Impunidad del 99%: MP apenas obtiene una condena por cada 100 robos de celulares

Desde que María Consuelo Porras fue nombrada fiscal general en mayo de 2018, el Ministerio Público (MP) ha recibido más de 167 mil denuncias por robo de equipo terminal móvil —es decir, teléfonos celulares—. No obstante, solo en el 0.74 por ciento de los casos se ha alcanzado una sentencia condenatoria. La cifra pone en evidencia una de las tasas de impunidad más elevadas entre los delitos más denunciados en Guatemala.

Según información oficial proporcionada por el Departamento del Sistema Informático Fiscal y Técnico (SIFT) del MP, entre el 17 de mayo de 2018 y el 15 de febrero de 2025, —fecha en que asumió Porras a la fecha— se presentaron 167 mil 530 denuncias por este delito. De ese total, únicamente 1 mil 246 concluyeron con una condena. El resto de casos se encuentra en otras fases procesales, fue desestimado, archivado o resultó en sentencias absolutorias.

La baja efectividad para investigar y llevar ante los tribunales a los responsables contrasta con la magnitud del fenómeno. El robo de celulares es una de las principales formas de criminalidad urbana en el país y suele estar vinculado a estructuras de robo y reventa, así como a delitos posteriores como extorsiones y amenazas. Sin embargo, la capacidad institucional para responder ha sido limitada.

JUSTICIA QUE NO AVANZA

Además de las condenas, los datos muestran que 8 mil 096 denuncias (el 4.83 %) fueron desestimadas, es decir, cerradas por las fiscalías sin avanzar hacia una investigación judicial. En otros 119 casos, los procesos fueron sobreseídos por jueces que consideraron insuficiente la evidencia para continuar. Asimismo, 430 expedientes concluyeron con sentencias absolutorias, es decir un juez consideró que el acusado que el MP llevó a juicio no era culpable.

En total, los casos que han terminado con algún tipo de resolución judicial —ya sea condena o absolución— representan apenas el 0.99 % del total de denuncias presentadas. Esto significa que más del 99 % de las víctimas que reportan el robo de su teléfono no ven una resolución judicial que esclarezca los hechos o identifique al culpable.

En el caso de Vinicio Negreros, víctima de robo, interpuso dos denuncias por el hurto de su teléfono móvil entre octubre y junio de 2019. En ambas ocasiones, apenas 21 días después, recibió una llamada desde las oficinas del MP: sus denuncias habían sido desestimadas. La razón, según le informaron, era que él no había logrado identificar a los asaltantes. «Es ilógico», afirmó a este medio de comunicación.

Una experiencia similar vivió Andruw Umaña en 2020. Tras interponer una denuncia, fue citado por una fiscal del MP, quien le explicó que no existían grabaciones de cámaras de seguridad que permitieran ubicar a los agresores. La ausencia de pruebas visuales bastó para cerrar el expediente.

En el caso de Irene García, el MP ni siquiera llegó a registrar la denuncia. «Solo me tomaron los datos, pero jamás la ingresaron al sistema», relató. El episodio ocurrió en 2023, cuando acudió a la sede del MP en San José Pinula tras haber sido víctima del robo de su teléfono. Allí, la fiscalía le indicó que únicamente podían ayudarla a buscar su documento de identificación, por si aparecía tirado en las cercanías del lugar del asalto.

En otro caso, una mujer —quien pidió resguardar su identidad por razones de seguridad— relató que interpuso una denuncia luego de que su expareja le robara el teléfono móvil. Según su testimonio, entregó al MP el nombre del responsable, su dirección y el lugar exacto donde se encontraba el dispositivo. A pesar de haber proporcionado toda la información, transcurrió un mes sin respuesta de la Fiscalía.

Durante ese tiempo, acudió en al menos tres ocasiones para conocer el avance del caso. La respuesta siempre fue la misma: el expediente estaba «en revisión». El documento, sin embargo, no había sido evaluado por la persona asignada y permanecía archivado entre otros tantos en una oficina. «Yo tuve que recuperar el teléfono por mi cuenta. Me arriesgué personalmente para que me lo devolvieran. Luego volví al MP a retirar la denuncia, porque nunca hicieron nada», lamentó.

¿FUERTE Y FIRME?

El MP ha sostenido en comunicados públicos que el 97 % de los casos que ingresan durante la gestión de Porras han sido «resueltos», aunque la institución no distingue entre los distintos tipos de resolución ni precisa cuántos expedientes derivan en una sentencia firme. La falta de claridad en la categorización de los casos ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones civiles que monitorean el acceso a la justicia.

Esta es la segunda entrega de una serie de publicaciones de La Hora sobre la impunidad en los delitos más comunes en Guatemala durante la administración de Porras. 

En la primera publicación titulada «Los que denuncian extorsiones tienen poco Consuelo: 94% de las denuncias quedan en nada», la Fiscalía contra el Delito de Extorsiones accedió a una entrevista. Sin embargo, no respondió por los demás delitos de los cuales se pidió información. 

Los que denuncian extorsiones tienen poco Consuelo: 94% de las denuncias quedan en nada

En los otros dos delitos, al igual que en el robo de móviles, la Fiscalía de Porras muestra bajos índices de efectividad y una tendencia a la desestimación o al archivo temprano de los casos.

La administración de Porras al frente del MP ha estado marcada por más de 40 sanciones internacionales que la acusan de actuar de forma corrupta y antidemocrática, junto a funcionarios de su círculo más cercano. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido la han señalado directamente por socavar la democracia y por utilizar su cargo para perseguir a jueces, fiscales, periodistas y activistas que han denunciado casos de corrupción.