SAN SALVADOR (AP) — En medio de una crisis política en El Salvador, el enviado especial del Departamento de Estado estadounidense se reunió el martes con la junta directiva de la Asamblea Legislativa, cuestionada por destituir a jueces de la Corte Suprema y al Fiscal General.
Diputados de la oposición confirmaron la reunión privada del enviado Ricardo Zúñiga con los legisladores que integran la junta directiva.
“Creo que es importante que (esta reunión) se dé en un contexto en el cual todavía se encuentra el país en una crisis institucional y cuando Estados Unidos, en particular, ha enviado mensajes -desde el más alto nivel- de preocupación y de rechazo”, dijo el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol.
Por su parte, la diputada del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, dijo que la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General han colocado a El Salvador “ante la mirada internacional y no por cosas buenas sino porque han encendido alarmas en cuanto a la preocupación de las acciones que hemos visto acentuadas en los últimos días”.
Belloso dijo que la visita de Zúñiga responde a esas preocupaciones que han expresado otros funcionarios del gobierno estadounidense y congresistas de ese país.
Por su parte, la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, confirmó que el enviado de Biden se reunirá con funcionarios del gobierno pero dijo que no cree que su visita sea por las destituciones aunque “ese será un tema que nosotros vamos a poder hablar con él y entregarle la posición oficial”.
Zúñiga, que permanecerá hasta el miércoles en el país, se reunirá con funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele así como con representantes del sector privado para conversar sobre temas de interés mutuo, incluido el fortalecimiento democrático, los derechos humanos y el combate a la corrupción.
“Nosotros no hemos tenido del gobierno de Estados Unidos una comunicación oficial, hasta el momento sólo se está hablando, incluso, de personas que ni siquiera forman parte del gobierno del presidente Biden”, sostuvo Recinos.
La funcionaria aseguró que en la medida que tengan una comunicación directa con Estados Unidos, el principal socio comercial y estratégico de El Salvador, “vamos a poder trasmitirle la tranquilidad que se vive en el país».
Los diputados opositores destacaron las recientes declaraciones de la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, quien en una entrevista en la televisión salvadoreña no descartó eventuales sanciones por parte de Estados Unidos.
El diputado Wright Sol remarcó que cualquier medida, como la suspensión del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o el bloqueo de las remesas “tendría un impacto muy significativo en nuestra economía y sería un daño importante para el gobierno” de Bukele.
El TPS ampara a unos 250.000 salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos y que luchan por conseguir una solución definitiva a su situación migratoria. En 2020, a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus, El Salvador recibió 5.918,6 millones de dólares en remesas -el equivalente al 17,1% del Producto Interno Bruto- que sostuvieron a más de 360.000 hogares salvadoreños.
