Desde que María Consuelo Porras asumió la jefatura del Ministerio Público (MP) en mayo de 2018, la institución ha obtenido apenas 6 sentencias condenatorias por cada 100 denuncias presentadas por la ciudadanía por el delito de extorsión. Pese a que el eslogan del ente investigador es «Fuerte y Firme», la gestión de Porras apenas ha alcanzado un 6.1 por ciento (%) de efectividad en conseguir a un culpable por las denuncias presentadas por el delito de extorsión —el tercero más denunciado en Guatemala— según datos de la misma institución.
La administración de Porras ha estado marcada por más de 40 sanciones internacionales que la acusan de actuar de forma corrupta y antidemocrática, junto a funcionarios de su círculo de confianza. Estados Unidos y el Reino Unido la han señalado directamente por socavar la democracia y utilizar su cargo para emprender una persecución política contra jueces, fiscales, periodistas y activistas que han denunciado casos de corrupción.
El MP presume en sus redes sociales una reducción de la mora fiscal, asegurando que el 97 % de los casos que han ingresado durante la gestión de Porras fueron «resueltos». La institución utiliza el término «resueltos» para referirse a expedientes que fueron atendidos, sin precisar cuántas denuncias fueron desestimadas ni cuántas concluyeron con una sentencia condenatoria que probara la culpabilidad de los acusados.
A través de una solicitud de Acceso a la Información Pública, La Hora obtuvo datos estadísticos a nivel nacional sobre el delito de extorsión, registrados por el MP. Las cifras utilizadas en este reportaje abarcan desde el 17 de mayo de 2018 —fecha en que el expresidente Jimmy Morales nombró a Porras como fiscal general— hasta el 15 de febrero de 2025.
MÁS DESESTIMACIONES QUE CONDENAS
Según datos del Departamento del Sistema Informático Fiscal y Técnico (SIFT) del MP, en los últimos siete años se han registrado un total de 110 mil 307 denuncias por el delito de extorsión. De estas, 13 mil 109 fueron desestimadas por las distintas fiscalías encargadas de cada caso.
El año con mayor número de denuncias fue 2024, con 24 mil 725 registros, seguido por 2023, con 18 mil 210, y 2019, con 15 mil 521.
De los casos que avanzaron hasta la individualización de uno o más presuntos responsables e iniciaron un proceso penal, 155 casos fueron cerrados por un juez ante la ausencia de indicios suficientes —que la Fiscalía debió probar— para enviarlos a juicio.
El MP reporta, además, 649 sentencias absolutorias y 6 mil 732 condenatorias, en las que la institución logró llevar los casos hasta la última etapa del proceso penal, obteniendo una sentencia condenatoria contra los acusados. Pese a ello, la impunidad en los casos de extorsión se mantiene elevada: el 93.9% de las denuncias ingresadas durante los siete años de Porras al frente de la institución no concluye con una condena.
«EXTORSIÓN DEBE MATERIALIZARSE»
Aunque gran parte de los casos están asignados a la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, otras fiscalías también tienen responsabilidad en estas cifras, que corresponden a nivel nacional. Así lo explicó Edgar Morales, fiscal de sección adjunto de dicha unidad, quien accedió a una entrevista con La Hora para abordar las razones detrás de los bajos indicadores que presenta el MP en la lucha contra este delito.
Según el fiscal Morales, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión ha tramitado un total de 67 mil 114 denuncias, de las cuales ha desestimado 1 mil 595. Esto significa que la mayoría de las desestimaciones por este delito provienen de las fiscalías distritales y municipales, que acumulan en conjunto 11 mil 514 casos archivados sin llegar a una primera declaración.
—¿Por qué se desestima un caso de extorsión?
«El delito de extorsión, como cualquier otro, necesita materializarse para que pueda avanzarse hacia una persecución penal. Este número atiende a que en esos casos no se materializó el delito o no se individualizaron a las personas», respondió el fiscal.
Morales explicó que, para que el MP pueda presentar una investigación que derive en un proceso penal ante un juzgado, debe cumplirse al menos una de las siguientes condiciones: que la víctima haya pagado parte del dinero exigido; que haya recibido la amenaza de forma verbal o escrita sin interrumpir la comunicación —por ejemplo, colgando la llamada—; o que el MP haya logrado individualizar al presunto extorsionista. De lo contrario, la denuncia es desestimada.
—Entonces, ¿la víctima debe haber entregado dinero para que el MP considere que hay un delito que perseguir, aunque ya lo sea desde el momento en que empieza a recibir las llamadas de amenaza?
«¿Usted no es abogado? —esbozó una sonrisa— El derecho penal es personalísimo. Para que se cumpla la comisión de un hecho delictivo existen verbos rectores y presupuestos legales que están regulados en la ley. No es que nosotros decidamos que no. Si no se cumple el verbo correcto no se puede, aunque yo haga una investigación y lo lleve ante un juez, el juez lo que va a hacer es darme una falta de mérito», remarcó.
DESESTIMACIONES SON POR JUEZ Y MP
«La decisión de la desestimación la toma un juez. Nosotros, como Ministerio Público, nos presentamos ante el juez, exponemos los medios de investigación con los que se cuenta en ese momento o los recabados durante el proceso, y es el juez quien decide si desestima el caso», explicó el fiscal, exculpando a la institución y trasladando la responsabilidad a los juzgadores del país.
—¿Todas las denuncias del delito de extorsión son desestimadas en un juzgado o algunas son en el MP? Pareciera que se están lavando las manos.
«Algunas son en sede fiscal», reconoció sobre que la decisión de archivar las denuncias es compartida por el MP con los jueces y subrayó: «No es lavarse las manos. Eso se lo aclaro. Lavarse las manos es no hacer nada. Aquí el 100% de las denuncias que se reciben, el 100% se les toma la atención debida y se hacen diligencias previas».
OTROS FACTORES QUE INCIDEN
El fiscal Morales señaló que tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como el Organismo Judicial (OJ) inciden directamente en los avances que puede presentar el MP. «Tenemos muchas órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas», afirmó, aludiendo a la responsabilidad de la PNC.
Añadió que los indicadores presentan una brecha entre los casos que ingresan y los que avanzan, debido a lo que calificó como «números muertos»: procesos estancados a la espera de la etapa intermedia o de juicio. «Dependemos del Organismo Judicial para poder avanzar en los casos», subrayó.
Morales también atribuyó parte del retraso a la pandemia de COVID-19. «Nos afectó considerablemente porque, como recordará, se paralizaron las labores tanto en el Ministerio Público como en el Organismo Judicial. Muchas audiencias se realizaron por videoconferencia, pero la falta de tecnología y las limitaciones del Sistema Penitenciario impidieron que estas se desarrollaran con normalidad. Esto generó un atraso significativo en la celebración de los juicios», explicó.
«Yo veo los números de forma positiva. De hecho, el aumento en las denuncias no lo interpreto únicamente como un indicio negativo, sino también como una señal de que más personas se atreven a denunciar. Eso es porque han visto los operativos que realizamos», afirmó el fiscal Morales.
—¿Cree que ese incremento de denuncias se debe a una mayor confianza en la institución o más bien a un aumento de la criminalidad?
«Es un poco de ambas. Hay personas que nos lo manifiestan en la calle, personas que nos ven en las entrevistas o demás. Muchas veces nos hablan, nos felicitan por el trabajo que se hace. Y créame que lo que hacemos no es por las estadísticas, sino por la gente. La verdadera satisfacción es ver que una persona que quitó la vida a un inocente o se apropió de fondos públicos reciba una sentencia condenatoria», sostuvo.
