MADRID
Agencia DPA/Europa Press
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado hoy de los «abusos aberrantes» que las fuerzas de seguridad de Venezuela estarían cometiendo contra la población local durante los operativos contra los grupos armados irregulares procedentes de Colombia que operan en la frontera.
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Desde el pasado mes de marzo la situación en la frontera que comparten ambos países empeorado, con combates y escaramuzas casi diarias que han dejado cerca de una veintena de personas muertas, entre ellas la de ocho militares venezolanos.
Venezuela denuncia que las acciones de los grupos armados, identificados como disidencias de las FARC y organizaciones del narcotráfico, cuentan con la connivencia del Gobierno de Colombia.
De acuerdo con la información que maneja la ONG, uno de los operativos de las fuerzas de seguridad venezolanas en el estado de Apure el pasado 21 de marzo derivó en «la ejecución» de al menos cuatro campesinos, así como en detenciones arbitrarias, torturas y procedimientos judiciales contra civiles en tribunales militares por su supuesta colaboración con estos grupos.
«Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de (Nicolás) Maduro», ha valorado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en referencia al presidente de Venezuela.
«Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos», ha señalado.
APURE, ESCENARIO DE VIOLENCIA
El estado de Apure, en el suroeste de Venezuela, se ha convertido en el escenario de estos enfrentamientos, con al menos 5.800 personas desplazadas, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por la violencia que se ha desatado en la región en el último mes
HRW ha puesto de relieve que las instalaciones del pequeño municipio fronterizo de Arauquita, en el departamento colombiano de Arauca, se encuentran por encima de sus posibilidades, pues es el principal destino de la mayoría de los desplazados que proceden de Venezuela.
Después de ponerse en contacto con «múltiples» de afectados, la ONG apunta que huyen de los «frecuentes» ataques aéreos y los combates entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, así como por los «aberrantes abusos», denuncia, que estarían también cometiendo los militares venezolanos.
HRW ha señalado directamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), como principales responsables de estos supuestos abusos.
«Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas, (…) que no mostraron una orden de allanamiento. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon», acusa la ONG.
«Las fuerzas de seguridad ingresaron por la fuerza en varias viviendas y saquearon o destruyeron efectos personales. Algunas familias se encerraron dentro de sus viviendas durante varios días y luego huyeron a Colombia», aprovechando que disponen de doble nacionalidad, una particularidad que temían pudiera ser utilizada como «prueba de que tenían nexos con grupos armados».
LOS ASESINATOS DE EL RIPIAL
Uno de los episodios más controvertidos desde que comenzaron los combates es quizás el relacionado con cuatro muertes en el municipio de El Ripial, en Apure. De acuerdo con los testimonios recopilados por la ONG, las víctimas fueron halladas a un kilómetro y medio de su hogar «con cortes, heridas de bala y luxaciones óseas», mientras que los «peritos forenses» concluyeron que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos en las fotografías pudieron haber sido «sembradas».
El 26 de marzo, un día después de que se encontraran los cadáveres, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dio inicio a una investigación para poder encontrar a los responsables de estos crímenes, así como a otros responsables de vulneraciones de los Derechos Humanos en Apure durante el conflicto.
HRW ha lamentado que la Fiscalía General de Venezuela no haya respondido a los requerimientos de la ONG para conocer el avance de estas investigaciones. «El poder judicial venezolano normalmente no investiga las evidencias contundentes de violaciones generalizadas de Derechos Humanos. Ello ha permitido que la impunidad de estos delitos sea la regla, acusa la organización.
EL CONFLICTO
El departamento colombiano de Arauca y el vecino estado venezolano de Apure son escenario de las acciones de los grupos armados irregulares que se disputan las rutas del narcotráfico, sometiendo para ello a la población civil a través de amenazas, trabajos forzados, secuestros, extorsión, asesinatos y reclutando para sus filas a menores de edad.
En ocasiones, estos grupos armados han actuado como una suerte de tercer Estado ante la falta de presencia de las instituciones en estos lugares, muchos de ellos casi inaccesibles al encontrarse en remotas regionales rurales.
Entre los actores que controlan la vida de muchas de estas poblaciones están la guerrilla del ejército de Liberación Nacional (ELN), así como algunas de las disidencias de las ya desmovilizadas FARC y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) de Venezuela.
«Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos», dice la ONG.
En un intento por poner freno a esta situación, el Gobierno de Venezuela dio inicio a principios del mes de marzo a la Operación Escudo Bolivariano, con la que «combatir y expulsar amenazas internas y externas, y grupos armados colombianos».
Así, el 21 de marzo comenzaron los enfrentamientos entre las FANB y el ‘frente Décimo Martín Villa’. Un día después el Ministerio de Defensa de Venezuela informó de que el primer operativo había dejado tres personas fallecidas, entre ellas dos soldados y uno de los comandantes de esta disidencia conocido como ‘El Nando’.
Venezuela y Colombia se han responsabilizado de la presencia de estos grupos en la frontera. Por un lado, Caracas acusa al presidente, Iván Duque, y al uribismo de mantener vínculos con grupos paramilitares y de no luchar contra estas organizaciones en la frontera con el fin de desestabilizar el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien, según HRW siguiendo las tesis de Casa Nariño, acusan de tener «nexos estrechos» con algunas disidencias «para consolidar el control del tráfico de drogas».
