POR JOSHUA GOODMAN
MIAMI
Agencia AP
Una ex fiscal general de Venezuela que desafió al presidente Nicolás Maduro al aliarse con sus opositores, fue implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar sobornos por un millón de dólares, informaron ayer dos personas al tanto del caso.
La exfiscal, Luisa Ortega, no aparece mencionada por su nombre en el caso federal en Miami. Pero al declararse culpable el lunes de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares a un «fiscal de alto rango» en Venezuela a manera de «seguro» contra cualquier investigación de sus enormes contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA.
La funcionaria venezolana es Ortega, aseguraron dos personas con conocimiento del caso, que accedieron a dar detalles a cambio de mantener el anonimato ya que no debían hablar sobre una investigación en curso.
Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero el año pasado, cuando Fermín fue acusado, indicó que los señalamientos de soborno derivaban de la detención del hermano de Fermín y eran un intento del gobierno de Maduro para obtener una confesión forzada y manchar su reputación.
Ortega, quien era admiradora del difunto presidente Hugo Chávez, se distanció del gobierno socialista de Venezuela en 2017 debido a lo que describió como el descenso del país hacia una dictadura cuando Maduro desmanteló la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y creó una Asamblea Constitucional para gobernar sin obstáculos.
Debido a su postura, fue cesada como fiscal general y poco después escapó a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados aumentaron sus ataques a los actos de corrupción en su país y presentaron evidencia ante la Corte Penal Internacional de supuestos abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno de Maduro.
Aliados del líder opositor Juan Guaidó salieron en su defensa, señalándola como la fiscal general «legítima» de Venezuela y tratando de aprovechar su deserción para crear una coalición más grande en contra del mandatario venezolano.
Pero nunca pudo sacudirse por completo su reputación de persona leal al gobierno que fungió como la jefa de la justicia de la revolución bolivariana durante una década. Estados Unidos siempre mantuvo la distancia, negándose a concederle una solicitud para viajar a Washington, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press en 2017. No ayudó que en un discurso ante la Asamblea Nacional en 2015, Ortega criticase a los «poderosos» del norte por sus «designios coloniales» sobre la riqueza petrolera del país.
De acuerdo con un documento de tres páginas extremadamente censurado que acompaña a su acuerdo de culpabilidad, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus compañías obtuvieron varios contratos importantes de parte de tres empresas de participación conjunta de PDVSA y petroleras extranjeras — incluyendo la China National Petroleum Company, la rusa Rosneft y Total SA de Francia.
A principios de 2017, la oficina de Ortega llevaba una investigación sobre los contratos con los emprendimientos en la franja del Orinoco, ubicada sobre las mayores reservas de crudo del mundo, según el acuerdo de Fermín. Más o menos en esa época, fue contactado en Venezuela por un abogado próximo a un fiscal de alto rango con la promesa de que podría poner fin a cualquier pesquisa penal, dijo Fermín.
Describiéndose a sí mismo como una «póliza de seguro», el intermediario «dijo al acusado que tenía la capacidad para evitar cargos criminales», según el documento.
Según su relato, Fermín transfirió posteriormente alrededor de un millón de dólares desde cuentas en Estados Unidos para beneficiar al funcionario venezolano no identificado, incluyendo un pago por 100,000 dólares a un banco en Coral Gables, un suburbio de Miami.
El gobierno de Venezuela nunca presentó cargos contra las empresas de Fermín mientras Ortega fue fiscal general, aunque su sucesor, Tarek William Saab, elegido por Maduro, sí lo hizo poco después de asumir el cargo en 2017, cuando acusó a Fermín y a dos hermanos y detuvo a uno de ellos.
El asistente del fiscal Michael Berger acusó a Fermín hace 13 meses, pero el venezolano fue arrestado este mes. Tras declararse culpable esta semana, quedó en libertad con una fianza personal de 100,000 dólares, un indicio de que ha estado cooperando con los investigadores. Su sentencia está programada para septiembre.
