Por FERNANDO VERGARA, MARKO ÁLVAREZ y ASTRID SUÁREZ
MAGÜI PAYÁN, Colombia
Agencia AP
Desde el aire las minas de oro ilegales lucían como una herida en medio de la espesa selva al sur de Colombia.
A medida que los helicópteros de la fuerza pública se acercaban para aterrizar en la zona rural del municipio Magüi Payán, en el departamento de Nariño, los trabajadores de las minas emprendían la huida y sólo unos pocos permanecieron en el lugar y fueron dispersados con gases lacrimógenos.
Tras tomar el control del lugar, las autoridades prendieron fuego a la maquinaria pesada, utilizada para extraer el oro.
«Hoy no he comido por miedo… tengo que barequear (extraer oro) y yo soy de las que me meto al socavón, pero si no deja el Estado trabajar a los pequeños mineros no tengo cómo alimentar a mis hijos, porque el Estado no me da nada, a pesar de que soy desplazada y fui violada», gritó a las autoridades y ante las cámaras de The Associated Press el 20 de abril una mujer de aproximadamente 40 años, quien se encontraba en la mina ilegal y no quiso revelar su nombre.
Magüi Payán, ubicado en una subregión del Triángulo de Telembí, es una tierra rica en el suelo y el subsuelo, sin embargo, las necesidades básicas de su población están insatisfechas: no hay acueducto, el hospital está en construcción y la conexión a Internet es escasa.
«Tenemos un índice de pobreza extrema del 84,6%, estamos sobreviviendo por obra y gracia del espíritu santo», dijo a la AP el alcalde del municipio Alejandro Juvenal Quiñones.
La principal fuente de trabajo de sus pobladores son las minas, negocio en su mayoría controlado por los grupos ilegales. Por cada máquina excavadora los mineros pagan «un impuesto del 10% del producido» a los grupos armados, aseguró a la AP el teniente coronel Pedro Pablo Astaiza, jefe de la operación realizada el 20 de abril en Magüi Payán por la Unidad Nacional contra la Extracción Ilícita de Yacimiento Minero.
«Hemos inutilizado seis excavadoras por un valor aproximado de 1.200 millones de pesos (alrededor de 332 mil dólares), que producían seis kilos de oro al mes (por un valor aproximado de 300.000 dólares)… Los dejamos inutilizados unos seis meses, mientras ellos nuevamente compran los elementos y tratan de organizar la maquinaria», agregó Astaiza.
Según las autoridades, en la zona se disputan el control territorial la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el frente Oliver Sinesterra de las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La historia se repite constantemente en el país: entre el 2019 y el 2021 fueron intervenidas 9.235 minas ilegales, capturadas 3.300 personas y destruidas o inhabilitadas 450 dragas, máquinas utilizadas para extraer material donde se encuentra el oro cuyo valor unitario se estima en 275.000 dólares, según la Policía.
«No estamos hablando de economías primarias, de delincuentes comunes, estamos hablando de un verdadero crimen organizado», señaló a la AP el general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la dirección de carabineros y seguridad rural de la Policía. «Es importante dejar claro que las comunidades no son parte de las organizaciones ilegales, son instrumentalizadas (utilizadas)», agregó.
Pese al accionar de las autoridades, la explotación ilegal de yacimientos mineros -como se denomina el delito- ha crecido en los últimos años en Colombia de acuerdo al monitoreo sobre explotación de oro de aluvión que hacen el Ministerio de Minas colombiano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El último informe disponible muestra que el 66% de explotación de oro en el país durante el 2019 fue ilegal, lo que corresponde a 64.700 hectáreas. Esto representa un crecimiento respecto al 2018 cuando se detectaron 52.400 hectáreas, un 57% del total nacional, siendo los departamentos más afectados Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba y Nariño.
«La explotación ilícita de minerales utiliza el lavado de activos para dar apariencia de legalidad a un dinero que se obtiene transgrediendo las normas mineras», agrega el informe de 2019.
A inicios de abril la Fiscalía capturó por lavado de activos a 25 presuntos integrantes de organizaciones dedicadas a la comercialización del oro ilegal que se explotaba en Colombia y se enviaba hacia países como Estados Unidos, Emiratos Árabes y Turquía.
«Con este esquema ilícito presuntamente se lavaron 5,8 billones de pesos (1,5 millones de dólares)», informó la Fiscalía en un comunicado el 15 de abril.
Las explotaciones ilegales de oro dejan a su paso un grave daño ambiental. Magüi Payán sufre un deterioro de su capa vegetal y la contaminación de sus ríos.
«Para producir un solo gramo de oro se deben utilizar cinco gramos de mercurio, y un solo gramo de mercurio alcanza a contaminar 500.000 litros de agua», explicó el general Barrera Peña.
Además, al no cumplir con los requerimientos de ley, la minería ilícita no genera ganancias para el Estado al no poder recaudar impuestos pese a ser el dueño del subsuelo, explicó a la AP el profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Oswaldo Bustamante.
«El problema no es la minería, son las malas prácticas o la mala gobernanza del territorio que tiene esa riqueza», agregó.
