MADRID
Agencia DPA/Europa Press
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido denunciado ayer ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) y Naciones Unidas por delitos de lesa humanidad durante las protestas que desde hace dos semanas sacuden varias ciudades de Colombia por la gestión de su Gobierno.
La denuncia ha sido presentada por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien junto a organizaciones de Derechos Humanos, como Temblores, ha reclamado la presencia ante la Justicia internacional de otros cargos del Gobierno, como el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro; y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas.
«Esta denuncia documenta que entre el 28 de abril a la fecha, existen 1,595 hechos en los que hay graves violaciones a los Derechos Humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, tortura, violaciones sexuales y retenciones arbitrarias», ha subrayado.
Cepeda ha explicado que la decisión de acudir a instancias internacionales proviene después de que Colombia no hay mostrado voluntad de investigar estas acusaciones, como evidencia, ha dicho, que el Gobierno y el resto de autoridades no hayan condenado de forma enfática los crímenes y las violaciones de los Derechos Humanos, que implican, supuestamente, a miembros de la fuerza pública.
«Los casos documentados en esta comunicación no dan cuenta de hechos aislados, esporádicos o espontáneos; por el contrario, los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades», recalca Cepeda.
El texto señala que durante estas dos semanas de movilizaciones y protestas 40 personas han muerto debido a la violencia policial, la mayoría de ellos por el uso irregular de armas de fuego, sobre todo en las ciudades de Cali, Pereira e Ibagué.
En el escrito, que también ha sido enviado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se solicita a la fiscal general del TPI, Fatou Bom Bensouda, que acuda a Colombia para constatar los hechos que se denuncian.
«Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de estos crímenes», cierra el informe, del que se han hecho eco los medios colombianos.
ACUSAN A UN POLICÍA POR LA MUERTE DE UN JOVEN EN CALI
Por otro lado, la Fiscalía ha acusado a un agente de la Policía Nacional de estar involucrado en la muerte de un menor de edad el pasado 28 de abril en el marco de las manifestaciones vividas en Cali.
El uniformado, Luis Ángel Piedrahita Hernández, aparentemente «accionó su arma de detonación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie y debido a la gravedad de la herida el joven falleció», precisa la Fiscalía en un comunicado.
Tras una investigación en la que se han recogido pruebas del incidente –está grabado en vídeos que circulan por redes sociales–, el agente está acusado de homicidio agravado, y aunque la defensa del policía ha rechazado los cargos, la Fiscalía ha asegurado que no está amparado por la legítima defensa y que sus acciones no tienen justificación, recoge “El Tiempo”.
