Este viernes 2 de mayo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró que avanza en una nueva “alianza” con el gobierno de El Salvador para la construcción de una cárcel con capacidad para 5 mil presos.
Durante una inspección al Centro Penitenciario La Reforma, Chaves anunció que trabaja en la búsqueda de financiamiento para edificar una prisión con el mismo diseño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, la cual requerirá una inversión estimada de 35 millones de dólares.
Junto con la promesa de una nueva cárcel, el mandatario costarricense también implementó una serie de restricciones en los centros preventivos, incluyendo limitaciones en las visitas y el ingreso de alimentos por parte de las familias de los presos.
Estas medidas, según el mandatario, responden a delitos que se cometían desde las propias cárceles, como el ingreso de drogas y la operación de centros de llamadas clandestinos.
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PREPARA «MODELO»
El pasado 9 de abril, Costa Rica anunció que trabajaba en la elaboración de un modelo penitenciario inspirado en el CECOT, con el apoyo técnico de El Salvador en temas de diseño, planos y procesos de construcción.
«Inicialmente, el costo estimado del nuevo centro penitenciario costarricense rondaba los 60 millones de dólares, pero gracias a esta cooperación, podría reducirse a unos 35 millones.”, afirmó en ese entonces el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
Como parte de las acciones, las autoridades de Costa Rica y El Salvador acordaron una relación de cooperación recíproca entre el personal de ambos ministerios, enfocada en temas como disciplina, seguridad, inserción social, oportunidades laborales dentro del sistema y la aplicación de modelos preventivos, indicó el Gobierno costarricense.
COMO EL CECOT
En el CECOT, centro penitenciario ubicado en El Salvador, están recluidos líderes de pandillas y, desde hace unas semanas, también migrantes acusados de pertenecer al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, en su mayoría venezolanos expulsados de Estados Unidos.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen la reducción de homicidios durante el gobierno de Nayib Bukele a su Plan Control Territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
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***Con información de AP e Infobae.
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