Una jueza federal en Florida ordenó este jueves 7 de agosto detener temporalmente la expansión del centro de detención denominado “Alligator Alcatraz”, ubicado en una remota zona de los Everglades, mientras se evalúa si el proyecto incumple leyes ambientales.
De acuerdo con ABC News, la jueza Kathleen Mary Williams emitió una orden de restricción temporal tras dos días de audiencias, en las que se discutió el impacto ecológico de la construcción. Durante los próximos 14 días, queda prohibido realizar trabajos de ampliación, como relleno de terrenos o pavimentación.
Por su parte, CNN indicó que, aunque se frenó la obra, las autoridades aún pueden continuar usando las instalaciones para detener migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
AMBIENTALISTA ADVIERTEN DAÑOS
La decisión judicial responde a una demanda interpuesta por organizaciones ambientalistas, quienes aseguran que el complejo fue construido sin estudios de impacto ambiental adecuados. Según ABC, los demandantes exigen bloquear el proyecto de forma definitiva.
Los grupos alegan que la obra infringe la Ley Nacional de Política Ambiental, que obliga a las agencias federales a evaluar los posibles daños ecológicos de grandes construcciones.
Durante las audiencias, los demandantes presentaron testigos para respaldar su reclamo. Los abogados de los gobiernos estatal y federal presentarán sus propios argumentos la próxima semana, detalló CNN.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió un comunicado donde se adelanta que apelarán la decisión de la jueza Williams. “La orden es equivocada y será impugnada. No significa el cierre del centro, que continuará enviando inmigrantes de regreso a sus países”, señala el documento, según ABC News.
Listado de migrantes encarcelados en Alligator Alcatraz; la mayoría son guatemaltecos
ALLIGATOR ALCATRAZ
El centro “Alligator Alcatraz” fue construido en una semana sobre una pista aérea abandonada dentro de los Everglades, una vasta área natural al oeste de Miami habitada por caimanes y pantanos. El gobernador Ron DeSantis ha calificado el lugar como modelo para futuras instalaciones, mientras que defensores de derechos humanos lo ven como símbolo de abusos.
El complejo también limita con tierras arrendadas a la tribu indígena Miccosukee, que incluyen viviendas, una escuela, zonas de caza y espacios sagrados, aseguró ABC.
Según la agencia EFE, DeSantis ha destacado que el centro funciona como un “hub” para deportaciones rápidas: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede expulsar directamente a migrantes desde la pista, o bien enviarlos a otros estados, como Luisiana, donde son reagrupados por país de origen antes de ser trasladados.
ACTIVISTAS NO SE RINDEN
El proyecto enfrenta dos demandas en curso: una promovida por organizaciones defensoras de derechos migratorios y otra impulsada por grupos ambientalistas, de acuerdo con EFE.
Ambas argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable del lugar, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes.
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