Uno de los abogados del expresidente Jimmy Morales y que firmó un amparo en el que también aparecía el excandidato a diputado Jorge Baldizón Vargas, hijo de Manuel Baldizón, recibió más de medio millón de quetzales en los primeros 16 días de 2025, a través de dos contratos con el Estado.
Se trata del abogado y notario Eskevin Noé Castellanos Mérida, sobrino del exdiputado Rudio Lecsan Mérida, según una nota del medio radial Con Criterio. Castellanos ha acumulado más de 5 millones 382 mil quetzales a través de contratos con el Estado entre 2013 y 2025.
Castellanos ha sido vinculado al expresidente Alejandro Giammattei por un contrato que aparece en Guatecompras durante su primer año de gobierno. Sin embargo, el profesional ha negado a este diario cualquier vínculo con Giammattei y Baldizón Vargas, admitiendo únicamente una relación profesional durante la presidencia de Morales.
MEDIO MILLÓN EN ENERO
El abogado obtuvo su primer contrato el 15 de enero de 2025, por un monto de 214 mil 800 quetzales, para prestar servicios profesionales al Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. Los servicios están previstos para finalizar el 31 de diciembre de este año.
El segundo contrato fue firmado un día después, el 16 de enero, por un monto de 294 mil quetzales, otorgado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) para la prestación de servicios profesionales en asesoría jurídica. Este contrato, al igual que el anterior, finalizará el 31 de diciembre.
En total, los dos contratos otorgados este año ascienden a 508 mil 800 quetzales. Desde 2013, Castellanos Mérida ha acumulado 105 contratos con el Estado, siendo 2021 su año más lucrativo, con ingresos que alcanzaron los 693 mil 098 quetzales.
Los datos de los contratos con el Estado del abogado Castellanos Mérida fueron obtenidos desde Guatecompras, el portal de adquisiciones del Estado.
El jurista ha prestado sus servicios en diversas instituciones estatales, entre ellas la Empresa Guatemalteca de Comunicaciones (Guatel), el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Municipalidad de La Blanca en San Marcos y el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otras entidades.
«Me encargo de que las instituciones no incurran en ningún falta administrativa o cualquier acción de manera administrativa que pueda repercutir en el área penal», explicó el abogado sobre parte del trabajo que realiza.
ABOGADO DE MORALES
Castellanos mantuvo vínculos cercanos con el expresidente Jimmy Morales durante su gestión, ya que trabajó en la Secretaría Privada de la Presidencia como abogado. Además, fue el notario encargado de crear la entidad Tabacos de Zacapa S.A. el 11 de marzo de 2019.
Esta sociedad, según un reportaje de La Hora, tenía como accionistas fundadores al propio Jimmy Morales, su esposa Patricia Marroquín de Morales, su hermano Samuel Morales, sus hijos Samuel Alfredo y José Manuel Morales Marroquín, su primo Garbin Alfredo Cabrera Cruz y el exagente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Miguel Ángel Castañeda Navas.
El abogado Castellanos en entrevista a La Hora detalló que su llegada a la Secretaría Privada de la Presidencia como asesor se dio por medio de una amiga, quien ocupaba el cargo de secretaria privada del entonces presidente Jimmy Morales.
Según explicó, fue el propio mandatario quien lo contactó para llevar a cabo la constitución de la empresa Tabacos de Zacapa S.A. «Yo le cobré mis honorarios por ello; ese trabajo no formaba parte de mis servicios como asesor en la Secretaría», subrayó en reiteradas ocasiones
«Yo no soy socio de esa empresa. El fiscal Stuardo Campo inició una investigación a raíz de una publicación del diario La Hora, pero la denuncia fue desestimada. Presenté todas las pruebas necesarias», afirmó. «Con el expresidente (Morales) me reuní únicamente por el tema de la denuncia, pero no más», puntualizó Castellanos.
«NO TENGO RELACIÓN CON GIAMMATTEI»
En cuanto a su relación con el expresidente Giammattei, sancionado por EE. UU. por actos de corrupción, esta no resulta tan directa ni prolongada. Castellanos obtuvo un contrato en la Presidencia entre enero y marzo de 2020, durante los primeros meses del gobierno, según Guatecompras.
«Cuando Jimmy Morales dejó el cargo el 15 de enero de 2020, a nosotros nos dejaron contrato hasta el 31 de marzo. Sin embargo, cuando Alejandro Giammattei asumió la presidencia, rescindieron mi contrato. No conozco a Alejandro Giammattei, nunca he tenido trato con él ni tengo conocimiento directo sobre él», afirmó de manera categórica. Además, rechazó que otro medio lo hubiera vinculado en una publicación con el exmandatario.
Castellanos regresó meses después al Ejecutivo, esta vez como asesor jurídico del entonces vicepresidente Guillermo Castillo. Su función fue brindar apoyo legal en medio de una solicitud de retiro de inmunidad en su contra, la cual señalaba que Castillo habría nombrado de forma irregular a un Secretario General en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
EL VÍNCULO CON BALDIZÓN JR
La relación de Castellanos Mérida con Jorge Baldizón Vargas, hijo del excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos y enfrenta actualmente dos casos de corrupción en Guatemala, radica en la representación legal que Castellanos brindó al presentar dos amparos en su nombre.
Castellanos presentó dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación de Baldizón Vargas. Ambos recursos intentaban frenar el proceso electoral de 2023, argumentando que existía un “riesgo y amenaza inminente de que se realice la adjudicación de cargos” sin que las Juntas Electorales Departamentales analizaran presuntos “vicios contenidos en las actas físicas y digitales”.
Castellanos relató que su contratación se dio a través de un fiscal de un partido político, cuyo nombre prefirió no revelar. Según explicó, sugirió que se unificara la personería en una sola persona, para evitar que las notificaciones del amparo se tuvieran que hacer a 15 personas, (las mismas que habían interpuesto el amparo junto a Baldizón Vargas).
Añadió que fue Baldizón Vargas quien, de manera voluntaria, se ofreció para asumir la unificación del acta. Sin embargo, dejó claro que su participación fue limitada. “En realidad, yo actué como representante de 12 o 15 personas. No tengo relación alguna con el señor Jorge Baldizón ni con Manuel Baldizón”, afirmó tajantemente.
Estos amparos formaron parte de los múltiples intentos por torpedear la toma de posesión del actual presidente, Bernardo Arévalo. La estrategia se alineó con la narrativa impulsada por el Ministerio Público (MP), liderado por María Consuelo Porras, que alegaba un supuesto fraude electoral. Sin embargo, estas afirmaciones fueron ampliamente rechazadas por la comunidad internacional, que respaldó la legitimidad del proceso electoral.
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