Por ALMUDENA CALATRAVA
BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino comenzó hoy a juzgar a dos monjas y a varias exempleadas laicas del Instituto Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza en el marco de una causa por abusos sexuales a menores sordos por la que dos sacerdotes católicos recibieron históricas condenas a prisión.
El tribunal de Mendoza, ciudad situada a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires, celebró la primera audiencia del juicio a la monja japonesa Kumiko Kosaka por seis presuntos hechos de abuso sexual agravado y corrupción de exalumnos menores de edad, y a la también religiosa Asunción Martínez -nacida en Paraguay y naturalizada argentina- acusada de no haber denunciado los supuestos vejámenes.
A causa de la pandemia del nuevo coronavirus sólo están presentes fiscales y abogados.
Además otras siete mujeres que cumplieron funciones directivas y administrativas en el Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo -hoy clausurado- tendrán que explicar su papel como presuntas entregadoras de los menores, así como facilitadoras y encubridoras de los hechos.
Las acusadas son Graciela Pascual -exrepresentante legal del centro-, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las exdirectoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán.
Con excepción de Kosaka, de 46 años y quien cumple prisión preventiva en su domicilio, las imputadas llegan en libertad al juicio, que se estima que se prolongará por cinco meses.
Este es el segundo proceso penal al que son sometidos exmiembros del colegio clausurado luego de que en 2016 fue sacudido por el escándalo generado por las denuncias de violaciones y otros abusos a niños -ahora mayores de edad- que salpicaron principalmente al octogenario cura italiano Nicola Corradi y al argentino Horacio Corbacho. En 2019 ambos fueron condenados a 42 y 45 años de prisión respectivamente, las penas más altas recibidas por sacerdotes católicos en Argentina.
La Corte Suprema de Mendoza ha ratificado las dos condenas.
El juicio que tiene lugar ahora busca arrojar luz a una supuesta red de complicidad y silencio en torno a las vejaciones ocurridas a más de una decena de menores entre 2005 y 2016.
Sergio Salinas, abogado de la organización humanitaria Xumek -querellante en la causa- dijo a The Associated Press que la primera audiencia judicial “fue fructífera porque se ha declarado abierto el debate” rodeado de “tantas expectativas, tantas personas y en el marco de una pandemia… eso da por delante mucho esfuerzo pero la tranquilidad de que se ha podido hacer”.
El letrado indicó que en esta etapa la querella y la fiscalía mendocina todavía no solicitarán las penas para los acusados. El tribunal escuchará los testimonios de las supuestas víctimas que fueron grabados bajo el sistema de Cámara Gesell en una habitación especial mientras eran observadas por psicólogos.
En tanto, Carlos Varela, uno de los defensores de las monjas imputadas, señaló en un comunicado que “sin dudas existe una sentencia condenatoria mediática y social adelantada en este proceso” rodeado de “falsedades, intereses cruzados, tergiversaciones y manipulaciones”.
“La acusación dice que Kosaka es perversa y así ha sido replicado una y otra vez en la prensa y redes. Nuestro desafío es buscar la verdad y su defensa ante la tentación judicial de hacer sólo una fotocopia del primer juicio llevado a cabo contra los sacerdotes condenados”, agregó.
En el caso de la religiosa, los agravantes en el hecho por el que está imputada son haber sido la encargada de la guarda del menor supuestamente víctima de los vejámenes sexuales.
Otros antiguos empleados laicos del instituto que han sido condenados con anterioridad son el exjardinero Armando Gómez, sentenciado a 18 años de cárcel, y el exmonaguillo Jorge Bordón, quien tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado recibió 10 años.
Las denuncias contra los integrantes del instituto generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que el cura italiano ya había sido señalado por delitos similares perpetrados en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que el papa Francisco había sido notificado por exalumnos sordos de ese lugar que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Los exalumnos del Próvolo han exigido varias veces que el papa despoje del estado sacerdotal a los abusadores en el marco del proceso canónico que se les inició.
