años del crimen, la justicia aún no ha identificado a los responsables.

El caso de Claudina Velásquez permanece bajo reserva judicial, una figura que impide a las partes procesales divulgar información con el objetivo de evitar filtraciones que puedan favorecer a los presuntos responsables. Sin embargo, en la práctica, esta herramienta ha sido utilizada por el sistema de justicia para encubrir irregularidades cometidas por jueces y fiscales. La Hora confirmó con tres fuentes, con conocimiento directo del caso del Organismo Judicial, que lo ocurrido en aquella audiencia es verídico.

DOS TESTIMONIOS SIN GRABAR

El caso por el asesinato de Claudina ingresó en 2022 al Juzgado de Mayor Riesgo D, una judicatura que ha tramitado expedientes de alto perfil relacionados con corrupción y complejos esquemas de enriquecimiento ilícito y opera en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala.

Desde 2024, el despacho está a cargo de la jueza Abelina Cruz, quien asumió el cargo tras un polémico intercambio de plaza con el juez Juan José Jiménez Texaj, señalado de recibir sobornos ahí. El juzgado había sido presidido anteriormente por la jueza Erika Aifán, hoy en el exilio tras ser empujada por la persecución contra operadores de justicia.

El 31 de enero de 2025 se celebró una audiencia clave. El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, compareció a través de la Fiscalía de Casos Especiales junto con las demás partes procesales. Dos amigos cercanos a Claudina declararon, por primera vez en dos décadas, todo lo que sabían sobre los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2005, día en que la joven desapareció.

Sus declaraciones fueron recibidas como anticipo de prueba, una figura jurídica contemplada en el artículo 317 del Código Procesal Penal, que permite a testigos declarar antes del juicio si existe el riesgo de que, por alguna razón insalvable —como una enfermedad grave, amenaza a su integridad o muerte— no puedan hacerlo en el debate oral y público.

Tras varias horas de audiencia y la finalización de los testimonios, todos los presentes abandonaron la sala. En apariencia, las declaraciones habían quedado registradas en audio tras el inicio formal de la diligencia por parte de la jueza Cruz. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

ERROR DE TÉCNICA DE AUDIO

Una fuente del Organismo Judicial, que accedió a hablar bajo condición de anonimato, reveló que el personal del juzgado se percató, posteriormente, de que las intervenciones no habían quedado grabadas. 

Ante ello, un oficio fue enviado desde el juzgado de Cruz a la Gerencia de Informática para informar que, supuestamente, el equipo destinado a registrar las audiencias no había funcionado. En el documento, se deslindaron responsabilidad y señalaron que otra judicatura, que utilizó la sala un día antes, no habría dejado los dispositivos en condiciones adecuadas.

La Gerencia de Informática analizó el equipo y concluyó lo contrario. Según una segunda fuente interna, que corroboró el relato anterior, el sistema de grabación fue entregado en estado funcional. La falla, en realidad, se produjo por un error de la técnica de audio asignada (no se publica el nombre por ahora) quien no activó correctamente el dispositivo al omitir el uso de una tarjeta de sonido. Como resultado, ninguna de las declaraciones fue registrada.

La Hora también confirmó que, tras detectarse la omisión, ambas declaraciones fueron grabadas nuevamente para evitar que el proceso se viera comprometido. La jueza Cruz dio inicio de nueva cuenta al relato de los testigos. 

DOS SOSPECHOSOS DETENIDOS

Tras casi dos décadas de impunidad, el caso de Claudina registró un giro significativo el pasado 12 de junio, cuando fueron detenidos Luis Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel Araiza. Ambos son señalados por los presuntos delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

Está en curso la audiencia de primera declaración, en la que la jueza Cruz deberá decidir si existen elementos suficientes para ligarlos a proceso o si, por el contrario, se decreta la falta de mérito por insuficiencia de indicios.

Las diligencias se realizan bajo reserva judicial, por lo que el acceso a la prensa y a cualquier persona ajena al proceso está estrictamente prohibido.

CASO CLAUDINA VELÁSQUEZ PAIZ

El 12 de agosto de 2005, Claudina no regresó a su casa tras salir de la universidad. Cuando sus padres intentaron denunciar su desaparición, las autoridades policiales les indicaron que debían esperar 24 horas antes de formalizar la denuncia, un protocolo que aún persiste en ciertos sectores del país a pesar de estar ampliamente cuestionado, según la demanda. 

Horas más tarde, una persona conocida acudió al domicilio familiar para advertirles que su hija podría encontrarse en peligro. Ante la falta de respuesta estatal, los padres iniciaron la búsqueda por su cuenta. El cuerpo de Claudina fue hallado sin vida al día siguiente, con signos evidentes de haber sido víctima de una agresión brutal. Ese mismo día, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) les entregó el cadáver.

A pesar de ello, las autoridades no habían tomado las huellas dactilares del cuerpo. La auxiliar fiscal y los Técnicos en Investigaciones Criminalísticas del MP se presentaron en el velorio para realizar el procedimiento omitido. Lo hicieron pese a la oposición de la familia.

La respuesta institucional fue tan deficiente que los padres de Claudina decidieron llevar su caso ante el sistema interamericano. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Guatemala por las graves fallas en la atención, investigación y búsqueda de justicia en el caso.

A raíz de aquella sentencia se creó la Alerta Isabel-Claudina, un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Su nombre honra a dos víctimas: María Isabel Véliz Franco, de 15 años, desaparecida en diciembre de 2001 y hallada días después con signos de tortura y agresión sexual; y Claudina Isabel Velásquez Paiz, cuyo feminicidio marcó un antes y un después en la lucha contra la impunidad de estos crímenes.