Un juez civil permite a la empresa Media Airport System, S. A., vinculada al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, seguir beneficiándose con la venta de publicidad interna en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Esto a pesar de que la empresa ya había perdido una demanda en un juicio contencioso-administrativo.
Fue en 2013 cuando la empresa firmó un contrato para arrendar 1 mil 774 mil metros cuadrados del AILA con el fin de colocar publicidad, pero desde 2014 no le ha pagado a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Q36.84 millones y a pesar de la deuda sigue colocando anuncios, por los cuales recibe dinero.
Ahora, la compañía amenaza a la institución cada vez que se intenta colocar anuncios ajenos a los que empresas han pagado para publicitar en el Aeropuerto y reclaman una exclusividad amparados con una resolución judicial que le mantiene derechos como arrendatario.
Publicidad en el aeropuerto: la deuda de Q36 millones y la sombra de Sinibaldi
SALA DIJO NO A EMPRESA
Media Airport System, S.A. firmó un contrato con la DGAC que le otorgaba derechos exclusivos para gestionar publicidad en diversas áreas del Aeropuerto por un periodo de 10 años. Esto significaba que solo las empresas que pagaran a la firma podían colocar anuncios en esas zonas.
Sin embargo, el contrato contenía una cláusula en el punto octavo que indicaba que el plazo de 10 años no empezaría a correr hasta que se concluyera el acondicionamiento de las áreas destinadas a la publicidad.
Esta disposición fue utilizada por la empresa, aparentemente en complicidad con las anteriores autoridades de la DGAC, para postergar año tras año el inicio formal del contrato.
📌Un juez mantiene el negocio oscuro de concesionario para vender publicidad en el Aeropuerto La Aurora.https://t.co/RlzMz38bFH
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 20, 2024
Desde 2014, Media Airport System comenzó a acumular una deuda considerable con la DGAC, alcanzando a la fecha un total de Q36.84 millones.
Para junio de 2016, la DGAC decidió terminar el contrato debido a que Media Airport System no había pagado la renta fija o variable durante más de dos meses, una causal de terminación que se contemplaba en el punto vigésimo séptimo del acuerdo.
Tras la rescisión, Media Airport System presentó una demanda contra el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en la vía contencioso-administrativa, pero perdió el caso cuando la Sala Quinta falló en su contra en septiembre de 2018. La apelación que la empresa interpuso también fue rechazada en abril de 2019.
JUEZ MANTIENE NEGOCIO OSCURO
Antes de que la apelación fuera resuelta, Media Airport System se cubrió las espaldas e inició un juicio sumario de amparo y posesión contra Francis Argueta, exdirector de la DGAC.
Fue así como el juez Noveno de Primera Instancia Civil, Federico Gerardo Maza González-Campo, falló a favor de la empresa el 29 de marzo de 2019, ordenando a la DGAC que se abstuviera de tomar cualquier acción que pudiera afectar los derechos de Media Airport System como arrendatario.
La resolución del juez Maza González-Campo también obligó al exdirector de la DGAC a permitir que la empresa continuara utilizando y aprovechando las áreas arrendadas, ya fuera de forma directa o a través de proveedores, para seguir obteniendo los beneficios comerciales de la publicidad en el aeropuerto.
El fallo, firmado por el juez civil, le ha servido por años a la empresa para ampararse y continuar con sus actividades lucrativas dentro del AILA, aunque sigue sin solventar la deuda que mantiene con la DGAC.
Cabe destacar que a DGAC, a cargo de Francis Argueta en aquel tiempo, no se opuso a la acción judicial, según abogados de la entidad estatal.
De esa cuenta, cada vez que alrededor de ocho trabajadores de dicha compañía detectan la existencia de publicidad que no fue instalada por su gestión rápidamente amenazan a las autoridades del AILA y les recuerda que hay una orden de juez que lo prohíbe.
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VÍNCULO CON SINIBALDI
De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, dicha compañía fue inscrita el 14 de julio de 2006, por el abogado Juan Arturo Jegerlehner Morales, quien fue abogado y concuño de Sinibaldi.
René Felipe Cardona Pérez y José Guillermo Yupe Rammírez, constituyeron la sociedad mercantil con un capital social de Q50 mil, cuyo objeto era la elaboración y comercialización de todo tipo de productos o servicios, así como la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, entre otros servicios.
Cabe señalar que Cardona Pérez, Yupe Ramírez y Micheo Fernández fueron ligados al caso de Construcción y Corrupción, por el delito de lavado de dinero y otros activos.
En los documentos del registro mercantil también figura Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, quien fue asistente del exministro Sinibaldi en el periodo de gobierno de Otto Pérez Molina y que fue colaboradora eficaz en dicho proceso y a la fecha enfrenta la justicia.
