Luego de que La Hora revelara que la investigación por el caso Plazas Fantasma en el Instituto de la Víctima, que involucraba a Alejandra Carrillo, fue desestimada por un Juzgado Penal a solicitud del Ministerio Público (MP), la Fiscalía contra la Corrupción giró un comunicado a su personal, en donde refiere nuevas disposiciones con el fin de resguardar la información y lo que se tramita en esa unidad.
La orden fue emitida por Raúl Figueroa, jefe de dicha Fiscalía y cercano a la fiscal general María Consuelo Porras, el pasado 21 de agosto, un día después de la publicación del reportaje Cierran caso contra Alejandra Carrillo por 109 plazas fantasma en Instituto de la Víctima.
CIV de Giammattei pagó Q2 mil 986 millones por proyectos de infraestructura que fueron suspendidos
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 26, 2024
NUEVAS DISPOSICIONES
Se trata de la circular 14-2024-FCC que tiene por asunto el resguardo de teléfonos celulares y relojes inteligentes, de los usuarios externos de dicha fiscalía.
«Atentamente me dirijo a ustedes, deseando que sus actividades se desarrollen con éxito, el objeto de la presente es informar que a partir de la presente fecha se ha designado un Armario Locker, para el resguardo de teléfonos celulares y relojes inteligentes, de los usuarios externos que visitan esta fiscalia (sic)», se lee en el documento que circuló Figueroa.
De esa cuenta, el jefe de sección subrayó «por lo que el personal de seguridad permitirá el ingreso de todo usuario externo a la Fiscalía Contra la Corrupción, dejando en resguardo los equipos indicados con anterioridad. Sin otro particular, me suscribo de ustedes».
La Hora tuvo conocimiento que esta nueva disposición surgió a raíz de la publicación sobre la desestimación del caso en el Instituto de la Víctima, que involucraba a varios exdiputados, el presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez, el expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez.
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CIERRE DEL CASO
Dicha investigación buscaba esclarecer un entramado de tráfico de influencias por contrataciones de personal bajo la fachada de lo que establece la ley, según la pesquisa, pero bajo los criterios de un apadrinamiento de funcionarios y exfuncionarios de los organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Un reportaje de La Hora de 2021, reveló que de 48 expedientes presentados para igual número de plazas, 13 personas fueron contratadas a pedido de distintos diputados del entonces partido oficial Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) —con el que llegó Giammattei a la presidencia—.
Además, una declaración que rindió la exasesora de Carrillo, Evelyn Vega, al MP señaló que en 2020 el Instituto de la Víctima lanzó una convocatoria para contratar a profesionales de distintas ramas. Según las pesquisas, el operador de VAMOS detrás de las contrataciones apuntaba a Martínez, sancionado por EE. UU. bajo la Ley Magnistky por incurrir en actos de corrupción.
Cierran caso contra Alejandra Carrillo por 109 plazas fantasma en Instituto de la Víctima
FIGUEROA HABRÍA MENTIDO EN JUICIO
El pasado 26 de abril, el Tribunal Décimo Penal absolvió al auxiliar fiscal anticorrupción, Eduardo Pantaleón, acusado por delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, por el supuesto mal manejo del expediente del caso Libramiento de Chimaltenango. Un caso señalado de persecución política a manos de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Durante el juicio, el MP presentó un memorial firmado por Raúl Figueroa en donde sus afirmaciones no coincidieron con todos los testimonios de personas que trabajaban o laboraron en la Fiscalía contra la Corrupción. De esa cuenta, Pantaleón pidió al juez que ordenara lo conducente contra el jefe de esa unidad ante la posibilidad de haber mentido para perjudicarlo.
En su resolución, el juzgador absolvió a Pantaleón, pero también ordenó al MP iniciar una investigación contra Figueroa, además, de las personas que resultaran responsables de la comisión de algún delito. Meses atrás este diario, dio a conocer que el MP no abrirá una investigación contra Figueroa hasta que lo dictaminado por el togado quede en firme ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
