MP se niega a dar información sobre sueldos y aumentos de personal: excusa posible «daño y perjuicio»

El Ministerio Público (MP), que encabeza María Consuelo Porras, se negó a entregar información solicitada por el diario La Hora sobre los sueldos y aumentos que han tenido autoridades del ente investigador y fiscales que laboran en el ente investigador bajo la excusa que al ser entregada podría causar un «serio daño y perjuicio».

Por medio de una solicitud de acceso a la información pública se solicitó a dicha institución que remitiera el monto del salario con el que asumió la fiscal general María Consuelo Porras en mayo de 2018, cuando el expresidente Jimmy Morales la eligió al cargo.

Asimismo, se pidió que detallaran los aumentos que ha recibido en los dos períodos que suma al frente de la institución, así como el renglón bajo el cual está contratada, sueldo base, bonos, dietas y cualquier otra compensación económica que recibe.

De lo antes descrito también se solicitó la información del secretario general del MP, Ángel Pineda; la fiscal regional Nororiente, Cinthia Monterroso; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la agente fiscal de FECI, Leonor Morales Lazo y el subjefe de la Fiscalía contra la Corrupción y esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres.

 

 

Este personal del MP cuenta con una sanción del Departamento de Estado de EE. UU. bajo la Lista Engel que prohíbe el ingreso al país norteamericano a «personajes corruptos y antidemocráticos». Asimismo, Porras, Pineda, Curruchiche y Morales cuenta con otros 41 vetos de distintos países del mundo tras su fallido intento por romper el orden constitucional para que el presidente Bernardo Arévalo no asumiera el poder.

La negativa de entregar la información fue resuelta sin argumentos sólidos que den cuenta de lo anterior y sin encuadrar en lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.

EXCUSA DEL MP

Fue el jefe de Información Pública del MP, Edgar Gilberto del Cid Sánchez, quien resolvió la negativa de la información solicitada por considerarse reservada apelando al artículo 10 y numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El artículo establece la información pública de oficio que deben publicar las instituciones del Estado como salarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier remuneración económica que perciban por cualquier otro concepto. Sin embargo, subraya que «quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado».

Esa frase fue la que Del Cid Sánchez tomó para negarse a entregar la información pública. Asimismo, fundamentó su resolución en el artículo 23 que establece cuál es información reservada.

El MP asegura que no puede entregar el monto salarial y aumentos porque podría «causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia».

«La información solicitada recae en información reservada de conformidad con la ley, en virtud que es información que al difundirse podría causar perjuicio o daño en la prevención de la seguridad de dicho personal», sostuvo la Unidad de Información Pública.

Además, la institución resaltó que «el personal del Ministerio Público es el recurso humano por medio del cual el Ministerio Público cumple con su función de coadyuvar a la administración de justicia, por lo que al poner en riesgo su seguridad se estaría causando un perjuicio o daño a las actividades de investigación y persecución de los delitos».

SIN JUSTIFICAR POSIBLE DAÑO O PERJUICIO

Tras la denegación a la información pública, La Hora preguntó a la Unidad de Información y Prensa del MP de qué forma se pone en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado al liberar esa información del ente investigador.

También se precisó en cuál sería la afectación o posibilidades de vulneración que ve el MP y comparó con otras instituciones del país que tienen a disposición de la ciudadanía los sueldos de sus trabajadores. Sin embargo, al cierre de la edición de esta nota no se obtuvo una respuesta. De recibirla se consignará en este espacio.

Al momento de realizar esta petición, este diario fundamentó la solicitud en el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública que encuadra la Clasificación de la información. De acuerdo con este, la clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado, la que debe ser publicada en el Diario Oficial.

«En caso de indicarse que determinada información sea de naturaleza reservada, sírvanse indicar el número y fecha de la resolución de la máxima autoridad de la institución u órgano administrativo a la cual me dirijo, que declaró como reservada la información correspondiente», precisó este medio, pero no se obtuvo respuesta de cuándo fue publicada como reservada.

El artículo 25 de dicha ley sostiene que «son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si estas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Será procedente el recurso de revisión».

SANCIONADOS

A 42 es el número que ascienden los países que prohíben el ingreso a la fiscal general y jefa del Ministerio Público y otros operadores de justicia que se han mostrado como sus aliados para «socavar la democracia» en Guatemala, según las sanciones de la comunidad internacional. El último país en adherirse fue Suiza.

Además de Porras, también fue sancionado su mano derecha y quien ha asumido el control mediático del ente investigador, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y la fiscal de esa unidad, Leonor Morales.

Se trata de una serie de medidas restrictivas por «socavar la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala», luego de la arremetida del ente investigador en contra de los resultados electorales de 2023, que dieron la victoria al presidente, Bernardo Arévalo. Todos fueron acusados de intentar dar un golpe de Estado que impidiera la investidura del ahora mandatario.

El pasado 2 de febrero, la Unión Europea (UE) anunció que los 27 países que la conforman impusieron medidas restrictivas que prohíben el ingreso a los territorios y congelan los activos de los operadores de justicia. Además, restringe a los ciudadanos y empresas de la UE a poner fondos a su disposición.

Cabe destacar que Porras, Pineda, Curruchiche, Monterroso y Morales ya habían sido incluidos en la lista de Actores Corruptos de Estados Unidos conocida como Lista Engel. Porras fue colocada en 2021 por Washington en dicha lista. Una de las acciones que motivó su sanción fue la destitución en ese año de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI, y considerado como un «campeón anticorrupción».

Además, en 2022, a pocas horas desde que el expresidente Alejandro Giammattei la reeligiera como fiscal general por otros cuatro años, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva designación en su contra debido a su “participación en importantes actos de corrupción”. Su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, también fue designado.